5 Feb 2021.- Los ecuatorianos elegirán el domingo próximo a un nuevo presidente entre 16 candidatos, el mayor número desde que el país volvió a la democracia en 1979. Sin embargo, todo indica que la puja real para llegar al Palacio de Carondelet —la sede del gobierno— se dirimirá entre solo tres de esos postulantes: Andrés Arauz, un joven economista ungido por el expresidente Rafael Correa, quien está impedido de presentarse; Guillermo Lasso, un exbanquero y poderoso empresario de tendencia conservadora; y Yaku Pérez, un abogado indígena que hizo de la lucha contra la minería su principal bandera.
La oferta electoral luce tan amplia como heterogénea. No obstante, como viene ocurriendo desde hace 14 años en Ecuador, el resultado parece estar ceñido a una sola cuestión: el respaldo o el rechazo a Correa, el mandatario que dirigió los destinos de la nación sudamericana entre 2007 y 2017.
El ex presidente continúa marcando el ritmo de la política ecuatoriana pese a que desde hace más de tres años reside en Bélgica, luego de su ruptura definitiva con el actual mandatario Lenín Moreno. Ni esa distancia geográfica ni la condena a ocho años de cárcel por su participación en un esquema de corrupción en el que funcionarios de su gobierno recibieron sobornos a cambio de entregar contratos le hicieron perder influencia en el rumbo político de Ecuador.
Prófugo para algunos, perseguido para otros, Correa y sus intensos diez años de gobierno aún dividen al país. ‘Ecuador tiene el recuerdo de los buenos tiempos de Correa, cuando los precios del petróleo eran altos y había un gobierno con discrecionalidad para impulsar el gasto estatal’, dice Andrés Mejía Acosta, profesor de Economía Política del King´s College, en Londres.
‘Hay una idealización que opaca otros elementos más complicados de su gobierno, como las restricciones a la libertad de prensa, el endeudamiento elevado con China y la falta de la construcción del estado a largo plazo’, indica.
El protagonismo que aun ejerce Correa no solo está atado a la memoria por los años de bonanza económica, sino también a su estilo duro de control del poder en un país con una larga historia de mandatarios débiles. Tras la sucesión de cocho presidentes entre 1996 y 2007, la llegada al gobierno de Correa marcó un quiebre y el país inició un período de estabilidad institucional que aún se mantiene.
Sin embargo su estilo de liderazgo fue cavando una grieta que se hizo cada vez más profunda. Sus repetidos ataques contra políticos opositores, empresarios, banqueros, movimientos sociales y periodistas críticos dividieron a la sociedad ecuatoriana.
En ese contexto de polarización, Correa agigantó su poder mientras la economía se mantuvo en expansión. Los altos precios del petróleo —el principal producto de exportación del país— le dieron una plataforma inmejorable para emprender un programa de mejoras en rubros históricamente postergados, como la educación, salud e infraestructura. Así, entre 2006 y 2014, el PIB creció a una tasa promedio del 4.3%. En ese período, la desigualdad se redujo y la pobreza por ingresos cayó del 37.6% al 22.5% de la población, según un estudio del Banco Mundial.
Esos logros impulsaron la popularidad de Correa hasta niveles altísimos. De hecho, según un estudio de la consultora Mitofsky, en 2013 el por entonces presidente de Ecuador fue el mandatario con mayor apoyo en su país entre todos los líderes de América Latina.
No obstante, la caída del precio del petróleo a partir de fines de 2014 y la apreciación del dólar (Ecuador no puede devaluar su moneda porque usa la estadounidense desde principios de este siglo) demostraron que las bases del modelo correísta no eran tan sólidas. De repente, el esquema basado en un continuo ascenso de las exportaciones de petróleo y toma de deuda para seguir financiando el incremento del gasto público se agotó.
Con un PIB en caída durante el bienio 2015-2016, Correa no tuvo más opción que emprender un ajuste fiscal. Ese giro, sumado al estallido de varios escándalos de corrupción que alcanzaron a altos funcionarios, presionaron a la baja los niveles de apoyo a su figura. Bajo esa nueva relación de fuerzas, ungió como candidato para las elecciones de 2017 a quien fuera vicepresidente en su primer mandato: Lenín Moreno, un político cultor del diálogo.
Moreno ganó las elecciones, pero a poco de andar emprendió un giro con el que se distanció de su antecesor. La escalada del conflicto llegó a su punto de quiebre definitivo en febrero de 2018, cuando una consulta popular promovida por Lenín Moreno impidió una posible candidatura de Correa en 2021 al aprobarse por mayoría un cambio constitucional por el que alguien que ya fue reelegido por una vez en el cargo no puede volver a presentarse. Desde entonces, Correa suele referirse a Moreno como “un traidor”.
A esa tensión política le siguió la crisis económica. Presionado por un alto déficit fiscal y vencimientos de deuda impagables, el gobierno de Lenín Moreno alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para avanzar con la reestructuración de la deuda por 17,400 millones de dólares con acreedores privados. A cambio del préstamo por 6,500 millones de dólares, el gobierno de Ecuador se comprometió a reducir gastos y aumentar impuestos. Con su popularidad en niveles mínimos, Moreno solo espera entregar la banda presidencial el 24 de mayo al nuevo presidente.
