Explica que, aunque constitucionalmente es el Congreso quien tiene el derecho de imponer aranceles, existen leyes que delegan al jefe del Ejecutivo dicha prerrogativa.
En principio, existen al menos cuatro leyes que Trump puede invocar para imponer tarifas arancelarias eludiendo la intervención del Poder Legislativo.
En primer lugar, el nuevo mandatario podría citar la «Ley de Comercio con el Enemigo de 1917», que permite gravar con aranceles ilimitados en “Tiempos de Guerra”.
Llama la atención el hecho de que no es necesario que los EUA se encuentren en guerra contra México y/o China, sino basta con que el país se encuentre en guerra, en cualquier lugar del mundo, para aplicar aranceles al país que desee.
Expertos consideran que el actual despliegue de fuerzas especiales estadounidenses en Siria y Libia son suficientes para cumplir el requisito, dado que existe un antecedente de 1971, cuando el entonces Presidente Richard Nixon impuso aranceles de importación del 10% sin dirigirlo a ninguna nación, citando la Guerra de Corea, la cual había terminado casi dos décadas antes, pues técnicamente EUA seguía en estado de emergencia porque éste no se había levantado.
Un segundo recurso que Trump puede apelar es la “Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977”, que brinda al Presidente la autoridad para imponer tarifas a otro país durante una «emergencia nacional».
Como en el caso anterior la definición de una emergencia es vaga, pero la pérdida de puestos de trabajo manufactureros frente a México y China sería suficiente.
La gran diferencia entre esta Ley y la de 1917 es que Trump no puede confiscar activos usando la segunda, aunque ese no es su objetivo. Esta ley se ha invocado contra Nicaragua, Panamá, Sierra Leona y Somalia.
La tercera ley que brinda al Ejecutivo poderes para imponer sanciones comerciales es la “Ley de Comercio de 1974, Sección 122”, que le otorga autoridad para imponer tarifas generales.
Bajo este recurso Trump sólo necesita encontrar «un impacto negativo en la seguridad nacional de las importaciones», y como en el caso anterior, los trabajos perdidos podrían ser ese “impacto adverso”.
Esta legislación, sin embargo, tiene un par de limitaciones: La tarifa sólo puede ser de hasta un 15% en todos los bienes; Y sólo es bueno para 150 días.
Rebasadas esta limitantes el Congreso de EUA tiene que aprobarlo.
El último recurso citado en el análisis es la “Acta de Expansión Comercial de 1962”, que en su momento fue utilizada por Ronald Reagan. Esta legislación permite al Presidente imponer tarifas específicas en ciertas industrias, como la del acero. Aunque no es muy amplía permitiría a Trump elevar las tarifas tan alto como quiera.
El análisis concluye señalando que, de utilizarse estos recursos para imponer tarifas arancelarias, no cabe duda de que Tump enfrentaría resistencias dentro de su administración, dentro de congreso, en las empresas, y desde luego de terceros países, pero, el tiempo está de su lado, pues las apelaciones en contra tardarían en el mejor de los casos, meses en resolverse, o incluso años.
Respecto a los montos de las tarifas, estima que a México se impondría una tasa del 35% y de 45% a China.
Asimismo, señala que sería más fácil imponer tarifas a Chinas, pues en el caso de México primero tendría que cancelar el Tratado de Libre Comercio (TLC).
Ahora bien, de ocurrir el escenario planteado, es preciso señalar que los países afectados podrían, y sin duda lo harían, tomar represalias, iniciando una guerra comercial.
Agencias
