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Ignoran autoridades beneficios del nuevo esquema de APPs

27 de marzo.- Por ignorancia de las autoridades no se ha desarrollado plenamente el nuevo esquema de las  Asociaciones Público Privadas Sociales (APPs), en las que todo el riesgo es para los constructores y los gobiernos no aportan capital, aseguró Raymundo Reyes Vicite, subdirector académico del Instituto de la Construcción de CMIC.

Reyes Vicite aclaró que no es una coparticipación entre gobierno y empresarios, sino que el gobierno es beneficiario, y sólo aporta alguna forma de uso.

En conferencia de prensa posterior a un evento en la Cámara de la Industria de la Construcción de Nuevo León (CMIC), Reyes Vicite dijo que en el país se han realizado alrededor de 800 obras con el esquema de APPs, pero aclaró que no es el mismo esquema de las Asociaciones Público Privadas (APP).

Las APPs, dijo, son una modalidad de contratación para desarrollar proyectos de infraestructura pública, con la que se pueden construir hospitales, cárceles, carreteras, luminarias, etcétera. La iniciativa privada aporta el riesgo y capital y son contratos que tienen una duración de tres a 30 años.

“Las APPs se aprueban en la cámara local y son respaldadas por la Ley y el Reglamento”, esto garantiza que aún cuando cambie el gobierno, el inversionista continuará con el proyecto por el tiempo que se firmó en el contrato inicial.

Bajo este esquema, por ejemplo, ICA, OHL y otros constructores están edificando la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Atotonilco, Hidalgo, donde los inversionistas operan y buscan la rentabilidad de su proyecto.

En las APPs hay dos tipos de modalidad: los que publica el gobierno y los no solicitados. En la segunda opción, es donde el constructor propone la obra.

“La recuperación de inversión para las empresas es muy alta”, salvo en proyectos de energía, con CFE y Pemex, porque “todavía no se refleja en la Ley”.

Dijo que el proceso para realizar el análisis de viabilidad se lleva entre 4 meses y 1 año, porque son obras a largo plazo.  Enfatizó que aún cuando el riesgo lo llevan los constructores, la Unidad de Negocios de la Secretaría de Hacienda realiza un estudio técnico para ver el costo-beneficio social de la obra.

Después el congreso local o federal acepta o confirma el proyecto, pero recalcó que aun cuando el estudio incluye el tema constructivo, lo más importante es el costo-beneficio social.

Sostuvo que el IMSS estaría analizando esta opción para ampliar su infraestructura, sin embargo, es difícil porque es tripartita (Estado, patrones y trabajadores).  En cambio en Guanajuato se han hecho hospitales con APPs porque es una sola autoridad la que decide.

Hasta 2012, las obras de infraestructura sólo se realizaban bajo la modalidad de APP, en las cuales el riesgo es compartido y pueden ser diferentes esquemas, como los PIDIREGAS, Fondos de Inversión, Contratos de Servicios Integrales, etc. “Allí si interviene el gobierno en la sociedad de inversión”.

Sin embargo, a partir de 2013 entró el nuevo esquema de APPs, y tiene su propia Ley. Las autoridades pueden optar por cualquiera de las dos opciones, opinó el experto, sin embargo, dijo, que si los gobiernos estatales y municipales no tienen dinero para Obras, que dejen que la IP construya y asuma el riesgo.

Por: Staff Report Acero

 

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