19 de febrero de 2026.- José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor, presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Nacional de España, pidiendo la anulación de la entrada y registro en las instalaciones de la empresa en Basauri del pasado 10 de febrero.
El pasado 10 de febrero, la Policía Nacional española se personó en la sede de Sidenor de Basauri para recabar información con relación a la investigación por la venta de acero a Israel.
Esta actuación se produjo después de que el juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, acordara en octubre investigar a Jainaga por presuntos delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio por la venta, sin autorización, de partidas de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI).
En un escrito de la Fiscalía relativo al registro, aseguró que la causa abierta para investigar si el presidente de Sidenor y otros dos directivos de la empresa vasca debería continuar solo para determinar si se ha podido cometer contrabando, excluyendo la presunta participación por complicidad en otro de lesa humanidad o, alternativamente, de genocidio.
Además, se opuso a que se realizara esta diligencia al considerarla «inadecuada y desproporcionada en un juicio ponderativo con el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio», previsto en el artículo 18.2 de la Constitución.
El pasado 12 de noviembre, Jainaga y otros dos directivos de la empresa declararon como investigados ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. En su declaración, Jainaga aseguró haber acreditado que Sidenor no había cometido «irregularidad alguna en las ventas de acero a Israel», ya que el acero fabricado por Sidenor y exportado a Israel no figuraba «entre los productos sometidos a un control especial por parte de la administración».
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