9 de febrero de 2026.- En 2025, los resultados fiscales confirmaron un desequilibrio estructural: mientras los ingresos han crecido a una tasa anual promedio de 1.6% desde 2018, el gasto lo ha hecho al 3.0%. Esta dinámica duplicó la brecha fiscal en el periodo, pasando de 650 mil millones de pesos a 1 billón 365 mil millones al cierre de este año.
- Los ingresos presupuestarios crecieron 5.8% real anual en 2025, impulsados principalmente por los ingresos no petroleros (+3.3%), que representaron 85.2% de los ingresos presupuestarios. La recaudación tributaria aumentó 4.1%, sostenida por el ISR (+3.7%) y el IVA (+2.6%), aunque con señales de desaceleración hacia el cierre del año. Por otro lado, los ingresos petroleros, considerando el apoyo a Pemex registraron un crecimiento significativo del 22.75%. Sin considerar el apoyo a Pemex, los ingresos petroleros registraron una disminución real de 2.7%.
- El gasto neto del sector público registró un crecimiento real anual de 0.9%. Este aumento estuvo explicado principalmente por el gasto no programable (+6.4%), en particular por el costo financiero de la deuda (+9.8%), su mayor crecimiento anual desde 2023, mientras que el gasto programable (-1.1%) y el gasto de capital (-8.3%) mostraron contracciones. A nivel funcional, destacó el gasto en desarrollo social, que creció 2.7% respecto al 2024 y se ubicó en 4.62 billones de pesos.
- La inversión física cayó 28.4% real anual, su mayor caída en registro desde 1990, reduciendo su participación en el gasto programable a 11.2% desde 15.4% en 2024.
Asimismo, el gasto en inversión física fue equivalente a 9.4% de los ingresos presupuestarios, su menor proporción registrada. La reducción de la inversión se concentró en infraestructura para el desarrollo económico: transporte (-45.2%), comunicaciones (-48.9%) y asuntos económicos, comerciales y laborales (-50.7%).
- El costo financiero de la deuda alcanzó 1.31 billones (+9.8%), lo que representa el 15.9% de los ingresos presupuestarios, nivel no observado desde el 2000, y el 24.5% de los ingresos tributarios, siendo la mayor proporción desde el 2006; esto debido a la acumulación de déficits en años recientes y a un entorno prolongado de tasas de interés elevadas que han desplazado recursos anteriormente destinados a inversión y gasto programable.
El apoyo a PEMEX incluye aportaciones patrimoniales, cobertura de vencimientos de deuda, reducción de impuestos y apoyo operativo y fue utilizado principalmente para aliviar la deuda y mejorar la situación financiera de la petrolera. En 2025 dicho apoyo fue de 239.8 mil millones de pesos.
- El déficit fiscal disminuyó en 1.5 puntos porcentuales del PIB respecto al 2024. Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se ubicaron en 4.8% del PIB, bajando desde 5.8% en 2024. A pesar de la disminución, los RFSP se mantienen elevados y se ubicaron casi 1 punto porcentual por encima del 3.9% del PIB programado originalmente para 2025.
Debido a que el RFSP se ubicó por encima de lo esperado, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) también, en 53.1% del PIB, en contraste con el 51.4% del PIB programado originalmente.
Este es el mayor nivel de endeudamiento neto a nivel histórico, de acuerdo con datos disponibles desde el 2000.
- Al cierre de 2025, los Fondos de Estabilización (que incluyen el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y el Fondo Mexicano del Petróleo) sumaron 162,536.7 millones de pesos, un aumento del 17.1% respecto a 2024.
Sin embargo, durante el sexenio de AMLO (2018-2024) sufrieron caídas históricas (la mayor en 2020 con -74.4%).
Aunque el saldo muestra una recuperación reciente, el deterioro acumulado redujo los colchones fiscales, elevando la vulnerabilidad de las finanzas públicas ante choques adversos, en un contexto de crecimiento moderado y presiones de gasto.
Respecto al 2018, estos fondos muestran una caída de 59.7% al cierre del 2025.
Ingresos
Los ingresos públicos representan el punto de partida de las finanzas públicas y corresponden a los recursos que el Estado obtiene para financiar su gasto. En México, los ingresos se clasifican principalmente en tributarios, no tributarios y financiamiento.
Los ingresos tributarios, principalmente el Impuesto sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), constituyen la base estructural de la recaudación y reflejan la evolución de la actividad económica.
