Autoridades firman convenio para combate frontal de la corrupción
Dicho convenio, suscrito por los titulares de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, y el de la UIF, Santiago Nieto Castillo, establece las bases y los mecanismos de coordinación conjunta en materia de combate a la corrupción.
Como testigo de honor de la firma, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, destacó que la firma de ese convenio materializa el cumplimiento del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir frontalmente la corrupción.
La cooperación, colaboración y coordinación interinstitucional es parte fundamental de un engranaje de organización que resulta indispensable para el combate de la delincuencia y la corrupción, expuso el funcionario federal en el acto realizado en Palacio Nacional.
Para el gobierno, dijo, es una prioridad que cada dependencia de la administración pública ejerza sus atribuciones a cabalidad, pues la rendición de cuentas es el proceso en el que los ciudadanos vigilan y evalúan el actuar responsable de los servidores públicos, por medio de mecanismos como la transparencia y la fiscalización.
El intercambio de información entre la SFP y la UIF de la SHCP potenciará la evaluación de cada funcionario, pero también de proveedores, contratistas y todo aquel que tenga una relación que implique el uso de recursos públicos federales, precisó.
Urzúa Macías aseguró que los trabajos de colaboración materia de este convenio, darán certeza a la ciudadanía del cumplimiento de la palabra del presidente de la Repúblico de lograr una administración pública eficiente, eficaz y apegada al marco jurídico y al estado de Derecho que debe imperar en el país.
En tanto, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, manifestó que para nadie es desconocido los niveles de corrupción a los que se llegó en México, los cuales lo ubican en el ámbito global en el lugar 103 de 123 países analizados en materia de corrupción, y en el 105 de 113 en materia penal.
Consideró que la corrupción es uno de los problemas centrales de la vida pública del país, y por ello el presidente López Obrador ha sido enfático en decir que habrá un combate frontal y cero tolerancia a las prácticas de corrupción.
México también requiere desarrollar estrategias en materia de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo que lleven a combatir los delitos relacionados en materia de corrupción, pues es un fenómeno trasnacional que tiene que enfrentarse a través de la coordinación y colaboración de las autoridades, anotó.
Detalló que la colaboración con la SFP implica el flujo de información, la diseminación de notas de inteligencia y la posibilidad de dar vistas ante la posible comisión de alguna responsabilidad de naturaleza administrativa o penal relacionada con servidores públicos a nivel federal.
El objetivo, señaló el funcionario federal, es que la UIF genere una política pública de prevención a las prácticas de lavado de dinero, de financiamiento al terrorismo y todos los aspectos relacionados con el combate a la corrupción.
No obstante, la prevención de este tipo de conductas delictivas no puede hacerse disociada de una estrategia fuerte de combate, “prevención y combate son las dos caras de una moneda que nos permitirán generar mejores condiciones de cumplimiento de los principios de corte constitucional”.
Destacó que la UIF trabajará de manera coordinada con la SFP para combatir el lastre de la vida pública mexicana que es la corrupción política, administrativa y en todos los fenómenos relacionados con el servicio público.
A su vez, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, apuntó que la vinculación entre el crimen organizado y el capital financiero es un fenómeno global y alarmante.
Refirió que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las ganancias anuales de las bandas criminales trasnacionales que lavan dinero en el sistema financiero internacional superan 1.3 billones de dólares, lo que equivale a la riqueza de los 49 países menos adelantados del mundo.
“En México, la conservadora y cauta cifra que se manejó en regímenes pasados es que el narcotráfico lava anualmente entre 20 y 30 millones de dólares”, añadió.
Sostuvo que esto está vinculado también a la evasión fiscal y lavado de dinero, los cuales “son dos caras de la misma moneda que constituyen una realidad lacerante que frena el desarrollo económico y vulnera la democracia”.
Mencionó que México es el país que tiene la menor recaudación fiscal de la OCDE respecto al PIB, y ésta se suma a otros abusos como la elusión fiscal, fraudes y el blanqueo de activos, todo lo cual “alimenta y nutre” el crimen organizado y el narcotráfico, que son “las caras más oscuras de la corrupción público-privada”.
Sandoval Ballesteros explicó que mediante este convenio, la SFP establecerá una estrecha colaboración y coordinación con la UIF, y el intercambio de información entre ambas servirá como soporte para el esclarecimiento de los hechos vinculados con la comisión de las infracciones administrativas.
Afirmó que hay una enorme deuda social desde hace varios decenios en contra de la “simulación burocrática” en los procesos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, cuya solución está en la información, ciudadanización y en la transparencia.
“Tenemos claro que la ciudadanía, el pueblo, ya no está dispuesto a seguir padeciendo en carne propia las decisiones de abuso de poder y de simulación que se toman desde las espaciosas y cómodas oficinas de los representantes. Hoy, la nueva institucionalidad de la Cuarta Transformación está al servicio de la ciudadanía”, sostuvo.
Por su parte, el representante de la Oficina de Enlace y Partenariado de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, Antonino de Leo, indicó que la corrupción “es una plaga insidiosa que tiene un amplio rango de efecto corrosivo en la sociedad”.
También, como testigo de honor de la firma del convenio entre la SFP y la UIF, apuntó que el Foro Económico Mundial estima que el costo de la corrupción es de al menos 2.6 billones de dólares, cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.
Las Naciones Unidas, dijo, valora este convenio, pues es un instrumento jurídico que permitirá el intercambio de indicios para soportar jurídicamente, bajo los principios de legalidad y transparencia, todas las investigaciones que se inicien en procesos derivados de responsabilidades de los servidores públicos en casos de corrupción.
(Notimex)
