Gobierno refuerza contenido nacional de acero en obras públicas
Las nuevas reglas establecen mecanismos específicos para acreditar el origen nacional de materiales de acero y elevan los controles para contratistas y proveedores
El Gobierno federal reforzó los requisitos de contenido nacional para las obras públicas, con nuevas disposiciones enfocadas particularmente en los materiales de acero para la construcción, como parte de una estrategia para impulsar la proveeduría mexicana y fortalecer a la industria siderúrgica nacional.
El acuerdo, publicado este 31 de agosto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, modifica las reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional en los procedimientos de contratación pública.
La reforma incorpora mecanismos específicos para determinar el porcentaje de acero de fabricación nacional que deberá utilizarse en los proyectos de obra pública. Para ello, las dependencias deberán establecer, cuando corresponda, un porcentaje de contenido nacional de materiales de acero, calculado con base en el valor de los productos nacionales frente al valor total de los materiales de acero empleados en el proyecto.
Entre los materiales considerados se encuentran varillas corrugadas, perfiles estructurales, planchas, malla electrosoldada, alambrón, tubos de acero, ángulos de refuerzo, viguetas, láminas, placas y vigas laminadas, además de productos galvanizados, acero inoxidable, acero Corten y acero al carbono.
Las nuevas disposiciones también establecen criterios para determinar cuándo un material de acero puede considerarse resultado de una transformación sustancial en territorio nacional. Esto contempla productos obtenidos mediante el recalentamiento de acero semiterminado nacional o importado, así como el procesamiento en México de productos siderúrgicos terminados importados cuando no exista producción nacional de dichos insumos.
Para acreditar el origen de los materiales, los contratistas deberán presentar documentación como certificados de molino, certificados de calidad o de conformidad, cartas de proveedores que acrediten la fabricación nacional o la transformación sustancial, comprobantes fiscales y pedimentos de importación.
Además, los proveedores deberán manifestar bajo protesta de decir verdad que los bienes destinados a integrar el porcentaje de contenido nacional de la obra serán fabricados en México y cumplirán con el porcentaje requerido. Esta documentación deberá ser presentada como parte de la oferta de los participantes en los procedimientos de contratación.
La reforma también contempla una mayor responsabilidad para las empresas. Los contratistas y proveedores deberán conservar durante siete años la información y documentación que sustente el cumplimiento de los requisitos de contenido nacional, a fin de ponerla a disposición de la autoridad en caso de una verificación.
En el caso de los proyectos integrales que requieran materiales de acero, las dependencias podrán realizar diálogos estratégicos para determinar de manera objetiva el porcentaje de contenido nacional que sea técnica y económicamente viable exigir en cada obra. La autoridad deberá considerar la disponibilidad de producción nacional, la calidad requerida, los tiempos de entrega y las características técnicas del proyecto.
El acuerdo forma parte de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y el Plan México para elevar el contenido nacional y regional. El documento señala además que las nuevas medidas atienden los compromisos del Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana, firmado por diversas instituciones del Gobierno de México y cámaras empresariales en abril de este año.
En materia de contratación internacional, las reglas mantienen esquemas de contenido nacional de hasta 25% del valor estimado de determinados proyectos integrales, mientras que en otros casos la convocante podrá establecer porcentajes superiores a 25%, sin exceder 40%, incluyendo materiales de acero de fabricación nacional.
Con estas modificaciones, el Gobierno federal busca que las compras y obras públicas tengan un mayor efecto sobre las cadenas de proveeduría mexicanas, particularmente en el sector siderúrgico, al establecer mecanismos más precisos para identificar, acreditar y verificar el uso de productos nacionales.
El acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Los procedimientos de contratación iniciados antes de su entrada en vigor continuarán sujetos a las disposiciones vigentes al momento de su celebración.