Por su parte, los ingresos no tributarios incluyen derechos, productos y aprovechamientos, así como aportaciones de seguridad social, y pueden reflejar factores externos, como el comportamiento de los precios internacionales del petróleo. Finalmente, el financiamiento corresponde al endeudamiento público y permite cubrir desbalances entre ingresos y gastos.
En 2025, los ingresos presupuestarios totales registraron un crecimiento de 5.8% real anual, lo que representa un incremento de 735.8 mil millones de pesos respecto al mismo periodo de 2024.
Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por los ingresos no petroleros, en un contexto de recuperación moderada de la recaudación tributaria.
Ingresos No Petroleros
El crecimiento observado de los ingresos no petroleros en 2025 se explica en gran parte por el aumento en el Impuesto sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA), y el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), cuyos incrementos respecto a 2024 ascendieron a 206.3, 91.5 y 42.9 mil millones de pesos, respectivamente. En conjunto, estos tres impuestos explican el 72.2% de los ingresos no petroleros y 61.5% de los ingresos presupuestarios totales.
Sin embargo, el impulso no fue sostenido, ya que se observó una desaceleración a nivel mensual en diciembre.
Especialmente el ISR y IEPS registraron caídas de 11.9% y 7.5% respectivamente, en comparación con diciembre del año anterior.
En términos reales, los ingresos no petroleros crecieron 3.3% anual en 2025 (menor al 4.7% de 2024) y representaron el 85.2% de los ingresos presupuestarios. Los ingresos del Gobierno Federal (tributarios y no tributarios) aumentaron 4.5% real anual.
Los ingresos tributarios totales crecieron 4.1% real anual en 2025. Sin embargo, este crecimiento se ha desacelerado durante tres años: 12.3% en 2023, 4.7% en 2024 y 4.1% en 2025.
Desglose de ingresos tributarios en 2025:
- El ISR creció 3.7% real anual (ubicándose en 2.89 billones de pesos), siendo el principal soporte de la recaudación federal y logrando una participación del 35.1% en los ingresos presupuestarios, y de 54.0% de los ingresos tributarios.
- El IVA creció 2.6% real anual (ubicándose en 1.45 billones de pesos, 91.5 mil millones de pesos más que en 2024).
- Los impuestos a las importaciones crecieron 21.4% real anual (ubicándose en 173.6 mil millones de pesos).
- El IEPS total creció 2.9% real anual (ubicándose en 671.3 mil millones de pesos).
El IEPS a gasolinas representa el 8.3% de los ingresos tributarios, recaudando 444.4 mil millones de pesos en 2025, mostrando un crecimiento real del 6.1%.
Este crecimiento se debe a que a partir de abril se suspendió el subsidio por parte del Gobierno Federal para el diésel y Magna, mientras que el subsidio para la gasolina Premium se retiró desde finales de 2023.
Para evitar cambios drásticos en el precio final de la gasolina, influenciado por el precio internacional del petróleo, el gobierno aplica estímulos fiscales al IEPS.
Sin embargo, de abril al cierre del año, el subsidio fue del 0%, resultando en que los consumidores pagaron la totalidad del IEPS a gasolina, incrementando el ingreso en este rubro.
Los ingresos no tributarios del Gobierno Federal, los cuales incluyen derechos, productos y aprovechamientos, crecieron 10.7% real anual en 2025 y se ubicaron 55.5 mil millones de pesos por encima del nivel observado en 2024.
Los ingresos no tributarios representaron el 6.1% de los ingresos totales presupuestarios. El crecimiento de los ingresos no tributarios estuvo impulsado principalmente por el aumento en los derechos (7.3%) y en los aprovechamientos (13.1%), mientras que los productos mostraron una contracción real anual de -0.1%
Ingresos Petroleros
Los ingresos petroleros se situaron en 79.9 millones de pesos por encima de lo programado.
En el acumulado de 2025, los ingresos petroleros alcanzaron 1.22 billones de pesos, mostrando un crecimiento real anual del 22.8% respecto a los 958.9 mil millones observados en 2024. Sin embargo, este crecimiento se explica por los apoyos del Gobierno Federal a Pemex.
Si se excluye este apoyo, los ingresos petroleros habrían caído 2.7%
Este desempeño adquiere mayor relevancia considerando que el 14.9% de los ingresos presupuestarios del sector público dependen de los ingresos petroleros, 2.05 puntos porcentuales más que en 2024.
