Las negociaciones en gran medida infructuosas entre el Gobierno de Ecuador y los grupos indígenas están poniendo a prueba la capacidad del presidente Guillermo Lasso para evitar nuevas protestas y garantizar inversiones mineras fiscalmente cruciales, dijeron líderes indígenas y expertos de la industria.
Lasso, un exbanquero conservador, abrió un diálogo de 90 días para discutir la implementación de un acuerdo que puso fin en junio a más de dos semanas de protestas indígenas contra su agenda económica y ambiental.
Las manifestaciones dejaron al menos ocho muertos y afectaron severamente a la industria petrolera, con presiones que obligaron a recortes inmediatos en los precios de la gasolina y el diésel, subsidios a fertilizantes y otras medidas que, según el Gobierno, costarán unos 600 millones de dólares.
El mínimo avance en las negociaciones muestra la falta de voluntad del Gobierno para llegar a acuerdos, dijeron líderes indígenas, mientras que empresarios y analistas advierten que el proceso está aumentando la incertidumbre de los inversores.
Los controles de precios en más de 40 productos básicos y los cambios en las políticas mineras también están en las conversaciones, que se prevé duren hasta mediados de octubre.
«Puede ser como un juego del Gobierno y no nos queda otro camino que nuevamente la presencia en las calles», dijo a Reuters Blanca Chancoso, expresidenta de la organización indígena Ecuarunari. «Para nosotros el paro no se ha terminado. Esperamos que (las negociaciones) no sea solamente un desgaste».
El único acuerdo firmado hasta ahora es sobre la condonación de la deuda de los pequeños agricultores, y algunos líderes indígenas amenazan con abandonar las negociaciones si no se avanza más rápidamente.
«No hay un inversionista que no esté preocupado», dijo el exviceministro de Minas Fernando Benalcázar. «Nadie invierte un dólar sino sabe que va a pasar en los famosos 90 días de las mesas de diálogo, el impacto llegó y está ahí».
Las exportaciones de las dos minas de oro y cobre a gran escala de Ecuador están convirtiendo rápidamente al sector en clave para el fisco del país. Ecuador espera ventas de minerales de al menos 2.800 millones de dólares este año.
Pero los grupos indígenas exigen una moratoria a las actividades extractivas y que se declaren nulas las concesiones en zonas sensibles. Lasso acordó suspender la aprobación de nuevos proyectos en territorios indígenas considerados ancestrales, áreas protegidas ambientalmente y zonas arqueológicas.
«Nuestra posición es no a la minería, ese el punto de inicio y a partir de ahí se verá la propuesta del Gobierno», dijo Gilberto Talahua, presidente del movimiento indígena de Bolívar, donde se ubica el proyecto Curipamba, que se convertirá en la tercera mina del país.
