27 de septiembre de 2021.- De acuerdo con el Análisis Económico Ejecutivo del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, CEESP, la inseguridad pública está en una prolongada crisis, entre otras, y las acciones oficiales para enfrentarla no conforman una estrategia de medidas con resultados comprobables.
El discurso oficial señala avances mediante comparaciones sesgadas por la menor movilidad que implica la pandemia. Aun así, el total de delitos tuvo un aumento que incluyó a varios graves.
La encuesta de victimización (ENVIPE) con datos para 2020 arroja una reducción de la comisión de delitos respecto a 2019, pero un aumento en aquellos no denunciados.
La ENVIPE señala que la percepción de inseguridad disminuyó en 2021 -aunque es mayor al 75%- y que se mantiene la desconfianza en policías y ministerios públicos y fiscalías subnacionales.
El gobierno federal debería fortalecer la coordinación entre policías y fiscalías locales y nacionales.
Es urgente poner en marcha verdaderas estrategias para combatir las crisis por las que atraviesa el país.
La inseguridad, un problema lejos de resolver
Recientemente la secretaria Rosa Icela Rodríguez Velásquez, titular de Seguridad y Protección Ciudadana compareció ante la Cámara de Senadores como parte de la glosa del Tercer Informe Presidencial, que consideró como un ejercicio republicano de rendición de cuentas y transparencia.
La comparecencia se llevó a cabo en medio de la coincidencia de al menos 4 crisis que vive el país en la actualidad, que son reales y vigentes: seguridad pública, la actividad económica, la migración del Caribe y Centroamérica y la pandemia del SARS COV 2. Su duración a veces genera la sensación que han pasado, lo que ayuda al discurso oficial que asegura que están controladas.
Conservando ese discurso oficial optimista que resalta las acciones, reales o ficticias, que han llevado a cabo las autoridades para enfrentar con éxito sus obstáculos, la secretaria señaló que en lo que va del sexenio se puede decir que el Gobierno avanza en la construcción de un ambiente de paz, gracias al trabajo diario de los tres niveles de gobierno para lograr la paz, tranquilidad y orden público.
Para ello, sostuvo que la Estrategia Nacional de Seguridad cuenta con ocho ejes prioritarios: “La erradicación de la corrupción, garantizar la paz y seguridad, actuar con pleno respeto y promoción de los derechos humanos, promover la regeneración ética de la sociedad, avanzar en la reformulación del combate a las drogas, continuar con la construcción de la paz, recuperar y dignificar los centros penitenciarios, fortalecer la seguridad pública, la seguridad nacional y la paz”.
Sin duda, para la mayoría de los ciudadanos esos principios son deseables o al menos aceptables. Pero también son de muy alto nivel para constituir una verdadera estrategia con medidas específicas que pueda dar resultados comprobables en el corto o mediano plazo.
Con base en esta percepción resaltó algunos avances en materia de comisión de delitos. Comparando el periodo enero-agosto del presente año con el mismo lapso del 2018, último año del sexenio pasado, señaló que se logró reducir la incidencia en delitos como:
- Secuestro: bajó 46.6%.
- Robo de vehículo automotor: es menor en 40%.
- Robo de ganado: se redujo 37%.
- Robo en transporte público colectivo: disminuyó 37%.
- Robo a transportistas: 32% menos.
- Robo a casa-habitación: se redujo 28%.
- Robo a transeúnte: disminuyó 26%.
- Robo a negocio: tuvo una caída de 23.3% y,
- Robo de hidrocarburos: bajó 94% desde diciembre de 2018.
A primera vista estos datos respaldarían la idea de que el combate a la inseguridad ha sido exitoso. Sin embargo, el informe omitió delitos que, contrariamente a los anteriores, mostraron importantes incrementos en el mismo lapso. Incluso, el total de delitos aumentó en 1.3%. Entre las cifras que muestran un importante deterioro de la seguridad se aprecia que:
- El robo de maquinaria creció 157.1%,
- Robo a transeúnte en espacio abierto al público tuvo un alza de 89.5%
- El total de delitos contra la libertad y la seguridad sexual aumentó 62.3%
- Fraude y extorsión aumentaron 40.3% y 30.5%, respectivamente.
