16 de agosto de 2021.- La pobreza continúa aumentando y los ingresos de los deciles de la población han caído, consideró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, CEESP, en su Análisis Económico Ejecutivo.
Añadió que la efectividad de la política social ha sido reducida en el mejor de los casos y ha representado más un golpe que un beneficio a los hogares de menores ingresos.
Los recursos de los programas sociales se han distribuido de manera regresiva y no incluyen medidas para romper el ciclo de preservación de la pobreza.
En México no hubo programas diseñados específicamente para enfrentar la pandemia.
El manejo del Sector Salud ha dejado a casi 16 millones de personas fuera del sistema y las familias gastan mucho más en servicio médico y medicinas.
Es necesario revertir las elevadas carencias de salud y educación para mitigar el daño del capital humano y a la productividad en el futuro.
Duro golpe a los ingresos de los hogares, mayor pobreza y fuertes implicaciones para el crecimiento en el futuro
Las estimaciones de pobreza multidimensional 2018 y 2020 que dio a conocer recientemente el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), confirman el aumento en los niveles de pobreza que ya se preveía desde meses antes, aunque en menor proporción. En todo caso, los resultados de la Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares y el análisis (ENIGH) del CONEVAL revelan la poca efectividad de la política social.
Es importante tener en consideración que las cifras que presentó el organismo corresponden a una actualización de la metodología con base en los “Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de pobreza (Lineamientos 2018) y en la ENIGH 2018 y 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)”, lo que significa que los resultados que se reportan no son comparables con los que se dieron a conocer en 2019, correspondientes al periodo 2010-2018.
Como lo señala el documento reciente, estos resultados no intentan “calificar la efectividad de los programas, acciones e intervenciones gubernamentales”. Sin embargo, con estas estimaciones, se genera una idea clara del severo impacto de la pandemia y de los efectos del debilitamiento que ya mostraba el crecimiento de la economía sobre el bienestar de los hogares antes de ella. Junto con los indicadores de la ENIGH, se puede concluir que la efectividad de la política social ha sido reducida en el mejor de los casos y ha representado más un golpe que un beneficio a los hogares de menores ingresos.
En general, y más en un país de niveles de inequidad como los de México, un elemento fundamental de la política social es que la asignación de los recursos públicos se dirija a los deciles de la población de menores ingresos y propiciar así una mejor distribución del ingreso. No obstante, los recursos de los programas sociales se han distribuido de manera regresiva, es decir, beneficiando relativamente más a los deciles de la población de mayores ingresos. Además, la (mayor) cantidad de recursos públicos se canaliza a programas con rentabilidad social y económica dudosa u opaca, que poco aportan al crecimiento económico y al bienestar social a la larga, ya que no están diseñados para romper la replicación en el tiempo de la pobreza.
Sin duda, un evento disruptivo sin precedentes en la modernidad naturalmente tiene efectos nocivos en el bienestar social. Eso era de esperarse. Pero la política pública y el presupuesto en particular pueden y deben adecuarse ante ese choque, como se hizo en muchos países, a fin de mitigar los efectos nocivos sobre la población, principalmente la de menores ingresos, No obstante, eso no sucedió en México. El gobierno conservó sus prioridades que fueron planeadas y puestas en marcha antes de que se supiera que se presentaría la emergencia del Covid, y no le dio ni le ha dado la importancia debida.
Esa actitud de la autoridad ha tenido graves consecuencias en el bienestar social, particularmente del segmento más pobre de la población. Los resultados del CONEVAL muestran que el porcentaje de la población en situación de pobreza pasó de 41.9% en 2018 a 43.9% en 2020. Un aumento de 2 puntos porcentuales, lo que pudiera parecer poco, pero son 3.8 millones de personas adicionales en esta deplorable situación. Quizá más grave aún, el porcentaje de población en pobreza extrema aumentó de 7.0% a 8.5%, lo que representó un aumento de 2.1 millones de personas más en este grupo.
La asignación adecuada y eficiente del gasto público es fundamental para mejorar la distribución del ingreso. Es necesario que los recursos sean canalizados a programas con probada rentabilidad social que realmente se refleje en un mayor bienestar de las familias.
Asimismo, lo deseable es que los programas de combate a la pobreza incluyan aspectos que permitan e incentiven el rompimiento de la preservación de dicha condición en las familias. Sin embargo, la administración actual ha decidido desmantelar dichas características -que varios programas previos tenían, aunque de maneras perfectibles- y ha optado por transferencias directas, incondicionales, para la población.
