INTERNACIONALES

Desata polémica Salvaguardia al acero en Colombia

9 de febrero.- Las medidas adoptadas por el gobierno Colombiano el año pasado, que buscan proteger la producción del acero, no solo tienen enfrentados a los productores nacionales y extranjeros, sino que el problema ya escaló al ámbito diplomático.

Dichas salvaguardias, que consisten en imponer mayores aranceles (impuestos) a las importaciones de algunos productos derivados del acero, están próximas a vencerse y el gobierno deberá decidir si las prolonga o las retira.

A la espera de la decisión, el sector siderúrgico se ha calentado más que nunca. En los días previos a la cumbre de la Alianza del Pacífico, que se celebra en Cartagena con los presidentes de México, Colombia, Chile y Perú, el embajador del país azteca, Arnulfo Valdivia, le solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informes sobre los alcances de la salvaguardia para importar alambrón de acero.

La preocupación es evidente. Las ventas de ese producto –de origen mexicano– a Colombia, que ascienden a 542 millones de dólares anuales, se están viendo afectadas por las restricciones que puso el gobierno actual en octubre del año pasado. México considera que con esta medida se creó una especie de “diferendo comercial” entre los dos países y se está castigando a empresas mexicanas que apoyan la producción colombiana.

La medida también tiene molestos a los países de la Unión Europea, que sostienen que es proteccionista y que va en contra de las normas del comercio internacional.

En el país la polémica enfrenta a los industriales con los importadores de acero. La semana pasada se creó la Cámara Colombiana del Acero (Camacero), un gremio conformado por 47 empresas del sector entre las que están importadores, pequeños productores, comercializadores, ferreteros y trefiladores –los que transforman el alambrón en alambre–. Su primer gran objetivo es lograr el desmonte de estas salvaguardias.

Para Édgar Plazas, presidente del gremio, desde que se aplicó la salvaguardia provisional a las importaciones de alambrón de acero y acero corrugado los precios de estos productos se incrementaron en un 15 por ciento. “La ineficiencia no se puede premiar con medidas proteccionistas”, dice, lo que se interpreta como una indirecta a Paz del Río y Diaco, que están en manos de las brasileñas Votorantin y Gerdau, que solicitaron la salvaguardia porque se veían afectadas por las importaciones masivas de estos productos.

Paz del Río asegura que el ingreso masivo de acero afecta la industria nacional teniendo en cuenta que las importaciones se duplicaron en menos de dos años, mientras que la participación de la industria nacional bajó del 64 al 33 por ciento.

Pero Camacero tiene otro punto de vista. Dice que el país tiene que acudir a las compras en el exterior porque la producción nacional apenas llega a 1,5 millones de toneladas al año, mientras que la demanda alcanza los 3,2 millones. Para demostrar que en Colombia sí se puede producir acero a precios competitivos menciona a la Siderúrgica de Caldas, una empresa que arroja buenos resultados.

En una audiencia realizada recientemente en el Ministerio de Comercio, para escuchar a todas las partes involucradas, Óscar Ramírez, presidente de la Organización G&J, dedicada a importar acero, sostuvo que si bien no están en contra de Paz del Río, no es justo que los colombianos paguen un producto muy caro por los salvavidas que el gobierno le ha arrojado a esta multinacional extranjera.

La decisión que debe tomar el gobierno colombiano no es fácil por el impacto económico que tendría en uno u otro sector y porque está en marcha la Alianza del Pacífico, el gran proyecto de integración regional.

Se sabe que un grupo de empresarios mexicanos estudia construir una siderúrgica en la costa Atlántica y que está pendiente de la decisión que tome el gobierno.

Lo cierto es que mantener por mayor tiempo las salvaguardias enviaría un mensaje contradictorio a los países de la Alianza del Pacífico, que este lunes oficializan la eliminación de impuestos para el 92 por ciento del comercio.

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