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La Reforma Energética: solución que impulse el desarrollo económico de México

México, D.F., a 16 de agosto de 2013.- La iniciativa de reforma energética del gobierno federal dada a conocer por el presidente Enrique Peña Nieto, el pasado 12 de agosto, propone modificar los Artículos 27 y 28 de la Constitución a fin de otorgar mayor acceso y más oportunidades de inversión que conducirán a fomentar la participación de particulares en los sectores de hidrocarburos y de electricidad.

Un comunicado de la firma Baker & Mc Kenzie, señala que esta iniciativa, junto con la propuesta presentada por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), representan un paso adelante para mejorar eficiencias, hacer frente a las necesidades y responder a los retos de estos dos sectores. Las propuestas tanto del Gobierno Federal como del PAN, buscan incrementar la participación privada en las actividades del sector energético mexicano, pero mediante diferentes instrumentos y bases legales.

“Se trata de un esfuerzo muy positivo. Ambas propuestas se concentran en los artículos constitucionales que integran los cimientos jurídicos del sector energético mexicano”, comenta Benjamín Torres Barrón, Socio líder del Sector de Energía, Minas, e Infraestructura de Baker & McKenzie México. “Las modificaciones propuestas deberán atraer y detonar inversión privada, lo que a su vez facilitará la competencia y la eficiencia económica en el país.”

Comparación entre ambas propuestas

Las principales semejanzas entre ellas son:

·         Modificación de la Constitución mexicana.

·         Apertura a la participación privada en las actividades de exploración, producción, refinería, transporte, almacenamiento y distribución de petróleo y otros hidrocarburos, al igual que en la industria de la generación de energía eléctrica.

·         Necesidad de implementar una estrategia para reducir la actual dependencia fiscal respecto a los recursos petroleros y PEMEX.

·         Reducción de los precios de los combustibles y tarifas eléctricas para beneficio de los usuarios finales.

·         Fortalecerá PEMEX, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), entre otras.

Por otra parte, existen ciertas diferencias entre ambas propuestas, tales como:

–         La propuesta del Gobierno Federal conserva la actual restricción de otorgar concesiones en materia de petróleo e hidrocarburos en favor de empresas privadas, permitiendo la participación de particulares únicamente mediante la celebración de contratos de utilidad compartida con el Gobierno Federal; mientras que la iniciativa del PAN pretende precisamente permitir la participación privada tanto en concesiones como en contratos para las actividades petroleras y de hidrocarburos.

·         La iniciativa del Gobierno Federal propone mantener la transmisión y distribución de electricidad para el servicio público como actividad exclusiva del estado mexicano; por su parte, el PAN llama a abrir la competencia en el mercado, permitiendo la realización de tales actividades e incluso la comercialización de la electricidad por parte de empresas privadas.

·         El PAN está contemplando una reforma al artículo 28 constitucional para reconocer como organismos constitucionales autónomos a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la creación de uno nuevo, el Fondo Mexicano del Petróleo (FMP). El Gobierno Federal, por su parte, planea fortalecer la CRE y la CNH pero no a nivel constitucional, y no planea crear un nuevo organismo para la administración de los fondos petroleros, como lo hace el PAN.

“La implementación de estas reformas requiere consecuentemente de modificaciones a las leyes secundarias vigentes en materia de petróleo, hidrocarburos y electricidad. Dichas leyes secundarias serán los instrumentos que reflejen a mayor detalle el verdadero alcance de estas propuestas y determinen las reglas aplicables para los posibles cambios y nuevas oportunidades que se pretenden implementar”, profundiza el experto en el Sector Energético de Baker & McKenzie México.

“Las iniciativas del Gobierno Federal y del PAN son la solución adecuada para abordar el problema desde su raíz mediante la modificación de los artículos constitucionales necesarios que más tarde permitirán modificar las leyes secundarias correspondientes.”

Características legales de las propuestas

a)     Gobierno Federal

Una de las características legales que el Gobierno Federal introduce en su reforma es la implementación de contratos de utilidad compartida para la exploración y extracción de hidrocarburos que celebrará el Gobierno Federal con PEMEX, o bien, con particulares. La ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo determinará además los mecanismos de pago que se dispondrán en estos contratos, que podrían hacerse mediante compensaciones en efectivo o un porcentaje equivalente a los recursos obtenidos (utilidad compartida). Sin embargo, el Gobierno Federal no pretende permitir concesiones ni contratos de producción compartida, sino únicamente contratos de utilidad compartida.

Otra figura jurídica propuesta por el Gobierno Federal es el de autorizar, mediante permisos otorgados por el Ejecutivo Federal, la participación de particulares en actividades de refinería, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos así como en el área de petroquímica básica. Estas actividades actualmente están reservadas al Estado Mexicano.

Respecto a la industria eléctrica, el Gobierno Federal propone abrir la generación de energía eléctrica a los particulares, pero se reservará para el Estado Mexicano la administración y el control del Sistema Eléctrico Nacional. También se reservarán la transmisión y la distribución de electricidad para el servicio público, pero la CFE podrá celebrar contratos con particulares para realizar dichas actividades.

b)    PAN

Una figura legal propuesta por el PAN, la cual sin duda alguna tendría un gran impacto en el modelo regulatorio energético actual, es el otorgamiento de concesiones a empresas privadas para la exploración y producción de petróleo e hidrocarburos, que en la actualidad están prohibidas por la Constitución.

Asimismo, planea transformar sustancialmente el sector eléctrico en México, proponiendo la apertura del mercado a la competencia de varias empresas privadas. Con esta propuesta de reforma, los particulares podrían bajo ciertas condiciones generar, transmitir, distribuir y comercializar la energía eléctrica, lo que en la actualidad es una función exclusiva de la CFE.

Por otra parte, el PAN busca la creación de un organismo constitucional autónomo denominado Fondo Mexicano del Petróleo (FMP), que tendrá como objetivo la administración de fondos y reservas petroleros. Su creación deberá sustentarse a través de una nueva ley que rija la organización, operación y funciones del FMP.

“Estas iniciativas, tanto las del Gobierno Federal como las del PAN, representan modificaciones importantes a la Constitución mexicana. No se ha visto una reforma de esta magnitud en años y se espera que la misma impulse el desarrollo económico del país”, sostiene el Lic. Torres Barrón. “Sin embargo, para poder evaluar objetivamente los beneficios y el impacto de esta reforma propuesta, necesitamos esperar y ver el resultado del proceso de discusión en el Congreso de la Unión y de la modificación correspondiente a las leyes secundarias existentes. A veces los detalles marcan la diferencia.”

Conclusión

Aunque podríamos decir que esta reforma presenta algunos espacios en blanco y deja por definir algunas interrogantes, tenemos que reconocer que el enfoque estratégico del Gobierno Federal no pretende ser perfecto, sino más bien busca una propuesta que resulte realmente viable y que se aproxime a crear un consenso entre las diferentes posturas y planteamientos políticos. Una postura más agresiva podría distanciar las coincidencias  y entorpecer la coyuntura que prevalece para acordar finalmente sobre una reestructura al sector. México no puede darse el lujo de discusiones y debates interminables.

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