6 de abril de 2026.- El sector siderúrgico europeo atraviesa una crisis. El principal culpable son los elevados precios de la energía en el continente, que se han disparado tras la guerra con Irán.
Sin embargo, el problema de fondo reside en otro lugar: la industria corre el riesgo de generar cada vez menos beneficios para los directivos y accionistas. En medio de esta crisis, la izquierda tiene la oportunidad de defender con firmeza la nacionalización del sector siderúrgico y una reforma integral de los mercados energéticos europeos.
Hoy, con los precios del gas en Europa disparándose un 70% tras la guerra ilegal entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la industria siderúrgica del continente, altamente consumidora de energía, vuelve a estar en alerta.
El sector siderúrgico no es una excepción. Esto se suma a la presión de las importaciones de acero barato y al exceso de capacidad global, que, según la industria, representan una «amenaza existencial para la producción siderúrgica europea».
Pero la crisis de la UE es mucho más profunda.
Los productores de acero del bloque suelen culpar a sus competidores globales, y en particular a China, el mayor productor de acero del mundo, por inundar el mercado con un exceso de producción. Sin embargo, Europa también tiene su propio problema de sobrecapacidad.
Si bien la capacidad instalada de la UE ronda los 198 megatones de producción anual potencial, su producción nacional de acero cayó a 125.8 megatones en 2025: lo que la industria denomina un « mínimo histórico ». La continua debilidad de la demanda en sectores que utilizan acero, como la fabricación de automóviles y la construcción, ha obligado a los productores de acero a reducir la producción.
La producción siderúrgica en Europa se ha enfrentado repetidamente a este tipo de crisis. Hoy, sin embargo, a la primera se suma una segunda crisis: la descarbonización. La industria siderúrgica es una de las más contaminantes del mundo, responsable del 8 al 10 por ciento de las emisiones globales.
Esta presión para descarbonizar la economía alcanzará niveles sin precedentes, dado que se prevé que la siderurgia convencional, intensiva en combustibles fósiles y que utiliza altos hornos, pierda competitividad en la UE durante la década de 2030 como consecuencia de la fijación de precios del carbono.
Las instituciones de la UE se centran principalmente en apuntalar los beneficios de las siderúrgicas privadas para evitar su deslocalización a países donde la electricidad y la contaminación son más baratas. Sin embargo, hoy en día, un movimiento que reúne a sindicatos y actores de izquierda en toda Europa está consolidándose en torno a la demanda de una alternativa: la propiedad pública de la producción de acero.
En noviembre de 2025, la Asamblea Nacional francesa aprobó un proyecto de ley para nacionalizar las plantas de ArcelorMittal en Francia, en respuesta a la negativa de la empresa a invertir en la producción de acero sin carbón y a sus planes de recortar 1,600 puestos de trabajo, lo que indicaba que la compañía priorizaría la producción de acero fuera de Europa. El proyecto de ley, propuesto por La France Insoumise en apoyo a la movilización de los trabajadores metalúrgicos de la Confédération Générale du Travail (CGT), el mayor sindicato de Francia, fue rechazado por el Senado. La lucha continúa.
Este no es un caso aislado de despidos y cancelaciones de inversiones en descarbonización. En la alemana ThyssenKrupp, se prevé el recorte de diez mil puestos de trabajo, mientras que ArcelorMittal canceló un proyecto de acero verde a pesar de haber recibido €1,300 millones de euros en subvenciones del gobierno alemán.
En este contexto, el grupo parlamentario del partido socialista alemán Die Linke ha respaldado recientemente la socialización del acero. En Italia, el Estado tomó el control temporalmente de la antigua planta siderúrgica de Ilva en Taranto, al borde de la quiebra y anteriormente propiedad conjunta con ArcelorMittal, y demandó a la empresa por €7,000 millones de euros por mala gestión. Esta intervención se produce tras más de una década de graves daños ambientales y sanitarios relacionados con las emisiones tóxicas de la planta, una situación que llevó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a condenar a Italia por no proteger a la población de la contaminación industrial.