- Robo en transporte público individual aumentó de 22.3%
- El feminicidio creció 18.7%
- Robo de autopartes se elevó 12.1%
Dentro de estos delitos, posiblemente el de más impacto, independientemente de su porcentaje, es el mayor número de feminicidios, a pesar de que las autoridades insisten en que se tienen buenos resultados en este tema. Las cifras más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que tan solo en agosto del presente año se reportaron 104 feminicidios, que fue la cifra mensual históricamente más alta y 60.0% mayor a la del mismo mes del 2018.
Están además las cifras de homicidios dolosos que se mantuvieron prácticamente sin cambio en el lapso bajo análisis. Cabe además señalar que en los tres primeros años de esta administración estos delitos sumaron 88 mil, que se compara muy desfavorablemente con 34 mil y 44 en las primeras mitades de los dos gobiernos previos, respectivamente. De acuerdo con muchos analistas esta comparación por si sola habla de la deficiente gestión del gobierno en materia de seguridad pública.
Pero en todo caso las comparaciones entre los primeros 8 meses de 2021 con los mismos de 2018 tienen un sesgo evidente. Aunque en menor medida que en el año pasado, en este año la dinámica de los hogares y de los negocios continúa siendo afectada por eventos atípicos. Hay menos personas, actividad y movilidad en las calles. En esas circunstancias es lógico esperar que haya menos secuestros, menos robos de vehículos, a transeúntes y en transporte público -simplemente hay menos de ellos en las calles y espacios públicos-, así como menos robos a casas habitación -la gente está más tiempo en casa-.
Evidentemente esto ha facilitado el discurso oficial de éxito en esta materia. Pero, contrario a esa narrativa, también puede decirse que los delitos que aumentaron lo hicieron a pesar de la menor actividad y movilidad.
Si se consideran los delitos que no tuvieron restricciones por movilidad, se aprecia que los esfuerzos por contener la delincuencia no fueron tan efectivos como se presume. En este caso, se observa que del periodo enero-agosto del 2018 a similar lapso del presente año, el delito de fraude aumentó 40.3%, el de extorsión 30.5% y despojo 27.6%.
Relacionado con lo anterior, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI presenta resultados de cifras de delitos a víctimas hasta 2020 y datos de percepción de la población adulta hasta marzo-abril de 2021.
El efecto de menor movilidad se hace evidente en los resultados que presentó el INEGI en su ENVIPE, que señala que, en materia de victimización, en el año 2020 se cometieron 27.6 millones de delitos, cifra menor a los 30.3 millones de 2019. La disminución se asocia en mucho con la baja en el número de robos o asaltos en calle o transporte público, que pasaron de 8.2 millones en 2019 a 6.2 millones en 2020.
Asimismo, se estima que, en 2020, 21.2 millones de personas mayores de 18 años fueron víctimas del delito, mientras que para 2019 se reportaron 22.3 millones de víctimas.
Un punto de especial importancia y continuada preocupación es el bajo nivel de confianza en las autoridades que revela la ENVIPE con datos duros en cuanto a la denuncia de los delitos. La llamada “cifra negra”, que representa los delitos no denunciados o denunciados pero que no derivaron en una carpeta de investigación se elevó de 92.4% en 2019 a 93.3% en 2020.
Se reporta que de las razones para no denunciar delitos por parte de las víctimas el 60.7% son atribuibles a la autoridad. 33.9% de las víctimas considera una pérdida de tiempo hacer una denuncia, 14.2% tiene desconfianza en la autoridad, 8.5% considera que los trámites son largos y difíciles, 3.5% señala una actitud hostil de la misma y el 0.6% no denuncia por temor a ser extorsionado.
En materia de precepción, los resultados de la ENVIPE indican que en 2021 el 75.6% de la población mayor de 18 años se siente insegura en su localidad, tres puntos porcentuales menos que un año antes. La disminución es estadísticamente significativa, pero el nivel de percepción de inseguridad sigue siendo considerable e inaceptablemente elevado.
