La imposición de aranceles al acero por parte del gobierno de Gustavo Petro comienza a generar tensiones en la cadena de la construcción, donde desarrolladores y contratistas advierten posibles incrementos en costos de obra, pese al respaldo que mantiene la industria siderúrgica.
Mientras la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) defiende la medida como un mecanismo para corregir distorsiones del mercado, empresas constructoras han solicitado revisar o desmontar los aranceles al considerar que encarecen insumos clave en proyectos de infraestructura y vivienda.
El presidente del gremio industrial, Bruce Mac Master, sostiene que la decisión busca frenar prácticas desleales como el dumping y la desviación de comercio, particularmente de países con sobreoferta como China. Sin embargo, del otro lado de la cadena productiva, el sector constructor advierte que el ajuste podría trasladarse a precios finales.
La ANDI argumenta que los aranceles permiten que el acero nacional compita en mejores condiciones, tanto en precio como en calidad, y que forman parte de una tendencia global de defensa comercial. De acuerdo con datos de la Organización Mundial del Comercio, el acero es uno de los productos con mayor número de medidas restrictivas en el mundo.
En esa línea, la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero) reporta que entre 2010 y 2023 se implementaron 737 medidas de defensa comercial en el sector siderúrgico a nivel global, reflejo de un mercado afectado por subsidios, sobrecapacidad y competencia considerada desleal.
Aun así, especialistas advierten que el reto para Colombia será equilibrar la protección de su industria con la competitividad de sectores consumidores de acero, como la construcción, que representan un motor clave para la economía.