La producción de acero verde puede abordarse de dos maneras principales. Una consiste en utilizar hidrógeno renovable para reducir directamente el mineral de hierro: un proceso conocido como reducción directa de hierro (RDI). El hierro resultante se procesa en hornos de arco eléctrico alimentados con electricidad renovable.
Actualmente, este método se considera el más viable para descarbonizar la producción primaria de acero, necesaria en sectores como la fabricación de automóviles. La otra vía consiste en ampliar la producción secundaria de acero mediante el reciclaje de chatarra en hornos eléctricos.
Pero la transición de las operaciones dependientes de combustibles fósiles a la producción de acero verde requiere enormes cantidades de energía. Para 2030, dentro de tan solo cuatro años, los proyectos de acero bajo en carbono planificados por la UE podrían consumir más electricidad renovable que toda la electricidad que consume Bélgica. Esto se suma a la creciente demanda de electricidad de otros sectores que también buscan descarbonizarse. Y aun así, incluso si llegan a estar operativos, las iniciativas actuales de acero verde en la UE solo podrían descarbonizar alrededor del 24 % de la producción primaria de acero.
Proyecto HYBRIT de Suecia
Incluso el proyecto de acero verde más prometedor de Europa, que utiliza hidrógeno renovable, el proyecto sueco HYBRIT, ha tenido dificultades para expandirse , principalmente debido a los costos de la electricidad. HYBRIT, una empresa conjunta de la siderúrgica SSAB, la minera pública LKAB y la empresa de servicios públicos Vattenfall, produjo el primer hierro esponja reducido con hidrógeno renovable del mundo a escala piloto en 2021.
Para ampliar su capacidad a una planta piloto, LKAB ha buscado un acuerdo de suministro eléctrico a largo plazo con Vattenfall. Sin embargo, esta última, una empresa estatal, ha insistido en obtener precios de electricidad a largo plazo superiores a los que prefiere LKAB antes de comprometerse a construir nueva capacidad de energía renovable. La Comisión Europea ha sugerido este tipo de acuerdos como una forma de abordar la crisis energética de la industria siderúrgica.
Pero el precio de la electricidad no es el único problema: incluso con acuerdos favorables, una planta piloto aumentaría el consumo total de electricidad de Suecia en casi un 4 por ciento.
El hidrógeno en realidad no existe.
Dada la enorme demanda de electricidad, no sorprende que la producción de hidrógeno renovable a escala industrial aún no se haya materializado. Los proyectos de hidrógeno electrolítico se están retrasando o cancelando en todo el mundo. En Europa, actualmente no existe capacidad de producción de hidrógeno mediante electrólisis a gran escala para la industria siderúrgica, y en general, esta representa apenas el 0.5 % de las proyecciones de la UE sobre la capacidad de electrólisis para 2030.
Para tener alguna posibilidad de éxito, el desarrollo del hidrógeno renovable debe centrarse en sectores donde no existen alternativas y donde resulta eficiente. La propiedad pública y la planificación estratégica podrían lograrlo mucho mejor que dejar la inversión en manos de mercados privados que buscan rentabilidad, incluyendo sectores como el de la refinación de petróleo, que compiten por los escasos recursos de hidrógeno.
Será necesario tomar decisiones políticas difíciles sobre dónde dirigir las inversiones. O bien seguirán dependiendo de la rentabilidad, o bien se priorizarán las cuestiones sociales y medioambientales a largo plazo.