Es posible y hasta resultaría natural que la percepción de menor inseguridad de las personas, especialmente en las ciudades, se deba a que la movilidad continúa reducida ya por mucho tiempo. La población se mantiene más alejada de los centros de mayor peligro y con el tiempo podría generarse una sensación de mayor seguridad comparada con épocas de mayor movilidad o en las que el confinamiento, aunque más fuerte, era más reciente.
El confinamiento sanitario como tal terminó en 2020, pero una tercera ola de contagios y una estrategia de vacunación que, si bien muestra avances significativos para la población de mayor edad, tiene aún una cobertura reducida para el total, han ocasionado que la actividad productiva presencial no se recupere en su totalidad. Ello implica un confinamiento “voluntario”, que finalmente se ha extendido más de lo previsto, manteniendo los niveles de movilidad por debajo del periodo con el que se comparan los resultados que dio a conocer la secretaria de Seguridad.
Aunque a raíz de esto los resultados presentados por las autoridades parecen mostrar un mejor entorno en materia de seguridad, ello contrasta con la percepción sobre el desempeño de las autoridades, que siguen mostrando elevados porcentajes de desaprobación.
Los menores niveles de confianza se centran en las autoridades subnacionales: la población de 18 años y más considera a la policía de tránsito como la autoridad que menor confianza le inspira con un porcentaje de aprobación de 47.2%, seguida por la policía preventiva con un nivel de confianza de 55.1%. El ministerio público y las fiscalías estatales, que son los encargados y autorizados para ejercer la acción penal en representación de la sociedad y en nombre del Estado solo generan un 57.7% de confianza.
Por su parte, las autoridades que mayor confianza generan son la Marina con una aprobación de 90.2%, el Ejercito con 87.8% y la Guardia Nacional con 82.7%.
A pesar de la modesta mejora de la percepción de corrupción por parte de las autoridades que reporta la ENVIPE, la población adulta considera que 73.9% de la policía de tránsito y el 65.6% de la policía preventiva es corrupta. Esto es preocupante.
Pero quizá lo es más el que el 62.4% considere corruptos al ministerio público y las fiscalías estatales, cuando su deber es representar a la sociedad con la mayor ética. Esto contrasta con el discurso oficial que insiste en avances importantes en materia de corrupción.
La desconfianza de la población en las policías y ministerios públicos y fiscalías locales son puntos sobre los que el gobierno federal debería actuar asumiendo su responsabilidad de coordinación nacional a fin de progresar realmente en la seguridad pública del país.
Se requiere avanzar en la coordinación de las policías locales ya que el esfuerzo parece haberse detenido después de las discusiones sobre los llamados mandos únicos.
Por su parte, en la tarea de coordinación de ministerios públicos y fiscalías locales es necesario avanzar en la definición de un código penal sustantivo a fin de uniformar los principales delitos en toda la república.
A pesar del discurso de optimismo y éxito de las autoridades en materia del combate a la inseguridad, los datos no sustentan esta posición. La percepción de inseguridad continúa en niveles sumamente elevados como lo muestra también la última encuesta de expectativas sobre la economía del Banco de México, que señala que los problemas de inseguridad pública son considerados como el principal factor que puede obstaculizar el crecimiento económico.
La tarea de las autoridades en este tema es ardua y compleja. La consigna de abrazos y no balazos y los rubros mencionados por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana son generalidades que realmente no pueden reducir la delincuencia. En el mejor de los casos son solo son buenos deseos.
Es de la mayor importancia y urgencia poner en marcha verdaderas estrategias con acciones puntuales para combatir las crisis por las que atraviesa el país como la inseguridad pública, la falta de dinamismo de la actividad económica, la migración del Caribe y Centroamérica y la pandemia del SARS COV 2. Ello, antes de que se instalen en la cotidianeidad, que la población simplemente se acostumbre y el país y la economía se suman en la mediocridad.
