Brinda resultado electoral oportunidad a Gobierno de cambiar a un discurso de cooperación

28 de junio de 2021.- De acuerdo con el Análisis Económico Ejecutivo del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, CEESP, el resultado electoral le da al gobierno una oportunidad para cambiar su discurso a favor de la cooperación, en vez de la confrontación, pero dicho cambio no se ha presentado.

El SAT anunció que la reforma fiscal se basará en la fiscalización y la simplificación.

Las tasas efectivas de impuestos pagados por las empresas publicadas por el SAT no están calculadas de manera congruente con la base gravable que corresponde y generan la idea, errónea, de que el pago es sumamente reducido.

Es importante que la fiscalización no recurra a estrategias extremas e inadecuadas de intimidación, a fin de no convertirse en un disuasivo adicional para la inversión en el futuro.

Para aprovechar las oportunidades que se presentan para la reactivación, un discurso de cooperación y certidumbre jurídica es requerido.

OPORTUNIDAD PARA LA COOPERACIÓN Y EVITAR LA CONFRONTACIÓN

A mitad del camino de su gobierno y después de una elección que le dio triunfos importantes, pero que al mismo tiempo le envió mensajes relevantes de parte de varios segmentos de la población, el presidente tiene la oportunidad de hacer cambios para fortalecer su proyecto. En particular, de optar por acciones y narrativa de unidad a fin de recuperar la confianza de quienes mostraron su desacuerdo -y que lo apoyaron en su elección-, principalmente en la Ciudad de México.

No obstante, en días recientes, parecería que el Ejecutivo podría optar por otro camino. El de continuar con la confrontación que le ha caracterizado, ahora sobre todo ante los grupos que no votaron por Morena en la capital, identificándolos como “clase media” y atribuyendo diversos calificativos en tono peyorativo a este concepto de clase social. Incluso ahora el discurso se extiende a más funcionarios del gobierno que comienzan a ofrecer información sesgada que aviva el enfrentamiento que ha alimentado el gobierno en su primera mitad.

Evidentemente, esta postura no es la indicada en un momento en el que la reactivación del crecimiento económico es necesaria para revertir el fuerte daño causado por la crisis en todos los grupos sociales, pero particularmente en los de menores ingresos. Ello porque el crecimiento requiere inexorablemente de inversión, de creación de mayor capital. La pandemia agudizó la caída de la inversión, aunque ya venía declinando significativamente como consecuencia de políticas que la han disuadido. Cifras del INEGI muestran que al primer trimestre del presente año la inversión acumuló diez trimestres consecutivos con caídas anuales.

Hemos insistido en que para que la inversión se reanime, es fundamental un cambio de orientación del presupuesto federal y de señales del gobierno, que impulse la inversión tanto pública, como privada. Se requiere de mejor infraestructura pública para servicio del público y como complemento a la actividad productiva, y de inversión de empresas nacionales y extranjeras que genere más productividad y amplíe el acervo de capital para apuntalar un mayor crecimiento.

Pero, hasta ahora el presidente parece no cambiar el rumbo.  En una de sus conferencias de prensa, aseveró que “pagan más impuestos los pobres y los trabajadores que los de arriba, incluso Impuesto Sobre la Renta”.  Posteriormente, la responsable del Servicio de Administración Tributario (SAT) señaló que la fuente principal de recursos del gobierno -que sirve a su vez para financiar el gasto público- es el cobro del impuesto sobre la renta (ISR) a grandes contribuyentes de 40 sectores económicos quienes pagan una “tasa efectiva”1/ de impuesto sobre la renta de 1.3% en promedio.

Quizá la presunción de que los pobres y trabajadores pagan más impuestos “que los de arriba”, y la consecuente presunción de injusticia, se apoya en las “tasas efectivas” de pago de impuestos calculada por el SAT, ya que el 1.3% en promedio es sumamente bajo cuando se compara con la tasa del ISR a las empresas, 30%.

