Sindicatos y fideicomisos estarían en la mira de la UIF
“La información de los sindicatos y sus dirigentes podrá ser requerida por la UIF a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social u órgano equivalente a nivel local” en cualquier momento, según un escrito previo a la segunda Evaluación Nacional de Riesgos dado a conocer hoy por El Economista.
De acuerdo con el periódico, dicha Unidad de la Secretaría de Hacienda ha detectado áreas de oportunidad en la legislación para tener un mejor régimen jurídico en el combate al lavado de dinero, las cuales involucran una mayor vigilancia sobre sindicatos y fideicomisos que realicen una actividad vulnerable.
El organismo que encabeza Santiago Nieto Castillo considera necesarios ajustes a las leyes para atender las observaciones que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hizo a México, así como robustecer y mejorar el régimen nacional de la prevención del lavado de dinero para las actividades vulnerables.
De acuerdo con un documento, es necesario modificar la ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o ley antilavado.
En la actualidad, los donativos que reciben los sindicatos son considerados como actividad vulnerable cuando son superiores a mil 605 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que son poco más de 135 mil pesos.
La ley establece que, al convertirse en una actividad vulnerable, los donativos deben tener toda la información de sus clientes o usuarios y presentar los avisos a la UIF, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En el caso de los cambios relacionados con fideicomisos, el objetivo es tener una mayor vigilancia sobre aquellos que realicen una actividad vulnerable como, por ejemplo, la compraventa de bienes inmuebles o el arrendamiento inmobiliario.
Según el documento, con este cambio se obligaría a las personas que establezcan un fideicomiso a que realicen una de las 20 actividades vulnerables establecidas en la ley antilavado, a estar identificadas plenamente y de acuerdo con su actividad o tipo de operaciones, para lo cual se presentarían los avisos necesarios a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos de la normativa.
La última evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a México arrojó que existe un riesgo del uso indebido de fideicomisos, que generalmente son utilizados por extranjeros para comprar bienes e invertir en México, pues aunque los fiduciarios están obligados a identificar las diferentes partes de los fideicomisos, esto no es así con los beneficiarios o clase de beneficiarios.
Además, destacó la importancia de que en el marco normativo del combate al lavado de dinero se adicione un capítulo sobre los beneficiarios finales, a fin de que todas las sociedades mercantiles, sin importar si realizan una actividad vulnerable o no, detecten a su beneficiario final.
(Notimex)