México
Las presiones inflacionarias se mantuvieron en la primera mitad de septiembre, cuando los precios al consumidor reportaron un incremento de 0.42%, que fue su mayor alza para el mismo lapso en los últimos cinco años. Este incremento respondió principalmente, al alza de 0.31% en el índice de precios subyacente, que debido a su mayor participación relativa generó el 55% del total del incremento del indicador general de precios. A su interior, el mayor aumento se dio en los precios de mercancías no alimenticias, que se elevaron 0.45%. Por su parte, los precios del subíndice no subyacente aumentaron 0.76%, impulsados por un alza de 0.92% en los precios de productos agropecuarios y de 0.63% en los precios de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno. En su comparación anual los precios al consumidor aumentaron 5.87%, mientras que los del subíndice subyacente lo hicieron en 4.92% y los del no subyacente 8.86%.
Después de una paulatina mejora, los indicadores de consumo vuelven a mostrar indicios de debilidad. El reporte del INEGI señala que en agosto las ventas al menudeo reportaron una disminución mensual de 0.4%, con lo que ya acumula dos meses consecutivos con variaciones negativas. Este resultado responde a la caída de las ventas en siete de los nueve
segmentos que integran el indicador general, resaltando la disminución mensual de 10.4% en las ventas exclusivamente a través de Internet, y catálogos impresos, televisión y similares. Le siguió la baja de 2.1% en las ventas de enseres domésticos, computadoras, artículos para la decoración de interiores y artículos usados. En su comparación anual las ventas al menudeo aumentaron 10.0%.
Por su parte, el indicador del sector servicios, si se consideran las cifras a dos dígitos, en julio muestra una disminución mensual de 0.02%, la primera después de cinco meses consecutivos con variaciones porcentuales positivas. Este resultado se dio a pesar de que fueron cuatro de los nueve segmentos que integran el indicador general los que reportaron disminuciones mensuales. Sin embargo, la magnitud de la caída en dos de estos segmentos tuvo una incidencia importante. Los servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación cayeron 9.1%, mientras que los servicios profesionales, científicos y técnicos disminuyeron 5.8%.
Estados Unidos
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano informó que, con base en cifras ajustadas a tasa anual, en agosto se inició la construcción de 1.615 millones de viviendas, cifra que superó las 1.554 millones iniciadas un mes antes y los 1.560 millones que anticipaba el mercado. Asimismo, se otorgaron 1.728 millones de permisos para construcción, superando los 1.600 millones de permisos que anticipaba el mercado. Por región geográfica, el inicio de construcción de vivienda creció a una tasa mensual de 167.2% en el noreste, 11.4% en el medio oeste y 1.4% en el sur. Por el contrario, en el oeste disminuyó 21.1%. En el caso de los permisos de construcción se registraron aumentos de 18.5% en el noreste, de 6.7% en el sur, de 3.5% en el oeste y de 0.9% en el medio oeste.
La National Association of Realtors informó que, con base en cifras ajustadas a tasa anual, en agosto se vendieron 5.88 millones de viviendas usadas, cifra inferior a los 6 millones de viviendas vendidas un mes antes, pero ligeramente por arriba de la estimación del mercado que anticipaba la venta de 5.86 millones de viviendas. En términos relativos las ventas de vivienda disminuyeron 2.0% en comparación con el mes previo y 1.5% respecto al mismo mes del año pasado. Resalta que el precio promedio de la vivienda usada aumentó a una tasa anual de 14.9%, lo que representó el 114º mes consecutivo con incrementos anuales. En general la oferta de viviendas existentes es escasa y a precios menos accesible, lo que ha impulsado el aumento de precios más allá del ritmo de crecimiento de los ingresos.
Asimismo, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano reportó que, con base en cifras ajustadas, en agosto se vendieron 740 mil viviendas nuevas, cifra que superó tanto las 729 mil vendidas un mes antes, como las 720 mil viviendas que pronosticaba el mercado. Por región geográfica, la venta de casas nuevas en el noreste aumentó a una tasa mensual de 26.1%, en el sur creció 6.0% y en el oeste 1.4%. Por el contrario, en el medio oeste la venta de vivienda nueva disminuyó 31.1%. En su comparación anual, las ventas de viviendas nuevas cayeron 24.3%.
Reportacero