Sin embargo, históricamente esta participación ha ido en declive desde 2008, únicamente con un par de alzas significativas en 2012 y 2022.
La caída histórica en la participación de los ingresos petroleros se explica principalmente por la menor producción petrolera.
La producción de hidrocarburos líquidos, incluyendo la de socios privados, promedió 1.63 millones de barriles diarios en 2025, según datos de Pemex.
Esta cifra representa una disminución anual del 7.0% en comparación con 2024, la caída más significativa desde 2019 (-7.2%).
En términos absolutos, esto equivale a una reducción de 123.6 millones de barriles respecto al año anterior.
Esta dinámica se reflejó en las exportaciones de petróleo crudo, cuyo valor en el comercio exterior durante 2025 fue de 12.95 miles de millones de dólares. Esto representó una caída del 37.8% respecto a 2024, siendo el valor más bajo registrado desde 2015 (cuando la caída fue de 48.2%).
Además, marca el tercer año consecutivo de decrecimiento, con una tendencia cada vez más acentuada. La disminución fue del 13.8% en 2022, 22.2% en 2023 y 19.6% en 2024
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En este contexto, los resultados financieros de Pemex al tercer trimestre de 2025 confirman las presiones estructurales del sector petrolero.
Durante el tercer trimestre del año, la empresa reportó una pérdida neta de 61.2 mil millones de pesos.
Adicionalmente, el precio promedio de la Mezcla Mexicana de Exportación se ubicó en 62.15 dólares por barril durante el tercer trimestre, 10.5% por debajo del nivel registrado un año antes, lo que, junto con menores volúmenes, contribuyó a que los ingresos por ventas y servicios de Pemex se redujeron a 378.9 mil millones de pesos, una disminución anual de 11.1%.
El deterioro de los ingresos petroleros, excluyendo el apoyo a Pemex, indica que el problema estructural de la petrolera no ha desaparecido y es probable que el deterioro de este rubro de ingresos siga afectando los ingresos totales en 2026.
Gasto
El gasto comprende el total de erogaciones realizadas por el Gobierno Federal y por los organismos y empresas bajo control presupuestal directo (excluyendo amortizaciones de deuda), y se puede analizar bajo cuatro enfoques: administrativo, funcional, presupuestario y económico.
El presente apartado describe estos enfoques con énfasis en las clasificaciones presupuestaria y funcional, las cuales permiten identificar la flexibilidad y el objetivo de la política pública:
- Clasificación Presupuestaria: Divide el gasto en Programable (gasto primario), que corresponde a las erogaciones autorizadas anualmente en el PEF para la operación del Estado y no asociadas a obligaciones financieras previas; y No Programable, vinculado al cumplimiento de compromisos financieros y transferencias obligatorias.
- Clasificación Funcional: Organiza el gasto de acuerdo con los objetivos estratégicos que persigue, tales como educación, salud, seguridad, desarrollo social y desarrollo económico.
En 2025 el gasto neto total del sector público presupuestario ascendió a 9.59 billones de pesos, con un crecimiento de 0.9% real anual respecto a 2024. En pesos, este crecimiento fue equivalente a 430.1 mil millones de pesos.
En términos porcentuales el gasto total estuvo impulsado principalmente por el gasto no programable, que registró un crecimiento de 6.4% respecto al 2024, impulsado a su vez por el costo financiero de la deuda, que registró un crecimiento de 9.8%.
Por su parte, el gasto programable se contrajo 1.1%.
El gasto programable se divide en gasto corriente, que creció 0.6%, mientras que el gasto en capital se contrajo 8.3%, al caer la inversión física en 28.4% respecto al 2024, la caída más pronunciada en registro (desde 1990).
Como resultado, su participación se redujo a 9.4% del ingreso total y 8.0% del gasto total, ambos mínimos históricos.
Esta disminución se explica principalmente por la contracción de la inversión asociada al desarrollo económico, que se redujo 37.8% real anual en 2025, igualmente la mayor caída históricamente.
En este rubro se observa una menor inversión en combustibles y energía (-32.2%), transporte (-44.6%) y comunicaciones (-62.3%).
Lo anterior muestra que los esfuerzos de consolidación fiscal se concentraron en reducir la inversión, funcionando como la principal variable de contención del gasto ante presiones en rubros más rígidos, como el costo financiero de la deuda.
