16 de abril de 2020.- El programa emergente de apoyo a las familias vulnerables Mercacomuna favorece la opacidad en su implementación y la imagen de los gobernantes de Morena, acusó la diputada Gabriela Salido, del PAN.
En una conferencia virtual, señaló la falta de certeza jurídica en la entrega de los vales porque el programa carece de reglas de operación, lo que podría motivar a la aplicación discrecional de los recursos que ascienden a 500 millones de pesos.
Lamentó la falta de homologación de criterios para la implementación de Mercacomuna, lo que ha generado discrepancias en su implementación pues algunas alcaldías entregan despensas y otras solicitan documentación adicional a los beneficiarios.
«Lo que origina no solamente un desorden en la designación de los recursos, sin contar que no se tendría un parámetro claro o validar este programa en las próximas seis semanas y su eficiencia. Y saber si no sólo pulverizamos el gasto”, expuso.
«Preocupa que al involucrar un ente como Liconsa debería de bastar acreditarse como beneficiario del programa social de abasto de leche y no darle cargas administrativas a las y los ciudadanos en estos tiempos tan complicados. Entonces ¿para qué trabajar con los padrones de Liconsa», cuestionó.
Esta semana el Gobierno de la Ciudad de México y 14 de 16 alcaldías, con excepción de Venustiano Carranza y Benito Juárez, implementaron el programa emergente Mercacomuna con la entrega de vales por un valor nominal de 350 pesos quincenales, que se canjean en diferentes tiendas comunitarias.
Salido acusó a los gobernantes morenistas de utilizar el programa emergente para mejorar su imagen y aceptación entre los ciudadanos.
«Tenemos muchas semanas solicitando que se tomen acciones en beneficio de los microempresarios y esta acción, esta en particular, con el tinte y con las características que tiene, se presenta justamente cuando Morena aparece con solamente 18 puntos de aprobación en las encuestas. Necesariamente, para mí, es imposible no hacer esta vinculación, entonces yo pensaría que sí”, señaló.
Solicitó a la Secretaría de la Función Pública y a las contralorías locales revisar la implementación del programa durante las próximas seis semanas.
Reportacero
