Argentina y sus “fondos buitre”

Por Gabriela Siller 

Recientemente, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió no revisar el fallo de un juez con respecto al caso de la demanda de los holdouts contra la República de Argentina. La noticia representa el principio del fin de la última esperanza que le quedaba al gobierno del país por evitar tener que liquidar una deuda con quienes considera se aprovecharon de la situación de la nación, además de que podría sentar un precedente importante sobre estas situaciones en el futuro; no obstante, es importante preguntarnos ¿de qué se trata esta situación y cuáles serían las consecuencias internacionales?

Los holdouts, o “fondos buitre” (como los considera el gobierno argentino), son fondos que adquirieron deuda soberana del país en el mercado en momentos de crisis (es decir, no los compraron al tiempo de su emisión) y que reclaman la totalidad del valor nominal más intereses. En otras palabras, son compañías que adquirieron deuda argentina en el mercado secundario con un precio por debajo del establecido nominalmente por el gobierno, con la intención de que, cuando esta madurara, obtendrían dicho valor nominal más los intereses del mismo, representando importantes ganancias para las empresas que los adquirieran. Se denominan holdouts debido a que, luego del default argentino en el 2001, el país negoció con el 93% de los tenedores de sus bonos un recorte en el valor nominal de los mismos, es decir, una reducción en la cantidad que recibirían al momento de su madurez (conocido como “haircut”) además de modificar el plazo de vencimiento, lo cual no fue aceptado por el 7% restante de acreedores (holdouts).La deuda total de argentina era aproximadamente 100,000 millones de dólares.

Parte de estos “fondos buitre” entablaron demandas contra el gobierno de Argentina en Nueva York, lugar cuya jurisdicción el país se comprometió a respetar como cláusula que los acreedores pidieron al momento de la renegociación de su deuda soberana. El problema es que poco menos del 1% de los holdouts lograron que un juez en Nueva York condenara a Argentina a pagar la totalidad de lo adeudado con ellos, lo cual deja abierta la posibilidad de que el resto del 7% que no aceptaron el canje entablen demandas similares, algo que podría costarle a Argentina 15,000 millones de dólares, más de la mitad de las reservas del banco central del país. Cabe destacar que, además, Argentina tiene una clausula en su deuda reestructurada que indica que si les llegase a pagar más a los que se quedaron fuera del canje, entonces aquellos que sí lo aceptaron también serían acreedores al incremento.

El país solicitó a la Corte Suprema estadounidense que revisara el caso, con la esperanza de que anulara el fallo en su contra, pero la institución se negó siquiera a atraerlo.

La reacción del mercado no se hizo esperar y el Merval de Buenos Aires (principal índice de cotizaciones del país) cayó 10% apenas se supo la decisión de la Corte Suprema de no analizar el caso de la demanda contra Argentina, mientras que el bono de deuda de la nación con vencimiento a 2033 subió más de 100 puntos base en una sola jornada. Estos movimientos están bastante justificados puesto que, si Argentina paga esa deuda, no tendría más remedio que quedarse prácticamente sin reservas y sería imposible que continuara regulando el valor del peso argentino, lo cual desembocaría sin lugar a dudas en una importante devaluación, algo que carcomería las finanzas de las empresas, el consumo privado, la inversión (además de generar descontento y potencialmente inestabilidad social puesto que existen mercados como el inmobiliario que se manejan en dólares), restándole mucho atractivo al país para invertir en él.

La verdadera complicación a nivel internacional radica en que, si Argentina paga, se establecería el precedente de que cualquier nación en problemas que deba realizar un “haircut” de su deuda sería demandada por el total de la misma ante los tribunales, comprometiendo las finanzas públicas por cuantos años sea necesario para cubrir las obligaciones financieras, disminuyendo dramáticamente el gasto gubernamental y afectando severamente el crecimiento y estabilidad económica de las naciones que incurran en este proceso. Por otro lado, también disminuiría el riesgo moral que se enfrentan los inversionistas que adquieren bonos de deuda soberana ya que tendrían la certeza de que no sería permitida una quita a su deuda.

Como todavía existen algunos inversionistas que continúan empleando una mirada regional en lugar de nacional en temas de deuda, es posible divisar un incremento en la volatilidad sobre el valor de la deuda soberana latinoamericana, aunque la magnitud del impacto específica será ponderada por los inversionistas de acuerdo con las condiciones económicas de cada país, razón por la cual no se espera que países como México, cuyas finanzas públicas se consideran sanas, enfrenten una salida de capitales de su mercado de deuda.

Argentina aún mantiene la esperanza de que el juez neoyorkino, al momento de establecer las reglas del pago, permita una nueva negociación de la deuda o establezca un plazo prudencial para su liquidación, aunque también existe la posibilidad de que ordene el pago inmediato al menos del 1% de los acreedores holdouts que ganó la demanda. Si el juez permite que se cumpla con el pago después de diciembre, entonces Argentina quedaría libre de liquidar el diferencial al resto de los acreedores puesto que existe una cláusula que caduca en dicho mes que implica que la nación debe pagar más a los que aceptaron el canje si les paga más a los que no lo aceptaron. Esto generaría un menor impacto sobre sus finanzas públicas y sobre su sistema financiero pero tendría un mayor impacto sobre el sistema financiero de Latinoamérica ya que lo anterior podría provocar un incremento en la tasa de rendimiento requerida por los inversionistas de la deuda soberana, incluyendo a México.

Cabe destacar que el fallo actual le impide a Argentina seguir pagándole al 93% de los acreedores que sí aceptaron el canje, con lo cual se complica más la situación. No obstante, existe la posibilidad de que el país desacate el fallo y continúe pagando al 93% de los acreedores pero en territorio argentino en lugar del estadounidense, algo que no se sabe cómo contestarían los acreedores, quienes es posible que solicitaran nuevas condiciones para dicha medida, además de que desacatar el fallo judicial estadounidense alejaría a Argentina de los mercados financieros internacionales y terminaría por acabar con los esfuerzos del país por dar una mejor cara al mundo económico.

Lo cierto es que el problema de los fondos buitre, las cuentas públicas de Argentina y sus impactos sobre Latinoamérica seguirán siendo tema a tener presente durante los próximos meses puesto que sus implicaciones podrían modificar la manera en la cual los países lidian con su deuda soberana.

Dr. Gabriela Siller, Director de Análisis Económico-Financiero. Banco BASEgsiller@bancobase.com
Lic. Amaro Alaffa, Analista Económico-Financiero. Banco BASEjalaffa@bancobase.com