La caída del gasto en capital contrasta con el gasto en subsidios y transferencias, el cual aunque tuvo una disminución de 1.2% en 2025, se ubicó en 1.38 billones de pesos, representando 14.4% del gasto total y 25.8 % de los ingresos tributarios.
Esto muestra cómo el Gobierno Federal ha dado mayor prioridad a las asistencias financieras que a los gastos en inversión que podrían tener un efecto multiplicador sobre la economía.
Al excluir la inversión de Pemex, la inversión física registró una disminución real anual de 25.7%, lo que refleja una reducción generalizada en la inversión del Gobierno Federal, cuya caída fue de 52.7% real anual.
Este ajuste se concentró en la infraestructura institucional y operativa, particularmente en Seguridad Nacional (-68.2%), Coordinación de la Política de Gobierno (-41.0%) y Asuntos Financieros y Hacendarios (-93.6%)
El gasto en subsidios y transferencias incluye, entre otros, programas de bienestar y desarrollo social, apoyos a la educación y la salud, transferencias a entidades federativas y municipios, así como subsidios económicos orientados a reducir precios o costos en sectores específicos.
Estos recursos se ejercen principalmente a través del gasto programable y están vinculados al cumplimiento de objetivos de política pública.
Cuando se trata de transferencias obligatorias (pensiones contributivas, participaciones a entidades federativas, adeudos de ejercicios fiscales anteriores), se clasifica como gasto no programable.
En 2025, el gasto programable del sector público presupuestario ascendió a 6.91 billones de pesos, registrando una caída real anual de 1.1% respecto a 2024. Esta contracción se explica por un ajuste concentrado en funciones específicas, reflejando una reorientación funcional hacia un mayor peso relativo de las funciones sociales, en línea con la tendencia observada desde 2019.
Bajo esta lógica, el gasto en la función Gobierno se ubicó en 514.4 mil millones de pesos, con una caída real anual de 12.0%, su mayor caída desde 2023. Al interior de esta función, las mayores reducciones se observaron en el gasto en Seguridad Nacional (-23.5%), Coordinación de la Política de Gobierno (-17.8%) y Asuntos Financieros y Hacendarios (- 12.0%), reflejando una contención del gasto operativo y administrativo frente a la variación positiva en Legislación (+0.5%) y la ligera contracción en Relaciones Exteriores (-0.9%).
En 2025, el gasto en la clasificación de gobierno explicó 7.45% del gasto programable, su menor proporción desde 2008.
De manera similar, el gasto destinado a la función Desarrollo Económico alcanzó 1.75 billones de pesos, con una caída real anual de 5.4%, explicando una parte de la reducción del gasto programable total. Este ajuste se concentró en rubros estrechamente vinculados a la inversión pública, registrando contracciones severas en Transporte (-45.2%),
Comunicaciones (-48.9%), Asuntos Económicos en General (-50.7%) y Otras Industrias (- 34.8%).
En contraste, sectores como Combustibles y Energía (+6.8%) y Ciencia y Tecnología (+1.7%) mostraron crecimientos reales moderados que resultaron insuficientes para compensar las caídas en otros rubros.
Frente a estas contracciones, el rubro de Desarrollo Social concentró el crecimientodel gasto. En 2025, el gasto en este rubro ascendió a 4.62 billones de pesos (+2.7% real), consolidándose como el principal componente del gasto programable con el 66.9% del total, su mayor proporción en registro.
Al interior de esta función, Salud (-1.6%) y Vivienda (-0.2%) mostraron ligeras contracciones reales, mientras que Educación (+1.5%) mantuvo un crecimiento moderado.
Al interior el rubro de Desarrollo Social, el crecimiento del gasto se concentró en Protección Social (+6.4%), rubro que ha mostrado un crecimiento sostenido pasando de 302.7 mil millones de pesos en 2007 a 2.22 billones de pesos en 2025, lo que implica que su tamaño se multiplicó por más de siete veces en el periodo.
Como resultado, el gasto en Protección Social como proporción de los ingresos presupuestarios aumentó de 12.2% en 2007 a 26.9% en 2025. Y con respecto a los ingresos tributarios, representaron el 41.43%, aumentando desde el 30.19% en 2007.
El crecimiento del gasto en Desarrollo Social no ha sido homogéneo. Mientras Protección
Social incrementó de manera continua su peso relativo, otros rubros como educación y salud redujeron su participación relativa: la educación representó el 22.9% del gasto en Desarrollo Social (bajando desde 34.0% en 2007), mientras que salud concentró el 20.44%, lo que representa una ligera disminución respecto al 20.64% observado en 2007.
