1 de febrero 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, cumpliendo con su postura de revertir algunos de los cambios legales que abrieron el sector energético nacional a los capitales privados, envió una iniciativa, bajo la categoría de «preferente», al Congreso de la Unión para reformar la Ley de la Industria Eléctrica a fin de cambiar, entre otras propuestas, las reglas bajo las cuales se determina el orden de uso de la electricidad producida en el país.
El criterio de uso de la energía eléctrica está hoy centrado en los costos de producción de ese fluido, de tal suerte que la energía más barata es la que primero se utiliza y así sucesivamente.
En caso de que la reforma se aprobada, ese criterio cambiará a fin de que el sistema eléctrico no utilice primero la más barata, sino que dé prioridad a la electricidad generada por la empresa eléctrica estatal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para posteriormente utilizar la electricidad producida por empresas privadas, dependiendo de la forma como generan su energía.
“El sistema eléctrico nacional deberá ser alimentado en este orden: en primer lugar, subirse a la red de distribución la energía producida en las hidroeléctricas; en segundo, lo generado en otras plantas de la CFE; en tercero, la energía eólica o solar de particulares y al final, la energía de ciclo combinado de empresas privadas», dice la iniciativa en su exposición de motivos.
No es claro si la reforma legal será aprobada, aunque es de esperarse que así ocurra ya que el presidente tiene, a través de los legisladores miembros de su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), e institutos aliados, como el Partido del Trabajo (PT), una mayoría de votos, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores.
Los legisladores tienen sólo un mes para revisar, debatir y aprobar o rechazar la iniciativa, ya que fue entregada al Congreso como iniciativa «preferente», una modalidad que acelera las discusiones de esas reformas en el Poder Legislativo.
Si bien es probable que la reforma sea aprobada por la composición actual de las dos cámaras que conforman el Congreso de la Unión, los cambios muy probablemente serán posteriormente sometidos a controversias, ya sea por parte de las empresas privadas generadoras de electricidad, que podrían argumentar que están siendo discriminadas por el gobierno contra CFE, algo que la Constitución prohíbe, o bien por parte de organizaciones civiles, que vean en la legislación un menosprecio a los cuidados del medio ambiente, ya que al relegar la energía eólica y solar a un tercer escaño en la prioridades de uso de la electricidad generada en el país, argumentaran que las autoridades están privilegiando el fluido eléctrico producido por medios más contaminantes, como es el combustóleo o el carbón y que aún emplean algunas plantas de la empresa eléctrica estatal.
Además, es probable que el cambio de prioridades en el despacho también incremente los recibos eléctricos para diversas industrias en el país, lo que podría generar a su vez mayores costos de producción para algunas empresas y con ello mayores precios de bienes finales para los consumidores mexicanos.
Claro que el presidente ha prometido y cumplido hasta ahora la política de que CFE, la única empresa autorizada a vender electricidad al menudeo, no eleve las tarifas eléctricas por arriba de la inflación.
No es claro, sin embargo, si esta política también aplica a las tarifas eléctricas industriales que podrían verse alteradas por los cambios en el orden del despacho, ya que, al no tener el costo de producción de la electricidad como el criterio central y básico, las empresas podrían comenzar a recibir un fluido eléctrico más caro.
Hasta ahora, muchas de las iniciativas o políticas públicas que ha venido tomando el gobierno de Lopez Obrador en materia eléctrica, han sido frenadas por las cortes especializadas en materia de competencia económica en el país.
