Economia y Politica

Descartan riesgos en deuda subnacional

25 de octubre de 2021.- De acuerdo con el Análisis Económico Ejecutivo del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, CEESP, el total de la deuda subnacional se ha reducido en los últimos tres años, aunque las variaciones han sido distintas entre las entidades.

La evolución reciente de la deuda subnacional no sugiere un riesgo de insostenibilidad. Pero algunas entidades sí podrían enfrentar problemas presupuestarios a futuro.

México pierde lugares en la percepción de estado de derecho, corrupción y legalidad.Las presiones inflacionarias podrían prolongarse, lo que no ayudaría a la reactivación de la economía.

DEUDA SUBNACIONAL

Dada su dificultad para generar ingresos propios y depender en buena medida de las participaciones que les otorga el Gobierno Federal, las entidades federativas están particularmente obligadas a una asignación eficiente de sus recursos, a fin de reducir al mínimo posible sus necesidades de endeudamiento.

Los estados han requerido mayores recursos para cumplir con sus obligaciones básicas con la población en el contexto de contracción de la economía en general, que se agudizó con el efecto de la pandemia por Covid-19. En varios casos ello los llevó a solicitar financiamiento -deuda pública subnacional- para compensar sus faltantes.

La deuda subnacional se integra de las obligaciones financieras contraídas por los gobiernos estatales y municipales, así como de las contratadas por sus entes públicos. La información de esta deuda está disponible hasta el segundo trimestre del año en curso y por ahora no representa un riesgo inminente que afecte la sostenibilidad de las finanzas públicas del país. No obstante, el nivel de endeudamiento de algunas de las entidades si pudiera poner en riesgo su estabilidad financiera local.

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios es el marco jurídico que regula la evolución de la deuda subnacional y ha jugado un papel fundamental para evitar problemas de sobreendeudamiento e insolvencia. De acuerdo con ella, las entidades federativas deben registrar su deuda ante la Secretaría de Hacienda. Para ser aprobada, la deuda es garantizada en favor de los acreedores con las participaciones federales . Cabe señalar sin embargo que dicho registro no incluye la deuda que los estados mantienen con sus proveedores.

De acuerdo con las cifras de Hacienda, al segundo trimestre del presente año el saldo total de la deuda subnacional ascendió a 622,180 millones de pesos (mp), de los cuales 86.6% correspondió a deuda contratada por los estados, 6.2% corresponde a municipios y el 7.2% restante a entes públicos tanto estatales como municipales.

El total de la deuda subnacional se ha reducido en los últimos tres años, aunque las variaciones han sido distintas entre las entidades.

En lo que va del sexenio, la deuda subnacional se ha reducido en 5.7% en términos reales, aunque algunas entidades han registrado aumentos importantes en sus obligaciones. Este grupo se compone por Yucatán con un incremento real de 90.2%, Guanajuato con 29.0%, Tamaulipas con 28.6%, Aguascalientes con 19.5%, Jalisco con 14.28%, Durango 9.3% y Estado de México 3.9%.

También hubo entidades con descensos importantes en su endeudamiento, como Tlaxcala y Querétaro que prácticamente liquidaron el total de sus obligaciones al reportar disminuciones de 92.6% y 88.2%, respectivamente. Le siguieron Guerrero con una disminución de 72.4% y Zacatecas con 25.5%. Cabe señalar que, del total de las 32 entidades del país, 25 reportaron disminución en el monto de sus obligaciones financieras.

Como proporción de su Producto Interno Bruto Estatal, siete son los estados más endeudados del país, que además superan el límite de 3.5% de deuda como porcentaje del producto determinado en la Ley de Disciplina Financiera: En Quintana Roo el saldo de la deuda subnacional representa el 7.2% del PIB; en Chiapas 5.8%; en Chihuahua 5.6%; en Coahuila, Nuevo León y Veracruz 4.4%, en Oaxaca 3.9% y en Nayarit 3.8%.

Los cinco estados con mayor deuda per cápita son: Nuevo León con 13,828 pesos por persona, Chihuahua con 12,632 pesos, Quintana Roo 11,824 pesos, Coahuila 11,767 pesos y Sonora con 9,284 pesos. Resalta que la deuda promedio de estos estados es 2.5 veces superior al porcentaje del total subnacional. Las entidades con menor deuda per cápita son Puebla con 942 pesos, Guerrero con 490 pesos y Querétaro 37.2 pesos.

La evolución reciente de la deuda subnacional no sugiere un riesgo de insostenibilidad.