Sin embargo, desde nuestra perspectiva, el cálculo del SAT es confuso o sencillamente incorrecto. Ello porque se hace dividiendo el impuesto pagado entre el ingreso de las empresas.  Pero esa no es la base gravable del ISR aplicable a ellas.  De acuerdo con la ley, la base gravable del ISR de las empresas es su utilidad contable (ingresos netos de gastos) menos las deducciones permitidas. Obviamente este denominador es sustancialmente menor a los ingresos brutos y por lo tanto las tasas efectivas calculadas correctamente son mucho mayores que las publicadas por el SAT.

Desafortunadamente, el dicho del presidente y los cálculos de la autoridad tributaria contienen un sesgo que contribuyen al ánimo de confrontación social.

El cálculo correcto de la tasa efectiva de pago de ISR por parte de las empresas no es sencillo, ya que implica conocer la utilidad de las empresas. Desde luego, esa información la tiene el SAT, pero es pública sólo para las empresas que cotizan en los mercados de valores. Así, se calcula que la tasa efectiva de pago de ISR en México de dichas empresas promedia alrededor del 30% de sus utilidades antes de impuestos. Por su parte, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) estima que la tasa efectiva pagada por las empresas en México es de 27%.

La idea de que las empresas no pagan impuestos o que pagan menos que “los pobres y los trabajadores” es equivocada. De acuerdo con los informes de la SHCP para 2020, dentro de la recaudación del ISR, que incluye personas morales, físicas y otros contribuyentes auxiliares, las primeras -las empresas- pagaron el 50.2% del total. Dentro de esa proporción, el 42% fue aportado por empresas con ingresos de más de 100 millones de pesos anuales, lo que habla de una fuerte concentración del pago de ISR en este grupo. Del ingreso tributario total, el impuesto a la renta de personas morales equivale al 26.5%, monto sólo ligeramente menor al de la recaudación total del IVA, que es el mayor. Además, las empresas sirven parcialmente como entes recaudadores, ya que la suma de su tributación propia y las retenciones que hacen y enteran por el ISR por cuenta de sus trabajadores equivale a tres cuartas partes de la recaudación total del gobierno

Por su parte, el SAT reporta que el grupo de grandes contribuyentes aportó el 35% del total recaudado por ISR en 2020 y fue el origen del 52.1% de la recaudación tributaria total2/.

Desde luego, lo anterior no significa que el pago de impuestos de la población asalariada no sea importante. El SAT informa que durante el 2020 los 46.3 millones de contribuyentes que integran este grupo aportaron 829.3 mil millones de pesos (mmp) al fisco, que equivale al 47% del total de la recaudación por concepto del ISR y al 25% del total de los ingresos tributarios. Al igual que en el segmento de empresas, en este resalta la progresividad de la carga fiscal, es decir, que se paga más proporcionalmente con mayores ingresos. Si se considera la estructura de la población ocupada de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) por nivel de ingresos, poco más del 40% de los asalariados reportan ingresos de 1.5 salarios mínimos, de tal la manera que, como consecuencia del sistema fiscal que los favorece con un crédito al salario, no pagan impuesto sobre la renta.

Recientemente, el SAT anunció que una próxima “reforma fiscal” se basaría en mayor y mejor fiscalización y en simplificación, más no en nuevos o mayores impuestos. El anuncio coincidió con la publicación de las tasas efectivas de pago de impuestos sobre la base a los ingresos, lo que, como se argumenta arriba, es erróneo y puede generar una idea de que las empresas no pagan su porción justa de impuestos. Así, parecería que la dureza de la fiscalización vendría acompañada de una presunción, ya expresada por varios miembros del grupo político en el poder, de que las empresas no pagan lo que deberían en impuestos. Como se discute en párrafos anteriores, este no parece ser el caso.

La carga fiscal (recaudación total como proporción del PIB) aumentó sustancialmente entre 2013 y 2020, al pasar de 8.3% a 13% en 2018 y a 14.4% en 2020. En el siguiente cuadro se detalla la composición de esos incrementos.

