El presidente del organismo regulador del sistema financiero, Bernardo González Rosas, manifestó que estas disposiciones secundarias son las que corresponden a la CNBV, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al Banco de México (Banxico).
Con ello se cumple el mandato del Legislativo para que la regulación secundaria saliera seis meses después de la entrada en vigor de la Ley Fintech, expuso el funcionario durante la Convención Nacional de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (Asofom).
En entrevista, refirió que se han identificado a 73 entidades sujetas a esta regulación como las que tienen que solicitar autorización para operar, las cuales tienen un plazo para hacerlo, si bien pueden crearse más proyectos adicionales a estos ya existentes.
Expuso que si alguien quiere hacer fondeo colectivo, conocido como “crowdfunding”, necesita una licencia que le da la CNBV, lo mismo para aquellos fondos de pago electrónico o “e-money”, ante lo cual ya no pueden operar como sociedades anónimas (S.A.).
“Ya no puede haber una S.A. siendo crowdfunding, eso sería un delito y la Comisión tendría que presentar una querella ante la Procuraduría Fiscal de la Federación, y a su vez la PGR para cerrar esa plataforma, porque estarían cometiendo un delito”, añadió.
Sobre la importancia de la Ley Fintech, el presidente de la CNBV destacó que abre la posibilidad de que pequeñas y medianas empresas puedan obtener financiamiento del público a través de las plataformas de fondeo colectivo, a menores costos.
“Sí hay una democratización para que las entidades puedan recibir fondeo sin necesidad de acudir a una institución de crédito tradicional o a algún otro tipo de fondeador, bajaría costos, las tasas que hoy ofrecen son mucho más bajas que las que a veces se encuentran en otros intermediarios financieros”, subrayó.
Este menor costo, explicó, es porque estas entidades son páginas de Internet sin sucursales, no tienen infraestructura ni costos de un intermediario normal, pero tampoco tienen una cobertura de seguro de depósito.
Esto implica que la gente que invierte en instituciones Fintech no tiene garantizada su inversión, depende de que el proyecto sea exitoso para que le puedan devolver su dinero y pagar el interés que le ofrecen, por lo cual, el riesgo es más parecido al del mercado de valores.
Ante ello, las autoridades financieras están obligando a las plataformas a darle a conocer a la gente cuál es el riesgo de cada proyecto, el historial de crédito de la persona que solicita el crédito, el historial de la empresa que solicita fondeo a través de estas instituciones, y dándoles proyección como conciliación de conflictos o evitar cláusulas abusivas en los contratos.
“Si alguien invierte en una empresa (Fintech) y a la empresa no le va bien, la gente podría no recuperar su dinero, y eso es algo que estamos cuidando como autoridades que se le explique muy bien a quienes invierten en las empresas de fondeo colectivo que ese es el riesgo”, expresó.
En caso de fraude en esas plataformas, las autoridades perseguirían y emitirían opiniones de delito para meter a la cárcel a quien defrauda a la gente; “es importante decirlo, no son mecanismos de ahorro y sí hay un riesgo de invertir en ellas”, reiteró.
Sobre el sector de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos), integrado por 44 instituciones, González Rosas refirió que la CNBV ha emitido nuevas reglas para medir el índice de capital y liquidez, además está dando estricto seguimiento a cómo se están desarrollando, pues esta figura “se ha desvirtuado”.
En cuanto al caso de la sofipo Proyecto Coincidir, con más de 26 mil ahorradores, y que presenta niveles de capitalización por debajo de lo establecido, comentó que los administradores se mantienen en contacto con las autoridades financieras, pues tienen que presentar un plan de restauración de capital.
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