Fallo de Suprema Corte sobre “Permanecer en México” concede voz a ciudadanía de EUA
14 de julio de 2022.- Kevin Johnson, profesor de Derecho de Interés Público y Chicano y decano de la Universidad de California en Davis consideró que el fallo “Permanecer en México” de la Corte Suprema de EUA brinda a los votantes voz sobre la inmigración.
En la última decisión de su último mandato, la Corte Suprema emitió un fallo importante que no solo elimina una barrera para poner fin a una política emblemática de la administración Trump, sino que también señala que el futuro de la política de inmigración está en manos del electorado.
En Biden v. Texas , la Corte Suprema rechazó un esfuerzo para evitar que el actual presidente revirtiera una política de la era Trump que exige que los solicitantes de asilo que lleguen a la frontera terrestre sur de EUA sean devueltos a México mientras se procesan sus solicitudes.
La decisión 5-4 significa que el caso será devuelto a los tribunales inferiores. Pero también deja en claro que quienquiera que tenga el control de la Casa Blanca tiene el poder de cambiar las direcciones en la política de inmigración, incluso cambios drásticos de política. De ello se deduce que los presidentes también pueden hacer lo mismo en otras áreas legales sustantivas, como los derechos civiles y la protección del medio ambiente.
El problema en Biden v. Texas era si la administración de Biden podría desmantelar una política de la administración Trump conocida formalmente como Protocolos de Protección de Migrantes, pero ampliamente conocida como la política de “Permanecer en México”.
Como parte de una serie de medidas de aplicación de la ley de inmigración, la administración Trump anunció la política a fines de 2018 en respuesta a la cantidad de migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México.
Pero los Protocolos de Protección al Migrante fueron objeto de escrutinio en medio de preocupaciones sobre la seguridad y las condiciones a las que se sometía a los solicitantes de asilo en los campamentos bajo la supervisión de las autoridades mexicanas.
Human Rights Watch encontró que la política enviaba a “los solicitantes de asilo a enfrentar riesgos de secuestro, extorsión, violación y otros abusos en México” al mismo tiempo que violaba “su derecho a buscar asilo en los Estados Unidos”.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos prohibió un intento de la administración Biden de eliminar los protocolos. Los jueces de circuito determinaron que la administración de Biden había violado la ley de inmigración que exige la detención de los solicitantes de asilo.
El Tribunal Supremo rechazó esta sentencia. En una opinión mayoritaria escrita por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, junto con los jueces Stephen Breyer, Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Brett Kavanaugh, el tribunal sostuvo que la decisión de la administración Biden de rescindir los Protocolos de Protección de Migrantes no violó la ley federal de inmigración.
El estado de Texas había argumentado que poner fin a la política de “Permanecer en México” violaba una disposición de que todos los solicitantes de asilo que ingresan al país deben ser devueltos o detenidos.
En su disidencia, el juez Samuel Alito argumentó que el estatuto exige la detención obligatoria de los migrantes en la frontera. La disidencia de la jueza Amy Coney Barrett expresó la opinión de que la Corte Suprema carecía de jurisdicción y que el caso debería devolverse a los tribunales inferiores.
La decisión de la Corte Suprema significa que el caso se enviará de nuevo a la corte inferior para que decida, pero con la eliminación de un obstáculo legal importante que impide que Biden ponga fin a la política de “Permanecer en México”. La Corte Suprema sostuvo que la ley de inmigración no exige la detención obligatoria de todos los solicitantes de asilo mientras se deciden sus solicitudes.
Pero además, la corte dejó en claro que el presidente tiene la discreción de cambiar la dirección de la política de inmigración y continuar, o finalizar, las políticas del presidente anterior.
Eso podría parecer evidente. Pero se produce después de otra decisión de 5 a 4 escrita por el Presidente del Tribunal Supremo Roberts: el Departamento de Seguridad Nacional de 2020 contra los Regentes de la Universidad de California, que sostuvo que un presidente no podía actuar de manera irracional al cambiar la política de inmigración.
En esa decisión, la Corte Suprema encontró que la administración Trump había actuado de manera arbitraria y caprichosa al rescindir la política de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) de la administración Obama . Esa política proporcionó un estatus legal limitado y autorización de trabajo a los inmigrantes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños, los llamados Dreamers.
En opinión del tribunal, la administración Trump no consideró adecuadamente los intereses de los niños migrantes al decidir rescindir la política y dio razones contradictorias sobre la base de la rescisión.
Ese fallo proporcionó combustible para que los estados desafiaran a la administración Biden cuando intentó revertir algunas políticas de la era Trump. Por ejemplo, Arizona, junto con otros estados, desafió el intento de Biden de abandonar un cambio de regla propuesto por la administración anterior que haría más estrictos los requisitos para los no ciudadanos de ingresos bajos y moderados que buscan venir a EUA. Aunque la Corte Suprema inicialmente aceptó la revisión del caso, finalmente desestimó la apelación y se negó a decidir sobre el fondo .
Al final, la decisión de la Corte Suprema en Biden v. Texas defiende la simple proposición de que las elecciones presidenciales importan cuando se trata de políticas gubernamentales. Siempre que una administración actual siga las reglas, incluida la deliberación racional de las opciones de política que se le presentan, puede, según ha dicho la Corte Suprema, cambiar la política de inmigración.
Reportacero