Por María Dolores Ortega
Quiero compartir su definición a todos aquellos que hacen burla de uno de los principios que hacen HUMANO a cualquier PERSONA, incluyendo a los Gobernantes.De acuerdo a la Academia Real Española, el principio de subsidiariedad es: Criterio que pretende reducir la acción del Estado a lo que la sociedad civil no puede alcanzar por sí misma.
Algunos critican la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador de querer elevar a medio salario mínimo la ayuda económica para los adultos mayores, es decir, de aumentarles de $580, que ahora les reparte el Gobierno federal, a unos $1,300 mensuales.
¿Es despilfarro o caridad, es populismo o justicia, es evadir la realidad o afrontarla,…?
De acuerdo a la última Encuesta Intercensal de INEGI en 2015, hay en el País 8,546,566 de personas mayores de 65 años de edad.
Por otro lado, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, actualmente hay en el País sólo 2,122,048 de personas pensionadas por retiro, cesantía y vejez.
Lo que significa que sólo alrededor de una cuarta parte de los adultos mayores en México reciben una pensión del IMSS como ingreso.
¿De qué viven el resto de nuestros adultos mayores?, quizá algunos los hayan visto de paqueteritos en las tiendas de autoservicio, otros pidiendo en las calles, otros de buenos vecinos que les comparten algo para comer, y en el mejor de los casos de sus hijos.
Es una realidad triste y preocupante que los adultos mayores de este País carezcan de una pensión, de un ingreso seguro que les permita cubrir sus necesidades básicas como es la alimentación.
Muy Estimados lectores ¿consideran que son suficientes $1,160 que de forma bimestral les entrega ahora la SEDESOL a los adultos mayores en nuestro País?.
A todas luces es necesario un mayor apoyo a los adultos mayores, por subsidiariedad.
Los adultos mayores es un segmento de población que necesita, por su condición, la ayuda del Estado.
El programa que muchos califican de populista, es producto de las malas condiciones económicas que han prevalecido en el País, incapaces de ofrecer a los habitantes un trabajo formal y bien remunerado que evitara la informalidad.
Y esto, debe ser motivo para echar andar una nueva política económica que incentive la formalidad laboral.
Es alarmante que el índice de informalidad laboral –que no cotizan actualmente para una pensión- en el País sea de 57% de la población ocupada.
Más de la mitad de las personas que trabajan en México, no cotizan a su seguridad social, lo que significa que no serán sujetos a una pensión.
Insisto, es angustiante visualizar que dentro de unos años el problema de adultos mayores sin una pensión se agudizará.
Por ahora, mostremos subsidiariedad a quienes nos necesitan.
Prefiero leer la noticia de que un mayor número de adultos mayores están recibiendo más apoyos, a leer que la Primera Dama de México tiene una casa de 7 millones de dólares –Casa Blanca-, producto de contubernios políticos y económicos.
La Lic. Ortega Paredes, es Economista de la UANL; trabajó para Grupo Reforma, y es analista de temas económicos, fiscales y laborales. @Doloresop
