Integrantes del Instituto Estatal Electoral (IEEH), así como diversas representaciones partidistas con presencia en la entidad, demandaron un análisis a fondo, discusión adecuada y un consenso en la discusión y posible aprobación del denominado “plan b” de reforma electoral dentro del Senado de la República.
Su impacto a corto, mediano y largo plazo debe priorizarse, apuntó la consejera Laura Araceli Lozada Nájera, pues hay rubros que no son claros o inciertos ante el desarrollo de procesos electorales y la certeza del voto de la ciudadanía en cada elección, como es el caso de la supuesta duplicidad de funciones e instituciones redundantes; así como el aumento en el costo de operación de los procesos electorales en los últimos 20 años.
“Hace 20 años las instituciones no tenían las atribuciones constitucionales que ahora tienen, acusan de un injustificado costo de procesos electorales, pero al final son medidas de seguridad que brindan certeza en cada etapa del proceso electoral; finalmente, la conformación de una élite burocrática, así como lastres del servicio profesional electoral, esto no es así, a las personas dentro de este sistema se les evalúa anualmente mediante metas colectivas e individuales, además de cursos permanente como parte del programa de formación permanente a los que están sujetos y deben ser acreditados con excelencia”, manifestó.