Esta evolución sugiere una reorientación estructural del gasto en Desarrollo Social hacia esquemas de transferencias y apoyos directos, en detrimento relativo de componentes asociados a la provisión de servicios públicos, contribuyendo a una mayor rigidez del gasto y limitando su capacidad de ajuste ante cambios en el entorno fiscal, debido al elevado costo político de limitar el gasto en Protección Social.
Esta fragilidad se ve agravada por la situación de los Fondos de Estabilización, los cuales funcionan como un mecanismo contracíclico diseñado para amortiguar impactos económicos. La evolución histórica de estos fondos muestra un uso irregular.
Durante los años 2016 y 2018 se observa un incremento significativo en el saldo, alcanzando su punto máximo en 2018, con 388.8 mil millones de pesos. Sin embargo, a partir de 2019 comienza una disminución pronunciada, asociada a un mayor uso de estos recursos para compensar reducciones en los ingresos presupuestarios.
El periodo más crítico ocurre entre 2020 y 2021, cuando el saldo total cae a niveles mínimos de 63.38 y 54.63 mil millones de pesos, respectivamente, que se traducen a caídas del 74.4% y 18.4% respectivamente para cada año.
Esta reducción se explica principalmente por el agotamiento del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), que pasó de 279.8 mil millones en 2018 a menos de 10 mil millones en 2020, evidenciando el papel central de este instrumento como mecanismo de emergencia fiscal durante choques como la pandemia y la contracción económica.
A partir de 2022 se observa una recuperación gradual de los fondos alcanzando 162.5 mil millones de pesos en 2025 (un crecimiento del 17.1%). Sin embargo, el saldo todavía se encuentra 41% por debajo de lo observado en 2018.
En 2025 destaca que el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo (FMP) continúa disminuyendo, cerrando 2025 con una variación negativa de 12.0% en 22,686 millones de pesos, su menor nivel desde 2023.
Mantener bajo el nivel de los fondos de estabilización representa un riesgo en un contexto en que las principales agencias calificadoras coinciden en que la posición fiscal de México enfrenta restricciones estructurales crecientes.
Fitch Ratings y S&P Global han destacado la estabilidad macro como ancla de la calificación, pero señalan limitaciones derivadas de la rigidez del gasto y los pasivos de Pemex.
Por su parte, Moody’s ha enfatizado un debilitamiento gradual de la fortaleza fiscal, reflejado en una menor capacidad de absorción de choques.
En conjunto, las agencias subrayan que la capacidad del Estado para responder a choques económicos depende cada vez más de márgenes fiscales reducidos, lo que vuelve más preocupante el bajo nivel de los fondos de estabilización.
Gasto No Programable
Por su parte, el gasto no programable ascendió a 2.69 billones de pesos en el acumulado de 2025, con un crecimiento real anual de 6.4% respecto a 2024. Este aumento estuvo asociado principalmente al crecimiento de las participaciones a entidades federativas (3.8%) y, en mayor medida, al incremento del costo financiero de la deuda, que continúa siendo el principal factor de presión dentro de este rubro.
Al interior del gasto no programable, el costo financiero alcanzó 1.31 billones de pesos, con un crecimiento real anual de 9.8%, consolidando una tendencia al alza que se ha intensificado desde 2021.
Como proporción del ingreso total, el costo financiero pasó de tener una proporción del 7.9% en 2008 a 15.9% en 2025 y con respecto al ingreso tributario, su proporción fue de 24.5% al cierre de año.
Esto refleja el efecto combinado de un mayor saldo de deuda, un entorno de tasas de interés elevadas y un perfil de financiamiento más costoso.
Este incremento reduce la capacidad del gobierno para reasignar recursos dentro del gasto programable y limita el uso del presupuesto como instrumento contracíclico en escenarios de estancamiento económico.
Déficit y Deuda
La deuda pública refleja la acumulación de déficits del sector público a lo largo del tiempo y es un elemento central para evaluar la trayectoria de las finanzas públicas, así como su sostenibilidad en el tiempo. La comparación de la deuda en términos nominales, reales y como proporción del Producto Interno Bruto facilita el análisis de su dinámica y su impacto macroeconómico.
