En 2015, Pemex TRI fue denunciada ante la Comisión por la posible realización de prácticas monopólicas relativas, específicamente por discriminación de trato.
Por lo que la compañía solicitó en septiembre de 2016 el cierre anticipado del expediente DE-002-2015, respecto a una investigación por una posible práctica anticompetitiva.
A lo que la empresa se comprometió a restaurar la competencia en el mercado de comercialización y distribución de diésel marino especial y otros petrolíferos.
A cambio, Pemex TRI se comprometió a ejecutar acciones para proteger el proceso de competencia y libre concurrencia.
Uno de los compromisos establecidos en la resolución respectiva fue la presentación anual de un informe realizado por un auditor externo sobre los beneficios que la empresa otorga respecto de la venta de primera mano y comercialización de todos sus petrolíferos (gas LP, gasolinas, diésel, turbosina, intermediate fuel oil y combustóleo) y los elementos que toma en cuenta para otorgarlos.
El objetivo de este informe es verificar que la empresa da el mismo trato en la venta de primera mano a todos los competidores que participan en estos mercados.
La entrega del informe, en términos de la resolución de compromisos, tiene que darse durante los primeros tres meses de cada año por un periodo de cinco años calendario, a partir del primer trimestre de 2017.
No obstante, el primer informe se entregó de manera extemporánea, con prácticamente un año de retraso.
Al retardar la presentación de la auditoría citada, Pemex TRI desatendió un elemento necesario y fundamental para que la COFECE pudiera verificar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas.
La ley le otorga a Pemex TRI el derecho de acudir al Poder Judicial de la Federación para que sea revisada la legalidad de la actuación de la COFECE.
Staff ReportAcero
