En el marco de su participación en la apertura del foro «Combatir la corrupción con más competencia: responsabilidad entre autoridades y empresa», la funcionaria agregó que en los primeros siete meses inició más del doble de investigaciones que en los últimos 11 meses del año pasado.
En dicho acto, en el que además firmó un convenio de colaboración con Alejandra Palacios Prieto, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Sandoval Ballesteros llamó a fortalecer la política de competencia económica y separar los intereses públicos de los privados.
Ello, indicó, para incentivar el crecimiento de las empresas con base en su productividad y no en privilegios que les permiten dominar el mercado.
De acuerdo con un comunicado, expuso que monopolios y oligopolios esperan protección para impedir la participación de nuevos competidores, y señaló que el costo de esos privilegios, como el de la corrupción, «lo pagamos todos los ciudadanos».
En ese sentido, puso como ejemplo que en México los precios en alimentos básicos, medicinas, construcción y transporte son casi el doble de lo que serían si hubiera más competencia, y refirió que las familias pierden, en promedio, 17 por ciento de sus ingresos por la concentración de los mercados.
Sobre el convenio signado, puntualizó que ambas instituciones compartirán experiencias para identificar actos de colusión en las compras públicas, además de que impartirán capacitaciones conjuntas «para mejorar la investigación de particulares que se coludan para afectar el interés público, y cerrar las puertas a la impunidad».
«Vamos a trabajar de cerca para que la Cofece pueda reportarnos a tiempo sus investigaciones en materia de competencia y la Función Pública pueda investigar y sancionar a quienes se coluden en contrataciones públicas», subrayó.
En su participación Alejandra Palacios Prieto afirmó que es relevante inyectar competencia en la compra gubernamental, y precisó que hasta el momento las sanciones impuestas por ese organismo autónomo en este mercado sólo han involucrado al sector privado, por lo que también deben ser revisados por la Función Pública.
Ello para determinar si en esos casos, además de empresas, participaron funcionarios públicos como parte de una red de corrupción, añadió.
Notimex
