El aumento de delitos en diversas zonas del país provocó que congresos estatales reformaran sus códigos para contrarrestar las acciones de los delincuentes, ya sea incrementando penas, apropiándose de bienes sin sentencia judicial o legislando sobre temas que solo compete al Congreso de la Unión.
Uno de estos es Chihuahua, entidad pionera en los juicios orales por ser la primera en poner en marcha el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).
Desde hace años, el estado se ha visto inmerso en actos de violencia por la presencia del crimen organizado y cuyo municipio, Ciudad Juárez alguna vez fue unas de las ciudades más peligrosas del mundo.
Además del peligro que representa la disputa entre cárteles del narcotráfico, uno de los delitos que más aqueja a la entidad es la extorsión, motivo por el cual en 2014 modificó la ley para castigar a los delincuentes con penas que van de los 30 a 70 años de cárcel.
Recientemente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional dicha penalidad por ser desproporcionada.
Lo anterior, beneficiará a unas 70 personas que fueron condenadas por este delito, mismas que podrán ir recobrando su libertad una vez que sus amparos sean estudiados.
Solo por citar, el Código Penal Federal establece una pena de dos a ocho años de cárcel por el mencionado ilícito, lo cual no tiene punto de comparación con lo avalado por los legisladores estatales.