El resultado ha beneficiado relativamente más a los deciles más altos en la distribución del ingreso. Es decir, la política social se volvió más regresiva. Probablemente ello fue resultado de que el llamado censo del bienestar parece haber sido improvisado, no está claro que se hizo profesionalmente y los padrones son opacos.
La pandemia y la ausencia de apoyos a la liquidez de las empresas pequeñas y medianas propiciaron el cierre de una cantidad importante de unidades productivas que resultó en una considerable pérdida de empleos y evidentemente en el deterioro de bienestar. El ingreso corriente total de los hogares tuvo una disminución real de 5.8% entre 2018 y 2020. El ingreso por trabajo, que representa el 63.8% de ingreso corriente total se redujo en 10.7%.
Esa caída del ingreso se vio suavizada por el incremento de 8.3% en los ingresos por transferencias, en especial por el aumento de 50.4% de los beneficios provenientes de programas gubernamentales.
Sin duda este es un resultado favorable que se relaciona en buena medida con el hecho de que el porcentaje de hogares que recibe el beneficio de programas del gobierno se elevó de 28.1% en 2018 a 29.7% en 2020. Diversos programas se generalizaron en términos de sus beneficiarios, perdiendo la concentración en los hogares más pobres (perdiendo la “focalización” o el targeting), lo que los hizo regresivos.
En 2018 el porcentaje promedio de hogares de los cinco deciles de mayores ingresos que se beneficiaban de apoyos gubernamentales era de 18.0%, mientras que en 2020 este se elevó a 26.8%. Por el contrario, el porcentaje de los cinco deciles de menores ingresos beneficiarios de programas gubernamentales disminuyó de 38.3% a 32.6%. Aunque esto contribuyó para que el ingreso promedio trimestral de los hogares por concepto de beneficios provenientes de programas gubernamentales en los cinco deciles de menores ingresos aumentara 17.0% real, el de los cinco deciles más ricos aumentó 114.0%.
En todo caso, desde cierto punto de vista, a pesar del aumento en el monto dedicado a programas sociales, la efectividad para mejorar la distribución del ingreso no aumentó. De acuerdo con el CONEVAL la mejoría en el coeficiente de Gini (que mide la desigualdad relativa del ingreso entre los deciles de ingreso de la población) una vez que se considera la transferencia de los programas, fue similar en 2020 y en 2018.
Dentro de los resultados de la política social del periodo 2018-2020 resalta la deficiente gestión en el sector Salud. De manera sorprendente, el monto de recursos del gasto público asignados al sector no ha sido sobresaliente, en medio de la grave crisis sanitaria. En la primera mitad de 2021 el gasto del sistema de salud solo fue 3 mil millones de pesos superior al programado para ese lapso. Por su parte la sustitución del Seguro Popular por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) fue precipitada y su gestión está lejos de lo óptimo. Además, la decisión de modificar sus métodos de compra de medicamentos ha generado ineficiencia y escases, desde 2019 y hasta la fecha. Todo ello ha tenido impactos nocivos sobre el bienestar de los hogares.
Dentro de los indicadores de carencias sociales, la mayor incidencia en el aumento de la pobreza provino de la carencia por acceso a los servicios de salud, toda vez que el porcentaje de la población con esta carencia pasó de 16.2% en 2018 a 28.2% en 2020. En ese año 15.6 millones de personas carecieron de este servicio, al que sí tenían acceso en 2018.
Ciertamente, como era de esperarse, la pandemia afectó significativamente al sector salud. Pero el aumento de la pobreza a través de esta carencia se puede atribuir especialmente a la deficiente gestión del sector. Las cifras del CONEVAL indican que en 2018 el porcentaje de la población afiliada al seguro popular fue de 42.1%, mientras que en 2020 la proporción afiliada al INSABI fue de 26.9%. La transición de un sistema de salud a otro le costó la pérdida del servicio a 18 millones de personas.
La falta de servicio y la escasez de medicinas se refleja en el mayor gasto de las familias en Salud. De acuerdo con la ENIGH el gasto de los hogares destinado a servicios de salud aumentó en 40.5% real entre 2018 y 2020, mientras que prácticamente todos los otros rubros de gasto sufrieron reducciones.
La caída del ingreso de los hogares, sin duda resultado en gran parte por el cierre de la actividad económica, propició que el porcentaje de personas que no contó con los recursos suficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias, aumentara de 49.9% en 2018 a 52.8% en 2020, lo que significó 5.1 millones de personas más en pobreza por ingresos. Por su parte, el porcentaje de quienes aún destinando todo su ingreso no pudieron adquirir los productos de la canasta alimentaria, es decir, quienes están en pobreza extrema, aumentó de 14.0% a 17.2%, es decir 4.6 millones de personas más.
