La presidenta de la Comisión de Desarrollo Democrático de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ciudad de México, Claudia Guzmán González, explicó además que la decisión de la SCJN el pasado 16 de enero, al invalidar la citada Ley, ocurrió porque “el proceso para aprobarla no fue el indicado” y “no se respetaron los derechos de las minorías parlamentarias”.
Incluso, señaló en conferencia de prensa, la SCJN consideró que “no es fruto de un genuino debate democrático”; sin embargo, la invalidación de la norma es un retroceso de al menos dos años, pero sobre todo, es negativo porque es un paso atrás en la consolidación del Sistema Local Anticorrupción.
En su opinión, esto es grave, pues según Data Coparmex a nivel nacional, al menos 35 por ciento de los empresarios ha sido víctima de la corrupción, mientras que la confianza empresarial disminuyó 10 por ciento en 2019 en relación con 2018.
Guzmán González reconoció que “hay empresas que han dejado inconclusa la construcción de plantas o la relación que tenían de oficinas matriz en la Ciudad o que han visto reducidos sus porcentajes de producción en ramos como la automotriz y farmacéutica, y que han tenido que replantear sus procesos de producción”.
Argumentó que no es posible que de cinco trámites que realizan las empresas, al menos tres tengan que ver con la corrupción, “esto impacta no sólo a la inversión, sino en la competitividad de las empresas”.
“Esto es un retraso legislativo, un retroceso en el procedimiento y un genuino y sensible aletargamiento económico y a la certeza jurídica de la ciudad”.
Además en el corto plazo, continuó, “afecta que no tengamos instalado el Sistema Local Anticorrupción”, pero también significa el retraso del nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que ya debería estar revisando casos de corrupción y sancionándolos.
Por ello, exhortó al Congreso de la Ciudad a presentar la iniciativa de ley correspondiente en febrero “con la premura que requiere el caso”, y aprender de esta resolución sobre “las gravísimas consecuencias de ejercer su facultad legislativa sin observar la Carta Magna Federal y Local, así como su propio Reglamento Interno”.
Claudia Guzmán confió en que la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción mantenga el diálogo abierto a las diferentes organizaciones para que las nuevas leyes del Sistema Anticorrupción y Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción de la Ciudad de México respondan a un verdadero ejercicio de deliberación legislativa.
“Las nuevas leyes deben observar los principios de Parlamento Abierto, permitir su ciudadanización a través de la participación ciudadana y de mecanismos de rendición de cuentas, y alinearse al modelo nacional anticorrupción”.
Finalmente, la Coparmex capitalina hizo un llamado “a generar un clima de exigencia pública que permita la prevención, erradicación y sanción de actos de corrupción, así como la integración de los organismos anticorrupción de nuestra ciudad capital, sin cuotas ni cuates, transparentes y legítimas”.
(Notimex)