El balance público en 2025 cerró el ejercicio con un déficit en el balance presupuestal de 1.37 billones de pesos, mostrando una disminución de 21.3% con respecto a 2024.
A pesar de la disminución de esta medida del déficit, el gasto total del sector público continuó superando a los ingresos presupuestarios durante el ejercicio.
El déficit observado en términos amplios siguió siendo elevado.
En 2025, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se ubicaron en 4.8% del PIB, equivalentes a 1.71 billones de pesos, nivel superior al 3.9% del PIB aprobado originalmente en el Paquete Económico 2025.
Esta diferencia confirma que: 1) los recortes al gasto en la inversión física fueron insuficientes para cumplir con el objetivo de consolidación fiscal planteado para el ejercicio; y 2) el apoyo del Gobierno Federal a Pemex en septiembre del 2025 generó presiones al alza sobre el déficit.
Como resultado de estos déficits persistentes y en un contexto de crecimiento económico moderado (0.7%), el saldo de la deuda pública continuó aumentando.
En 2025 el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubicó en 53.1% del PIB, subiendo desde 52.0% en 2024 y su mayor nivel en registro de acuerdo con la serie que inicia en el 2000.
Por su parte, la deuda bruta subió a 55.8% del PIB, su mayor nivel desde 1989 (58.8% del PIB).
El apoyo sostenido a Pemex en la práctica implica un traslado de la deuda desde la empresa petrolera hacia la deuda pública, lo que acelera el crecimiento de la deuda total y eleva la probabilidad de recortes a la calificación crediticia de la deuda soberana de México.
Este comportamiento no fue causado por factores externos, ya que incluso durante la crisis sanitaria de 2020 el endeudamiento fue menor al observado entre 2021 y 2025, sino por presiones estructurales: el crecimiento sostenido del gasto rígido y la caída sostenida de los ingresos petroleros.
3 El balance presupuestal refleja la diferencia entre ingresos y gasto presupuestarios del Gobierno Federal, mientras que los
Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) constituyen una medida más amplia del déficit, al incorporar necesidades de financiamiento adicionales fuera del presupuesto, como ajustes contables, programas de apoyo financiero, pasivos contingentes y operaciones de empresas pública.
Análisis Comparativo de Finanzas Públicas 2018 y 2025
La comparación entre el periodo 2018 y 2025, evidencia que la evolución de las finanzas públicas no puede analizarse de manera aislada, sino como el resultado de un cambio estructural en el entorno político, económico y social.
En 2018, el marco de política fiscal se caracterizaba por un enfoque prioritario en la estabilidad macroeconómica, con un gasto público contenido y una estructura relativamente balanceada entre los rubros de desarrollo económico y gasto social. En ese contexto, el gasto total ascendía a $5.6 billones de pesos, con ingresos que financian más del 91% del gasto, lo que se traducía en un déficit fiscal moderado (8.6%).
A partir de 2019, el cambio en el entorno político introdujo una reorientación del papel del gobierno, con mayor énfasis en la redistribución del ingreso y en el uso del gasto social como principal instrumento de la política pública.
Esta redefinición de prioridades se ha fortalecido con los años, y para 2025 el gasto público total ya había aumentado a 9.5 billones de pesos, reflejando la expansión de programas del Bienestar.
Desde el punto de vista económico, el periodo estuvo marcado por meses de alta volatilidad, particularmente por la pandemia de COVID-19, disrupciones de cadenas productivas, y tensiones internacionales.
Estos factores presionaron al alza el gasto público y redujeron el margen fiscal.
La estructura de los ingresos refleja estos cambios.
Entre 2018 y 2025 se observa una menor dependencia de los ingresos petroleros, cuya participación cayó de 17.5% a 12.7%, acompañada por un mayor peso de los ingresos tributarios, especialmente del ISR, que aumentó de 29.8% a 30.1%. Este cambio responde tanto a factores estructurales como a una estrategia de fortalecimiento de la recaudación interna para sostener un mayor nivel de gasto.
En el gasto público, la prioridad social del nuevo entorno político se tradujo en un aumento sustancial del rubro de protección social, que pasó de 15.8% del gasto total en 2018 a 23.1% en 2025, convirtiéndose en el principal componente del gasto.
En contraste, el gasto en desarrollo económico redujo su participación relativa, aunque mantuvo crecimiento en términos nominales, reflejando un cambio en la asignación de recursos más que una contracción absoluta.
