El legislador, Álvaro Ibarra Hinojosa, con la representación de la fracción del PRI en el Congreso de Nuevo León, expuso que el objetivo es fortalecer el combate al llamado «huachicoleo» y a los delitos en contra de la industria petrolera.
“La reforma busca inhibir el robo de energéticos, castigar con mayor severidad a los responsables y evitar tragedias como la ocurrida el pasado 18 de enero en el estado de Hidalgo”, remarcó.
Explicó que actualmente la ley en la materia establece una agravante que implica aumentar hasta en una mitad más de la sanción impuesta, cuando el delito sea cometido por un “trabajador o prestador de servicios” de algún asignatario, contratista, permisionario o distribuidor.
“Vamos a proponer que dicha agravante también se aplique al propio asignatario, contratista, permisionario o distribuidor, dado que tienen la misma responsabilidad, o incluso más, que el propio trabajador o prestador de servicios”, comentó Ibarra Hinojosa.
Recordó que, en el 2016, como presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, impulsó la creación de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos.
Sin embargo, enfatizó, hoy debe actualizarse el marco legal para que contemple sanciones a todo servidor público que participe en la sustracción ilegal de hidrocarburos y no sólo a quienes se desempeñan en el ramo energético.
“Estamos solicitando que dicha sanción se aplique a todo servidor público, ya sea del orden federal o local, que esté involucrado en este ilícito y que se le destituya del cargo e inhabilite para ocupar algún otro puesto”, propuso el legislador local.
Agregó que en su iniciativa también propone fortalecer las sanciones pecuniarias, con incrementos de 25 por ciento a las multas relacionadas con los delitos establecidos, para ubicarse en el rango de 422 mil 450 pesos, como monto mínimo, y de un millón 795 mil 412 pesos, como máximo, según la cantidad de litros de combustible sustraídos.
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