Estoy ante un pelotón de fusilamiento, fue la frase con la que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner definió la ilegalidad de la solicitud para condenarla a 12 años de prisión e inhabilitarla de por vida, anunciada el pasado 22 de agosto por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
Las acusaciones en su contra fueron ampliamente respondidas por los abogados de la defensa que derrumbaron las falsedades del alegato final de la fiscalía, con pruebas, documentos y testimonios, con que dio por finalizado el juicio por presunta corrupción en el manejo de recursos de obras públicas en la causa conocida como las obras de Vialidad, efectuado en la provincia de Santa Cruz, y que fue reabierto en mayo de 2019 agregándose acusaciones, sin pruebas, ni siquiera sin atenerse a la pericias realizadas.
En lo que serían las últimas palabras de los acusados en este proceso, último paso antes de que se conozca la sentencia, en una semana, la ex presidenta, el ex ministro de Producción Julio de Vido, otros ex funcionarios y empresarios, testimoniaron que la construcción de las obras necesarias estaban terminadas, y defendieron que, por razones de economía, estas tareas fueran ejecutadas por el empresario Lázaro Baez, radicado en Santa Cruz, con lo que los precios eran más bajos al decidir las licitaciones.
