La política comercial de Estados Unidos dio un giro de alto impacto con la decisión de Washington de ampliar los aranceles del 50% a 407 nuevas categorías de productos manufacturados, medida que afecta directamente a México y a la integración productiva de Norteamérica.
Aunque casi el 72% del comercio mexicano seguiría beneficiándose de los acuerdos vigentes, la nueva ofensiva de la administración Trump no se limita a las materias primas, sino que apunta a los productos con valor agregado. Automotriz, maquinaria y electrodomésticos —sectores donde México ha consolidado ventajas competitivas— son ahora el objetivo central.
“Ya no se castiga el insumo, se castiga el producto terminado; se ataca directamente la rentabilidad de las operaciones que, por décadas, han sido el motor de nuestro crecimiento”, advirtió Enrique Perret, corresponsal en Washington.
El argumento oficial estadounidense es que los nuevos gravámenes buscan “cerrar vías de evasión de aranceles”. Sin embargo, especialistas subrayan que en el sector siderúrgico Estados Unidos mantiene un superávit con México, lo que debilita la justificación económica y evidencia una agenda proteccionista más amplia.
La medida, sostienen analistas, erosiona la lógica de complementariedad que dio origen al T-MEC y envía una señal inequívoca: Washington se reserva el derecho de intervenir en cualquier eslabón de la cadena productiva si así lo considera conveniente.
México, ante esta coyuntura, enfrenta un dilema estratégico. Si bien la vía diplomática se mantiene como primera opción, crece la presión para que el gobierno responda con aranceles espejo a productos estadounidenses estratégicos, con el fin de generar un costo que obligue a reconsiderar la postura de la Casa Blanca.
Lo que está en juego trasciende el acero. Se trata de la viabilidad del propio T-MEC como acuerdo de integración regional y de la definición de si Norteamérica seguirá siendo una región de producción compartida o un espacio donde prevalezca la ley del más fuerte.