El deterioro del ingreso de los hogares, la pérdida de empleos y la dificultad para recuperarlos, así como el aumento generalizado de la pobreza, que se acentuó más en los segmentos que menos tienen, haciendo que los pobres sean más pobres, no son buenas noticias para el país y para el futuro desarrollo de la economía y del bienestar.
En esa línea, las cifras del CONEVAL reportan caídas generalizadas en el ingreso per cápita en todos los deciles, y (a excepción del decil X que tuvo la caída más alta) las más pronunciadas se concentran en los deciles de menores ingresos. Como se mencionó arriba, las carencias en materia de salud son un factor fundamental en el alza de los niveles de pobreza, que se suman a las carencias en alimentación.
Otro factor de deterioro, que no se manifiesta en el corto plazo, pero es muy grave a futuro, es el rezago educativo. La pobreza por rezago educativo aumentó en 900 mil personas entre 2018 y 2020.
Y cuando vemos todo lo anterior en conjunto, si no se revierten rápidamente los factores señalados, los efectos en el ingreso futuro de los hogares y en el desempeño de la economía serán fuertemente nocivos, principalmente por su impacto negativo en la productividad debido a deficiencias en la salud y educación del capital humano del país.
El daño al capital humano sería un limitante importante para la movilidad social, lo que haría aún más difícil romper el ciclo que preserva la pobreza de las familias. Las recientes cifras de la ENIGH y del reporte del CONEVAL confirman con fuerza la necesidad urgente de recuperar y hacer sostenible un ritmo de crecimiento económico más elevado para satisfacer las necesidades de la población. Como se ha señalado antes, México hoy está en una posición privilegiada para impulsar una reactivación más dinámica. Para ello se requieren políticas públicas que faciliten, alienten y sean amigables ante la inversión productiva nacional y extranjera.
México
Durante julio los precios al consumidor tuvieron un alza de 0.59% porcentaje que, si bien fue menor al del mismo mes del año pasado, cuando se reportó un aumento de 0.66%, fue el segundo incremento más alto para el mismo mes desde 1999. Las presiones inflacionarias continuaron, principalmente a través del comportamiento de los precios del subíndice subyacente, que en julio tuvieron un aumento de 0.48%, con lo que además de haber sido el origen del 60% del incremento general de precios, fue el alza más pronunciada para el mismo mes igualmente desde 1999.
A su interior, los precios de mercancías aumentaron 0.58%, mientras que los de servicios lo hicieron en 0.36.%. Por su parte, el indicador de precios no subyacente registró un alza mensual de 0.93%, proveniente, principalmente del incremento de 1.07% en los precios de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, así como del aumento de 0.74% en los precios agropecuarios.
De esta manera, la inflación anual se ubicó en 5.81%, en tanto la subyacente lo hizo en 4.66%, manteniendo su tendencia al alza por ocho meses consecutivos. La inflación anual no subyacente fue de 9.39%.
Después del efecto rebote de la actividad productiva, su dinámica comienza a moderarse y retomar su ritmo previo a la pandemia, incluso podría ser menos dinámico. En junio la actividad industrial tuvo una caída mensual de 0.5%, con lo que acumuló tres meses consecutivos a la baja. Esto respondió a la disminución mensual en todos sus componentes.
La más significativa fue la caída de 2.0% en la actividad de la construcción, seguida de la baja de 0.8% en la minería, una disminución de 0.5% en la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor, así como de una baja de 0.1% en la manufactura.
No obstante, en su comparación anual la producción industrial reportó un incremento de 13.6%, muy lejos de los aumentos superiores a 30% de los dos meses previos. La manufactura tuvo un incremento anual de 16.3%, la construcción aumentó 15.5%, la generación eléctrica, gas y agua 7.2% y la minería 5.2%
Estados Unidos
Durante julio los precios al consumidor aumentaron 0.5%, porcentaje que, si bien es menor al reportado un mes antes, superó el 0.4% estimado por el mercado.
La mayor alza de precios se observó en el rubro de energía, que mostraron un incremento mensual de 1.6%, en especial por al aumento de 2.4% en los precios de las gasolinas. Por su parte, los precios de alimentos se elevaron 0.7%.
Excluyendo alimentos y energía el indicador subyacente de precios registró un alza también de 0.5%. Al interior de este segmento, el mayor incremento se dio en los precios de vehículos nuevos que se elevaron 1.7%, seguidos del aumento de 0.9% en los precios de mantenimiento y reparación de vehículos.
Respecto al mismo mes del año pasado, los precios al consumidor tuvieron un incremento de 5.4%, mientras que el avance anual del indicador subyacente fue de 4.3%.
Reportacero
