Por María Dolores Ortega Paredes
Lamento, tener que informarles que además del espionaje en contra de periodistas y activistas sociales, también los contribuyentes de este País serán sujetos.
El fisco federal a partir del 1 de diciembre próximo recargará su papel de Big Brother Fiscal, aunque su intención era serlo a partir del 1 de este mes, de julio.
Con la entrada en vigor de la nueva factura –versión 3.3-, el Servicio de Administración Tributaria tendrá a su disposición una gran cantidad de información relacionada a los ingresos y egresos de todos los contribuyentes.
Será tan exhaustiva la información que pretende obtener, que espero “no se le haga bolas el engrudo”.
Todo esto, mis estimados lectores a costa mejor dicho con costo a cargo de los contribuyentes.
Ojalá que con la misma transparencia con la que observará todas las transacciones comerciales formales ocurridas en el País, los contribuyentes también pudiéramos conocer el destino de cada peso que contribuimos.
Como ocurre en países como Australia, la autoridad fiscal de ese País les informa a través de una misiva a cada uno de los contribuyentes –personas físicas y morales-, las partidas y montos en los que fueron erogados los impuestos pagados en el ejercicio.
Definitivamente que no le cuadrarían las cuentas a nuestro Gobierno mexicano.
Mis queridos lectores, a partir de la entrada en vigor de la reforma fiscal -1 de enero 2014- al primer trimestre de este año los recursos provenientes de Impuesto Sobre la Renta aumentaron en un 88 por ciento.
Mientras en estos años, lo que hemos recibido los ciudadanos son recortes presupuestales, menores niveles de inversión pública, disminución de apoyos al sector productivo, entre otros.
El nuevo sistema de facturación, versión 3.3, sólo agrandará el ojo a la autoridad fiscal federal.
Desafortunadamente, significa un mayor costo para el contribuyente, el tener que cumplir cada uno de los nuevos requisitos, en tiempo y dinero.
Tan de moda está la Era Kafka, que justo cuando más desconfianza tenemos los ciudadanos de nuestro Gobierno federal en turno, al que le hemos asignado la peor calificación en su mandato, las acciones son a la inversa.
La lectura de las nuevas medidas que incorpora la factura, versión 3.3, es que el nivel de desconfianza que tiene la autoridad fiscal federal de nosotros los contribuyentes es altísima.
Así las cosas, y por solo citarles a partir del 1 de enero de 2018 los contribuyentes tendrán que someterse a un proceso de autorización para poder cancelar cualquier factura.
El fisco federal, insisto, quiere disponer santo y seña de cada uno de los productos y servicios que se comercialicen en el País, y para esto los contribuyentes deben seleccionar de entre miles de códigos establecidos, para añadir a la nueva factura.
En su afán de controlar, sólo espero que la autoridad fiscal federal no vaya a perder lo que tanto se vanagloria de haber aumentado, el número de contribuyentes de este País.
La Lic. Ortega Paredes, es Economista de la UANL; laboró para Grupo Reforma, y es analista de temas económicos, fiscales y laborales. @Doloresop