La reforma fiscal del 2014 generó fuertes recursos hasta 2018, principalmente por la recaudación adicional en IEPS y en ISR de personas morales. El impulso en esta administración también se ha dado mayormente en IEPS y en menor medida en ISR de personas físicas e IVA. Aunque el aumento del ISR empresarial fue importante en 2020 gracias a la fiscalización, o eficiencia recaudatoria y cobranza sin judicialización, sólo generó 0.3 puntos porcentuales del PIB respecto a 2019.

Es posible que el potencial de la fiscalización como generadora de mayores recursos no sea tan fuerte como si lo fue en 2020, cuando por ese concepto se recaudó un monto de 386 millones de pesos, una parte importante mediante negociación de créditos fiscales de grandes contribuyentes. Como se ha señalado antes en este espacio, es difícil que se pueda mantener ese ritmo hacia futuro.

Desde luego la autoridad recaudatoria debe utilizar los instrumentos legales a su alcance para evitar la evasión. No obstante, es muy importante que se abstenga de recurrir a estrategias extremas de intimidación o amenazas basadas en acusaciones no probadas de delitos graves como defraudación equiparada a delincuencia organizada, que requieren prisión preventiva de oficio. Si este fuera el caso, la recaudación mediante fiscalización bajo eficiencia recaudatoria y cobranza sin necesidad de judicialización sí puede dar frutos en el corto plazo con cobros de créditos fiscales, pero a la larga se convertiría en un disuasivo más para la inversión productiva en el país, al generar mayor inseguridad jurídica.

México se encuentra en una situación privilegiada para comenzar una etapa de reactivación de su economía, al tener una posición de deuda pública más sana que otras economías emergentes y estar cerca de la economía de los Estados Unidos. Para aprovechar las oportunidades de esa situación, la caída de la inversión debe revertirse y para ello se requiere de un ambiente interno seguro, con reglas del juego claras y con visión de sana competencia, inclusión y cooperación entre todos los sectores. Claramente, si el presidente comienza a dar mensajes con este espíritu de cooperación y de fortalecimiento de la certidumbre jurídica, la inversión comenzara su recuperación más pronto que tarde.

México

El INEGI informó que durante los primeros quince días de junio los precios al consumidor registraron un incremento de 0.34%, lo que representó su mayor alza para el mismo periodo desde el 2002. El principal origen de este comportamiento fue el alza de 0.35% en el subíndice subyacente, que además de generar el 78% de la inflación mensual, fue su mayor aumento para una primera quincena de junio desde 1999. El aumento de los precios de mercancías, en especial las no alimenticias que aumentaron 0.46% y del rubro de precios de otros servicios que reportaron un incremento de 0.52%, fueron la principal fuente de la inflación general, toda vez que en conjunto fueron el origen de la mitad del incremento general de los precios.

Por su parte, los precios del subíndice no subyacente aumentó 0.31% en el mes, especialmente por el alza de 0.59% en los precios de energéticos, donde el gas LP continúa generando presiones. En conjunto, los precios agropecuarios aumentaron 0.11%.

De esta manera la inflación anual de la primera quincena se ubicó en 6.02%, en tanto que la inflación subyacente fue de 4.58%, la más alta desde la primera quincena de enero del 2018. La inflación no subyacente se ubicó en 10.61%.

La preocupación radica en la resistencia, incluso en el repunte de la inflación subyacente, que es el indicador que muestra la tendencia de la inflación general. Más allá de los efectos aritméticos de comparación con bases más bajas, las presiones crecen y parecen anticipar mayores niveles de inflación en los siguientes meses.