En las circunstancias actuales cuando la inusual contracción del producto es aún muy reciente y hay muchas dudas sobre el rumbo del crecimiento económico y las tasas de interés en el futuro próximo, es difícil hacer un análisis de la sostenibilidad de la deuda de las entidades. Normalmente, dicho análisis considera la perspectiva a futuro del superávit primario de las finanzas públicas de la entidad, el crecimiento de su economía y la tasa real de interés, además de la razón deuda/PIB de cada una, lo que es aún muy incierto.

En todo caso, a favor de la salud de la deuda subnacional está el hecho de que como porcentaje del PIB prácticamente no aumentó entre 2018 y 2020 a pesar de la fuerte contracción en ese año.

Quizá lo único que vale la pena advertir es que hay algunos estados con deuda elevada respecto a su producto, como Nuevo León, en donde el total de su deuda representa el 85.3% de sus ingresos totales. En Coahuila el porcentaje se ubica en 72.2%, en Quintana Roo en 71.0% y en Chihuahua 65.1%.

Pero algunas entidades sí podrían enfrentar problemas presupuestarios a futuro.

El hecho de que la deuda estatal y su carga no parece poner en peligro su sostenibilidad desde el punto de vista estrictamente financiero no implica que las entidades no tengan problemas de solvencia presupuestaria. Por ejemplo, es muy probable que los estados tengan un problema fuerte de finanzas públicas hacia futuro. Con el tiempo han acumulado compromisos de gasto en temas esenciales como educación y salud, y deben afrontar dificultades relacionadas con la seguridad pública y la infraestructura.

Además, en la actualidad el gobierno federal no se ha mostrado dispuesto a cooperar con la mayoría de los gobiernos estatales a fin de solucionar sus necesidades presupuestarias.

ESTADO DE DERECHO Y CORRUPCIÓN

Uno de los temas más preocupantes en México es la fragilidad del estado de derecho, toda vez que esto implica problemas graves como la corrupción, la inseguridad pública y la deficiencia de la seguridad civil y penal.

Además de los efectos directos sobre el bienestar de la población, la debilidad del estado de derecho es un limitante importante para la inversión. Más allá de la narrativa gubernamental, la verdad es que la ausencia de estado de derecho se ha agudizado severamente en los últimos años y es muy probable que sea un disuasivo para la inversión productiva.

A nivel internacional se percibe un deterioro significativo de México en materia de estado de derecho, corrupción e inseguridad, poniendo al país en una situación complicada para retomar su imagen como atractivo para la inversión.

México pierde lugares en la percepción de estado de derecho, corrupción y legalidad.

De acuerdo con el reporte elaborado por el organismo World Justice Project, en el Indicador sobre Estado de Derecho 2021 México se ubicó en el lugar 113 de un universo de 139 países, lo que significó la pérdida de 9 lugares respecto al año pasado.

Este retroceso en el índice de estado de derecho refleja en buena medida el aumento considerable en su componente de corrupción, en el que México se ubicó en la posición 135, después de perder 14 posiciones.

Ello contrasta con el discurso oficial que insiste en los avances en el combate a la corrupción y confirma que dicho combate no contiene ninguna estrategia para atacar sus raíces estructurales e históricas. Más aún, en esta administración se han presentado casos que indican la probable, casi evidente, presencia de corrupción por parte de servidores públicos en altos cargos, que no han sido investigados a fondo.

La legalidad es otro factor severamente erosionado y con poca respuesta para corregir su deterioro. Tanto en materia de Justicia Civil, que refleja la eficiencia de la aplicación de la Ley, como en Justicia Penal, que muestra la efectividad del combate al delito, la percepción en el reporte del World Justice Project continuó deteriorándose significativamente. México ocupó los lugares 131 y 129 en el ranking mundial, respectivamente, tras perder 10 y 15 lugares en el mismo orden.

Un entorno sin reglas del juego claras, con elevados niveles de inseguridad y corrupción, así como con muchos indicios de tolerancia por parte del gobierno es dañino para la sociedad. Además, ahuyenta inversiones, tanto locales como extranjeras.

La combinación de falta de estado de derecho, inseguridad, corrupción y autoritarismo contribuye al deterioro de la imagen de México como un país atractivo para la inversión. En el mediano y largo plazos el bienestar de los hogares resentirá esta posición del gobierno.

INFLACIÓN

Las presiones inflacionarias podrían prolongarse, lo que no ayudaría a la reactivación de la economía.

El INEGI informó que durante los primeros quince días de octubre los precios al consumidor reportaron un incremento de 0.54%, que, si bien fue similar al del mismo lapso del año pasado, resultó ligeramente por arriba del promedio de la estimación del mercado.

La mayor incidencia provino de efectos estacionales relacionados con el repunte quincenal de 18.8% en el costo de la electricidad como consecuencia de la terminación del programa de tarifas eléctricas de temporada cálida en diversas entidades del país.

