El organismo regulador señaló que la indagatoria se lleva a cabo desde el 10 de junio de 2019, por la probable realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado del expendio al público de gasolinas y diésel en estaciones de servicio en el territorio nacional.
Además por la probable existencia de barreras a la competencia e insumos esenciales en el mercado nacional de combustibles para aeronaves, el cual incluye la producción, importación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización, su expendio y servicios relacionados.
El sector energético es prioritario para la Cofece por el impacto transversal que tiene en el desarrollo del resto de los sectores económicos de país, al ser un sector de reciente liberalización.
Por lo anterior, expuso en un comunicado, debe vigilar que se dé una transición exitosa hacia mercados competidos, para lograr eficiencias que se puedan trasladar vía precio y calidad a los consumidores finales.
Explicó que las posibles conductas y condiciones de mercado investigadas es por prácticas monopólicas absolutas, contratos, convenios o arreglos entre agentes económicos para manipular precios, restringir o limitar la oferta o la demanda, dividir o segmentar un mercado, coordinar posturas en licitaciones, así como intercambiar información para realizar alguna de las conductas anteriores.
En caso de probarse su realización, los agentes económicos involucrados pueden ser multados hasta con 10 por ciento de sus ingresos, entre otras sanciones.
La Cofece subrayó que las tres investigaciones son independentes entre sí y al concluirlas, la Autoridad Investigadora podría no encontrar elementos que acrediten la realización de las conductas y/o condiciones investigadas, en cuyo caso el pleno resolvería sus respectivos cierres.
En caso de que existan fundamentos que presuman una violación a la legislación en la materia, quienes resulten responsables serán llamados a un procedimiento seguido en forma de juicio para que presenten su defensa, antes de que el pleno tome determinaciones finales.
Estos procedimientos no deben entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno o sobre la existencia de barreras a la competencia e insumos esenciales, toda vez que hasta el momento no se han identificado, en definitiva, violaciones a la normatividad en la materia.
Ni el o los sujetos, quienes, de ser el caso, serían considerados como probables responsables al término de la investigación, añadió.
(Notimex)
