La reciente aprobación del nuevo paquete arancelario por parte del Gobierno de México, con entrada en vigor a partir de 2026, representa un ajuste relevante en la política de comercio exterior del país. La medida contempla la aplicación de aranceles que van del 5 por ciento hasta el 50 por ciento a más de mil fracciones arancelarias, principalmente de productos provenientes de países con los que México no mantiene tratados de libre comercio, entre ellos China y diversas economías asiáticas. Este movimiento se da en un contexto internacional marcado por tensiones comerciales, reconfiguración de cadenas de suministro y una creciente competencia industrial a nivel global.
Desde la perspectiva del comercio exterior, estos aranceles impactan de forma directa a sectores estratégicos de la industria nacional como el textil, confección, calzado, muebles, plásticos, acero, aluminio y algunas ramas de autopartes. Se trata de industrias que en los últimos años han enfrentado una fuerte presión por la entrada de mercancías a bajo costo, muchas veces asociadas a prácticas de subvaluación, triangulación o competencia desleal, lo que ha reducido márgenes, afectado la rentabilidad de las empresas formales y generado pérdida de empleos en distintas regiones del país.
En términos de repercusiones económicas, el ajuste arancelario puede generar efectos mixtos. Por un lado, eleva el costo de ciertas importaciones y obliga a las empresas a revisar sus cadenas de suministro, esquemas logísticos y estrategias de cumplimiento aduanero. Por otro, abre una ventana de oportunidad para fortalecer la producción nacional, incentivar la sustitución de importaciones y reactivar proveedores locales, especialmente en zonas con alta concentración manufacturera y vocación exportadora como el norte de México.
Uno de los principales beneficios económicos señalados por la autoridad es el impacto fiscal. Se estima que la recaudación derivada de estos aranceles podría ubicarse entre 60 y 70 mil millones de pesos anuales, recursos que fortalecen las finanzas públicas y amplían el margen de acción del Estado para impulsar políticas de desarrollo productivo e industrial. A ello se suma la expectativa de proteger entre 300 mil y 350 mil empleos, principalmente en sectores intensivos en mano de obra que habían perdido competitividad frente a importaciones de bajo precio.
No obstante, el efecto de esta medida dependerá en gran forma de su correcta implementación. Será fundamental reforzar la vigilancia aduanera, combatir prácticas ilegales como la subvaluación y asegurar que los beneficios del esquema arancelario realmente se traduzcan en mayor producción nacional y no en distorsiones de mercado. Para el sector empresarial, el nuevo entorno exige planeación, adaptación y una revisión estratégica de costos, proveedores y procesos logísticos.
En el plano internacional, el paquete arancelario cobra especial relevancia de cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevista para 2026. Si bien la medida no está dirigida a los países socios del tratado, sí envía una señal clara sobre la intención de México de fortalecer su mercado interno, ordenar sus flujos comerciales y reducir desequilibrios que afectan la competitividad regional. Una base industrial más sólida permite a México llegar a la revisión del T-MEC con mayor fortaleza y capacidad de negociación dentro de América del Norte.
Desde COMCE Noreste consideramos que este nuevo escenario debe entenderse como parte de una estrategia más amplia de política industrial y comercial. La coordinación entre gobierno y sector privado será clave para maximizar los beneficios de los aranceles, mitigar riesgos inflacionarios y aprovechar oportunidades como el nearshoring y la integración regional. México enfrenta el reto de proteger su industria sin perder apertura comercial, y el equilibrio entre ambos objetivos será determinante para el crecimiento económico y la competitividad del país en los próximos años.