A largo plazo esto representa un riesgo porque la sostenibilidad de todos estos programas no está fundada sobre una base estructural de crecimiento económico, sino un entorno de mayores transferencias y rigideces presupuestarias.
De mantenerse esta tendencia, el modelo de gasto corre el riesgo de volverse fiscalmente vulnerable, al depender cada vez más de endeudamiento o de reasignaciones que pueden comprometer la estabilidad fiscal, el gasto con potencial productivo (inversión) y la capacidad del Estado para responder a choques económicos.
Panorama 2026
Para 2026, el Gobierno Federal anticipa un escenario de menor incertidumbre externa y una recuperación gradual de la inversión. Según los Criterios Generales de Política Económica, se establece un crecimiento real del PIB en un rango de 1.8% a 2.8%, impulsado por la demanda interna y la inversión asociada con el Plan México.
En este contexto, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, ha señalado que se realizará una inversión en infraestructura del 2.5% del PIB, a la cual se sumará una inversión adicional del 1.9% del PIB. Este
4 Composición del Gasto Público:
- Protección social: incluye las prestaciones y servicios destinados a proteger a la población frente a riesgos como vejez, enfermedad, desempleo y pobreza, así como costos administrativos y programas de mercado laboral, como becas y asistencia social.
- Desarrollo económico: Gasto orientado a infraestructura, energía, transporte, apoyo productivo e impulso al crecimiento económico.
- Gasto no programable: Erogaciones establecidas por ley, principalmente transferencias a estados y municipios y obligaciones fiscales previas.
- Costo financiero: Pago de intereses, comisiones y gastos asociados a la deuda pública.
- Educación: Recursos para educación básica, media superior y superior, incluyendo salarios, becas e infraestructura educativa.
- Salud: Gasto destinado a servicios médicos, medicamentos, prevención y atención hospitalaria.
- Servicios de gobierno: Funcionamiento de las instituciones del Estado, incluyendo seguridad, justicia y administración pública.
- Vivienda y comunidad: Recursos para vivienda social, desarrollo urbano, agua potable y servicios comunitarios.
- Otros gastos programables: Gasto en cultura, deporte, medio ambiente y otros programas de menor participación.
incremento es significativo si se considera que en 2025 el gasto en infraestructura fue del 2.2% del PIB. Para garantizar su ejecución, este gasto será supervisado por el Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión, liderado por la Presidenta de la República, y enviado al Congreso para su discusión y aprobación.
Si bien el aumento del gasto en inversión del sector público es una noticia positiva para el crecimiento económico, el panorama de 2026 implica un reto crítico para las finanzas públicas.
Las expectativas de crecimiento de la Secretaría de Hacienda resultan suma mente optimistas, anticipando una tasa de hasta el 2.8%, aunque recientemente el titular de la dependencia ha mencionado la posibilidad de alcanzar un 3.0%.
Este optimismo contrasta con el Paquete Económico 2026, que contempla un déficit de 4.1% del PIB, nivel que se sitúa incluso por encima del 3.9% aprobado originalmente para 2025.
Debido a esta brecha, se espera que la deuda como proporción del PIB continúe su trayectoria ascendente durante el presente año.
A este desequilibrio se suma el impacto directo de la apreciación del peso sobre la estructura de las finanzas públicas.
Para 2026, la Secretaría de Hacienda estimó un tipo de cambio promedio de 19.3 pesos por dólar; no obstante, si el tipo de cambio se mantuviera en niveles de 17.3 pesos el resto del año, el impacto negativo sobre los ingresos presupuestarios sería cercano a los 49 mil millones de pesos (0.56% de los ingresos esperados).
Esta afectación financiera sería equivalente al 5.10% del presupuesto asignado a inversión física para este ejercicio, o al 3.09% de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP).
De persistir la fortaleza del peso, el Gobierno Federal podría verse obligado a realizar recortes adicionales en el gasto público o a incurrir en un déficit por encima de lo proyectado para compensar la caída en la recaudación petrolera y los ingresos tributarios asociados al comercio exterior.
Finalmente, el crecimiento económico sigue enfrentando riesgos significativos a la baja derivados del deterioro sostenido del mercado laboral, particularmente en el empleo formal, lo que limita de manera directa el crecimiento del consumo privado.
La efectividad de la inversión pública para reactivar la economía dependerá de que se generen condiciones de certidumbre jurídica y seguridad que propicien la inversión privada a largo plazo.
Reportacero
