13 de agosto de 2018.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) invitó a las autoridades a impulsar una regulación sobre los vehículos internados ilegalmente al país a fin de evitar golpes en la industria automotriz mexicana.
El organismo empresarial señaló que la venta de autos ligeros disminuyó en 8.0% y la de vehículos pesados decreció en 9.0% durante el primer semestre de 2018.
Las tres marcas con mayor presencia en México también experimentaron una caída considerable en sus ventas: 16% para Nissan, 13.2% para General Motors y 22% para Volkswagen, apuntó en un comunicado.
Este panorama adverso se puede explicar por varios factores, en especial por la incertidumbre asociada a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y las elecciones en México, y por en el aumento a las tasas de interés y la volatilidad cambiaria que impactan directamente las ventas en el sector, expuso.
Advirtió que la producción y venta de automóviles en la economía formal han sido afectadas por los programas de inspiración política para la “regularización” de vehículos internados ilegalmente al territorio mexicano, también conocidos como “autos chocolate”.
La Coparmex, dirigida por Gustavo de Hoyos, acentuó que la introducción ilegal de “autos chatarra” compromete la seguridad vial en calles y carreteras, pero sobre todo pone riesgo la seguridad pública.
“No es un asunto marginal”, subrayó la cúpula empresarial, al exponer que la comercialización de los vehículos chatarra representa el 10.05% de las ventas totales de vehículos en México, en detrimento de la producción nacional.
La venta de vehículos importados usados sobrepasó las ventas totales de unidades nuevas de todo el país entre 2006 y 2008, según un reporte de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), refirió.
Agregó que este tema se debe considerar dentro de las renegociaciones del TLCAN, toda vez que será “inevitable” que México sea el basurero regional de vehículos obsoletos provenientes del resto de Norteamérica, sin una normativa fortalecida que otorgue seguridad jurídica a quienes importan vehículos dentro de la ley.
Añadió que la introducción de vehículos usados sólo crea una competencia desleal e indirecta con los producidos en el territorio nacional, el cual transfiere recursos al exterior, sin ningún impacto positivo en la economía del país.
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