En los primeros nueve meses de 2022 se reportaron un total de mil 136 desapariciones de personas en Puebla, es decir, cuatro casos al día, de los cuales 50 por ciento se registraron en la ciudad capital poblana, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General del Estado (FGE). Mientras, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reportó 2 mil 345 personas desparecidas en Puebla.
Si bien en Puebla se cuenta con la Ley de Búsqueda de Personas del Estado desde hace un año, Tadeo Luna de la Mora, responsable de Seguridad y Justicia del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana campus Puebla, dijo que existen pocos avances; además, denunció que la Comisión de Búsqueda trabaja con opacidad y pocas ganas de compartir la información.
Cabe señalar que en septiembre de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la inconstitucionalidad contra un artículo que prohíbe que se asuma como titular de la Comisión de Búsqueda cualquier persona que haya sido inhabilitada para ejercer en el servicio público.
Señaló que la Ley de Búsqueda mandataba la regulación de una ley de declaración especial de ausencia por desaparición, pero a un año no se tiene: “La ley va a cumplir un año que está en vigor y desde el Instituto de Derechos Humanos, vemos pocos avances al respecto. Algunos de estos avances, digamos, la propia ley marcaba fechas de cumplimiento, pero esas fechas no se han cumplido”.
Otro punto que la Ley de Búsqueda plantea es regular las funciones que debe cumplir la Comisión de Búsqueda del Estado de Puebla, pero al solicitar datos en Acceso a la Información sobre cómo se trabaja “nos encontramos mucha opacidad y pocas ganas de compartir la información”, además de descontento hacia la comisión por el trato a las familias.
Luna de la Mora recordó que antes de la aprobación de la Ley de Desaparecidos, el instituto, el Colectivo La Voz de los Desaparecidos y la sociedad presentaron un borrador de ley, sin embargo, esta no fue tomada en cuenta y fue aprobada la del Ejecutivo estatal; pese a ello, “no se ha cumplido, así que falta mucho. Ha tenido avances, pero no los suficientes. Necesitamos una ley con más garantías garantista en el sentido de que defienda los derechos de las personas desaparecidas y de sus familiares que las buscan”.
