Un grupo de cerca de 20 alcaldes de Nuevo León, tanto de municipios metropolitanos como rurales, exigió al Gobierno estatal la liberación inmediata de recursos que, aseguran, corresponden a los ayuntamientos y cuyo monto podría ascender a entre mil 600 y mil 700 millones de pesos.
En representación de los presidentes municipales, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, informó que entregaron un documento en el Palacio de Gobierno para solicitar formalmente que la Tesorería estatal transfiera los recursos que, afirmó, corresponden por ley a los municipios.
«Estamos estimando que el adeudo podría llegar hasta los mil 600 o mil 700 millones de pesos para los diferentes municipios», señaló.
El edil explicó que la solicitud constituye el inicio de un procedimiento formal y advirtió que, de no regularizarse la situación, podrían emprenderse acciones administrativas, financieras e incluso penales por el incumplimiento en la entrega de los recursos.
De la Garza sostuvo que la legislación vigente establece que estos recursos deben ser transferidos sin necesidad de que los municipios los soliciten, ya que provienen de conceptos como participaciones, refrendos vehiculares, multas de tránsito e impuestos.
El alcalde de Monterrey afirmó que la falta de estos recursos afecta directamente a la ciudadanía, al limitar la capacidad de los gobiernos municipales para invertir en servicios como seguridad pública, infraestructura y obras.
Los alcaldes también señalaron que, durante la actual administración estatal, no es la primera ocasión en que se presentan retrasos en la entrega de recursos municipales, situación que calificaron como irregular.
A través del escrito entregado al Gobierno del Estado, solicitaron que se instruya a la Tesorería estatal a realizar los pagos pendientes a la brevedad.
Asimismo, precisaron que los montos presentados son preliminares y podrían incrementarse conforme otros municipios integren el detalle de los recursos que consideran pendientes de recibir.
La postura de los alcaldes se da horas después de que el Gobierno de Nuevo León reiterara que no mantiene adeudos con los municipios y atribuyera las diferencias en los recursos a una disminución en la recaudación federal, así como a procesos relacionados con proyectos específicos.
