Los cambios a las leyes del sector de energía le permitirán al gobierno federal intervenir y tomar el control de instalaciones del sector privado, además de que las empresas podrían perder su derecho al “secreto comercial, bancario, fiscal y fiduciario”.
Durante su ponencia Análisis de la contrarreforma: Oportunidades y riesgos, organizado por la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES), Gonzalo Monroy, director general de GMEC, aseguró que esto se va a convertir en un problema importante en el mediano y largo plazo, para toda la cadena de valor de los hidrocarburos, a lo cual se suma el posible control de precios de las gasolinas y diésel.
Dijo que estas medidas podrían generar una pérdida en la competitividad del mercado y la generación de incertidumbre.
Advirtió que los cambios abren la puerta a “la intervención como un mecanismo, con un lenguaje extremadamente vago que le permite al Estado tomar el control y operación de las instalaciones sin ninguna contraprestación, reconocimiento de costos, por un tiempo limitado”.
“Eso es bastante problemático para las diferentes partes de la cadena, para los comercializadores e incluso para los importadores, porque la intención que tiene esa reforma no solamente es limitar la participación privada, sino sacar a la inversión privada”, afirmó Monroy.
El experto insistió en que la facultad que se busca aprobar para que las instalaciones privadas sean intervenidas tiene como base el combate al robo de hidrocarburo y el huachicol.