Ante esta situación el Banco de México estima que la inflación general converja a la meta de 3% en el tercer trimestre de 2022 y no en el segundo como había previsto en su informe trimestral. Asimismo, las mayores presiones en la inflación llevaron a la Junta de Gobierno del Banco Central a incrementar su tasa de interés de referencia en 25 puntos porcentuales, para ubicarse en 4.25%

De acuerdo con el reporte del INEGI, durante abril la economía, medida a través del indicador global de la actividad económica (IGAE), registró una disminución de 0.2% respecto al mes previo, comportamiento que contrasta con la estimación de un avance de 0.3% realizada previamente por el INEGI mediante su modelo de nowcast. El resultado mensual del IGAE respondió principalmente a la baja de 2.9% en las actividades primarias y la caída de 0.2% en la actividad secundaria. Por el contrario, las actividades terciarias reportaron un avance mensual de 0.3%. Pese a esta baja mensual, el IGAE superó en 21.4% su nivel del mismo mes del año pasado, respondiendo al efecto aritmético de compararse con su valor más bajo tras el impacto de la pandemia. En términos anuales las actividades secundarias crecieron 35.7% y las terciarias 17.0%.

La precarización del empleo y la dificultad para generar nuevos puestos de trabajo, sigue afectando la capacidad de consumo de los hogares. El INEGI informó que en abril las ventas al menudeo disminuyeron 0.4%, después de dos meses con aumentos importantes. Esto reflejó la disminución de las ventas en cinco de los nueve segmentos que integra el indicador general. Sin embargo, respecto al mismo mes del año pasado, las ventas muestran un avance de 29.7%, básicamente por el efecto aritmético de compararse con una base muy baja.

Por su parte, a pesar de que el indicador de ingresos totales por suministro de bienes y servicios tuvo un avance mensual de 0.6%, este fue notoriamente menor a los aumentos de 3.5% y 2.6% de febrero y marzo. Al igual que el resto de indicadores, el efecto aritmético de compararse con el nivel más bajo del año pasado por cuestiones de la pandemia, propició, en este caso, que el sector servicios reportara un repunte de 24.3%, después de 16 meses ininterrumpidos con variaciones anuales negativas.

Estados Unidos

De acuerdo con la tercera revisión del Departamento de Comercio, durante el primer trimestre del año el PIB creció a una tasa anualizada de 6.4%, porcentaje que se mantuvo sin cambio respecto a la estimación previa. No obstante, a su interior hubo algunos ajustes. El gasto en consumo personal mostró un crecimiento de 11.4%, una décima de punto más que el dato previo. La inversión interna privada se corrigió de una caída de 4.7% a una de 3.4%. Por su parte, las exportaciones disminuyeron 2.1% y las importaciones 9.5%, después de prever una caída de 2.9% y un aumento de 6.7% respectivamente. Finalmente, el gasto del gobierno se revisó a la baja de un avance de 5.8% a 5.7%.

Asimismo, el Departamento de Comercio informó que en mayo el ingreso personal disminuyó 2.0%, medio punto porcentual por debajo de la caída que esperaba el mercado. Este comportamiento respondió, principalmente, a la disminución de 11.8% en los beneficios sociales del gobierno. Por su parte, el gasto personal se mantuvo sin cambio, mientras que el mercado anticipaba un aumento de 0.3%. De esta manera, la tasa de ahorro personal como porcentaje de la ingreso disponible se redujo de 14.5% en abril a 12.4% en mayo.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano señaló que, con base en datos ajustados estacionalmente a tasa anual, en mayo la venta de casas nuevas sumó 769 mil unidades, lo que en términos relativos significó una disminución de 5.9% respecto al mes previo. El mercado anticipaban un comportamiento más dinámico al estimar una venta de 873 mil viviendas.

Por su parte, la National Association of Realtors informó que, con base en cifras ajustada a tasa anual, durante mayo se vendieron 5.8 millones de viviendas existentes, cifra que superó el pronóstico del mercado que anticipaba la venta de 5.71 millones. Sin embargo, en términos relativos esto significó una disminución de 0.9% respecto al mes previo.

Reportacero