Pero Europa elude esta realidad con la esperanza de que exportadores como Namibia se conviertan en sus proveedores de hierro verde e hidrógeno. Se supone que estos terceros países podrían producirlo más barato y contar con más recursos para la generación de electricidad renovable, como tierras y luz solar. Sin embargo, los proyectos en la región también sufren retrasos y se desconoce la cantidad real de hierro verde que se produce. Un proyecto de hidrógeno renovable, tal como se planea, contempla la instalación de paneles solares y aerogeneradores en una superficie de Namibia equivalente al tamaño de Berlín. Resulta difícil imaginar que una superficie de este tamaño esté disponible en toda Europa, lo que pone de manifiesto las limitaciones logísticas y neocoloniales de tales estrategias.
Ante la ausencia de hidrógeno renovable a la vista, algunas siderúrgicas, como ThyssenKrupp, planean alimentar sus plantas preparadas para el hidrógeno con gas natural, mientras que otras, como ArcelorMittal, han paralizado sus inversiones en DRI en Europa. Mientras tanto, la empresa china HBIS suministró a Italia planchas de acero con un 50 % menos de carbono —una oferta actualmente casi imposible de conseguir en Europa— gracias al uso de gas de coquería en las plantas de DRI.
Depender del gas fósil como combustible de transición conlleva el riesgo de perpetuar costosas infraestructuras sin perspectivas de descarbonización. Incluso si el hidrógeno renovable estuviera disponible, sería imposible descarbonizar toda la producción siderúrgica de la UE. Será necesario tomar decisiones políticas difíciles sobre dónde dirigir la inversión. O bien se puede seguir priorizando la rentabilidad, o bien se deben seguir las prioridades sociales y ambientales a largo plazo.
En este contexto, los objetivos de una economía circular y la suficiencia como base de una economía baja en carbono chocan claramente con la rentabilidad. ¿Qué pasaría si se vendieran menos SUV, vehículos que consumen muchos recursos, y en su lugar se invirtiera en transporte público e infraestructura? ¿Qué pasaría si la construcción de viviendas fuera más eficiente y requiriera menos recursos? Para generar demanda de acero verde, ¿realmente necesitamos la agenda de rearme de la UE para apuntalar las industrias que producen tanques y armas con cero emisiones netas?
Propiedad pública
La contradicción inherente entre la descarbonización industrial y la rentabilidad no puede resolverse únicamente con miles de millones de subsidios, medidas comerciales o incluso nacionalizaciones de rescate parciales. Para construir un sector siderúrgico sólido, con raíces sociales y sostenibles (y una economía en general), es necesario desarrollar una estrategia que reconozca y aborde estas tensiones estructurales, basada en el principio de la propiedad socializada.
Esto implica ir más allá de la mera nacionalización dentro del marco actual de mercado, que conlleva el riesgo de renunciar a los beneficios de la propiedad pública, y avanzar hacia la socialización. Esto supondría la propiedad y el control públicos colectivos, pero también la priorización de necesidades distintas a la rentabilidad. Con una sólida afiliación sindical y estrechos vínculos entre las grandes siderúrgicas y las regiones circundantes, el sector ofrece un buen punto de partida para extender gradualmente este modelo.
La propiedad pública podría estabilizar la demanda de acero verde en sectores clave como la vivienda, las energías renovables y el transporte público. Además, podría proteger a los trabajadores de cierres repentinos de plantas, salvaguardando el empleo y garantizando el bienestar social y económico mediante una planificación a largo plazo.
Esto podría combinarse con una ambiciosa campaña para socializar la energía y reformar el mercado eléctrico europeo. En su forma actual, el mercado vincula los precios de la electricidad al gas, renunciando a menudo a las ventajas del coste casi nulo de la generación de energía renovable. Dado que las guerras de Estados Unidos e Israel probablemente provoquen una grave crisis económica en las clases trabajadoras del mundo, dicha campaña podría demostrar que es posible una economía diferente.
Al vincular las propuestas de socialización industrial con las luchas populares —como las de vivienda y servicios públicos, acción climática y economía baja en carbono— la izquierda europea puede articular una visión coherente de una economía socializada y ganar el poder para llevarla a cabo.
Reportacero