No obstante, el indicador subyacente siguió mostrando fuertes presiones y continúa resintiendo los efectos generados por la inflación mundial y los cambios en los hábitos de consumo de los hogares. En este contexto, la inflación quincenal subyacente fue de 0.33%, la más alta para una primera quincena de octubre desde 1999.

Así, la inflación anual se ubicó en 6.12%, prácticamente en el mismo nivel que la quincena previa. Pero la inflación subyacente anual alcanzó 5.12%, la más alta para una quincena cualquiera desde la primera de 2009 y para una primera quincena de octubre desde 2001.

La permanencia de presiones sobre los precios por más tiempo de lo esperado, aunque en principio sean transitorias, podría incidir sobre las expectativas inflacionarias y “desanclarlas”. Si este fuese al caso, el riesgo inflacionario podría prolongarse hacia los próximos años y probablemente añadiría presiones al alza de las tasas de interés, del Banco de México y de los mercados, con los consecuentes efectos negativos sobre la reactivación económica.

México

De acuerdo con el indicador oportuno de la actividad económica (IOAE) que publicó el INEGI, mientras que en agosto la economía se mantuvo sin cambio, se prevé que en septiembre haya tenido un aumento mensual de 0.1%, impulsado principalmente por un avance de 0.1% en las actividades terciarias, toda vez que para las secundarias se estima una caída de 0.5%. De esta manera, su comparación anual anticipa que en septiembre la actividad económica creció 5%, resaltando el aumento de 6.1% en las actividades terciarias. Para las actividades secundarias se estima un aumento de 4.0%. Estos resultados, además de ser insuficientes aún para recuperar lo perdido durante la pandemia, dan señales de un nuevo enfriamiento de la actividad económica.

Los indicadores de consumo muestran indicios más claros de debilitamiento, que pueden estar reflejando efectos de la precarización del mercado laboral.

El INEGI informó que en agosto las ventas de establecimientos al menudeo se mantuvieron sin cambio respecto al mes previo, después de haber reportado caídas durante los dos meses anteriores. Seis de los nueve segmentos de ventas reportaron caídas, resaltado la de 11.7% en las ventas de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado. En términos anuales, las ventas minoristas superaron en 7.3% las realizadas en igual mes del año pasado. No obstante, el nivel total de ventas se vuelve a alejar de su registro prepandemia.

En el caso del sector servicios el debilitamiento es más evidente ya que, según el reporte del INEGI, en agosto el indicador de ingresos totales por la prestación de servicios registró una disminución de 4.0%, respecto al mes previo, acumulando dos caídas consecutivas. A pesar de ese comportamiento, su comparación anual fue positiva en 9.1%, aunque este resultado aún se ve afectado por el rebote aritmético de comparación con niveles atípicamente bajos por la pandemia. Lo preocupante es que se aleja significativamente del nivel prepandemia.

Estados Unidos

La Reserva Federal informó que durante septiembre la producción industrial se contrajo 1.3%, resultado que contrasta con la estimación del mercado que anticipaba un incremento mensual de 0.2%). El mayor descenso se reportó en la producción de servicios públicos, que tuvo una caída de 3.6%, debido a la disminución en la demanda de aire acondicionado después de un agosto más cálido de lo habitual. Por su parte, la minería se contrajo 2.3%, afectada por el huracán Ida. Por su parte, la producción manufacturera disminuyó 0.7% como consecuencia también, de los efectos del huracán Ida, que se estima tuvo un impacto de 0.3 puntos porcentuales en la producción de este sector. En términos anuales la producción industrial aumentó 4.6%. El debilitamiento de la producción industrial respondió a los efectos del huracán Ida y a la escasez de suministro de semiconductores en curso.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano informó que, con base en cifras ajustadas a tasa anual, durante septiembre se inició la construcción de 1.555 millones de vivienda, cifra que resultó inferior a la estimación del mercado que anticipaba 1.620 millones de viviendas. Por su parte, los permisos para construcción sumaron 1.589 millones, cifra inferior al pronóstico del mercado que previa 1.670 millones de permiso.

Por su parte la National Association of Realtors informó que, con base en cifras ajustadas a tasa anual, en septiembre se vendieron 6.29 millones de viviendas usadas, superando el consenso del mercado que anticipaba la venta de 6.05 millones de unidades. No obstante, respecto al mismo mes del año pasado la venta de casas usadas disminuyó 2.3%. Los precios de la vivienda existente aumentaron a una tasa anual 13.3%, lo que significó el 115º mes con incrementos de manera consecutiva. Aunque este fue el menor aumento en el precio desde diciembre de 2020, sigue superando el crecimiento de los ingresos.

 

 

Reportacero

 

 

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