3 de julio de 2015.- En una carta abierta publicada en varios medios impresos, las empresas Arcelor Mittal México, Deacero, Altos Hornos de México y Tubacero, piden al gobierno aplicar medidas de mayor prontitud amplitud y profundidad en las acciones de control del comercio desleal.
A continuación el texto de la carta:
Por ser la de México una economía abierta a la competencia global como lo demuestran los tratados comerciales que comprenden más de 45 países y en el caso del acero ser la única manufactura mexicana que opera con cero arancel frente a todo el mundo la crisis siderúrgica internacional ha adquirido aquí mayor gravedad y premura
En ese contexto las empresas Arcelor Mittal México Deacero Altos Hornos de México y Tubacero que representan más de 70 de la producción siderúrgica nacional reconocen la atención que el Gobierno Federal y la Secretaría de Economía han puesto sobre la grave situación que afecta a las empresas nacionales enfrentadas a un crecimiento incontrolado de las importaciones desleales.
Con la fuerza de un tsunami económico la actual crisis rebasa con mucho los mecanismos tradicionales de reacción con que cuenta nuestro país y requiere mayor prontitud amplitud y profundidad en las acciones de control del comercio des leal.
La presente administración federal ha culminado 14 investigaciones antidumping y hoy el sector siderúrgico cuenta con 23 resoluciones para diversos productos siderúrgicos pero es una posición extremadamente débil en relación con nuestros principales socios comerciales Por ejemplo Estados Unidos cuenta con 158 resoluciones y Europa con 85 solamente en el sector siderúrgico.
Asimismo nuestra normatividad en materia de comercio exterior está muy atrasada en velocidad y profundidad frente a la de nuestros principales socios comerciales y cuando aquí recién se planea su actualización en Estados Unidos por ejemplo sus órganos legislativos hace 8 días actualizaron y endurecieron su ya avanzada legislación.
En la década de los años 70 México no tenía acuerdos de libre comercio y la producción nacional era escasamente de 5 millones de toneladas de acero líquido con la mayoría de las empresas manejadas por el Estado y protegidas por un arancel general de 55 por ciento.
En la actualidad la industria siderúrgica nacional que en el último lustro ha invertido $5,000 millones de dólares en unidades y procesos de valor agregado tiene una capacidad de 28 millones de toneladas anuales genera en toda la cadena 690,000 puestos de trabajo bien remunerado y representa 2.1% del PIB nacional en primera transformación laminados tuberías perfiles y trefilados.
Además representa cerca del 4% del PIB en segunda transformación con empresas que por ejemplo fabrican carros de ferrocarril, plataformas petroleras, torres eólicas, etc. que no estarían en México sosteniendo miles de empleos de no contar el país con producción nacional de acero.
Ante el daño causado el sector ha debido aplicar severos planes de contingencia con la cancelación de inversiones la pérdida de 10,000 empleos directos y 40,000 indirectos y de no variar la actual situación enfrentamos el riesgo de un despido de 7,000 trabajadores directos adicionales con impacto en otros 40,000 trabajos indirectos.
En ese tenor la gravedad y velocidad de la crisis que afecta a las empresas mexicanas del acero requiere adoptar acciones de corto plazo que detengan el actual deterioro y salvaguarden la fuente de empleo en tanto se adecúa la normatividad legal para reforzar los mecanismos de control.
Es por ello que en los términos permitidos por los acuerdos internacionales demandamos 1) La aplicación inmediata de aranceles temporales para toda la cadena productiva del sector siderúrgico aplicable solamente para los países con los cuales no tenemos tratados comerciales y que permita estabilizar el mercado en la medida de lo posible.
2) Iniciar a la brevedad la actualización del marco legal de comercio exterior para igualarlo con el de nuestros socios comerciales que como Estados Unidos con sus recientes reformas protege a cualquier sector industrial desde el momento en que se detecta el daño o afectación económica.
