El Gobierno holandés y las petroleras primaron los beneficios del yacimiento de Groningen sobre la seguridad de la población
El Gobierno holandés y las compañías petroleras Shell y ExxonMobil antepusieron los intereses económicos a las necesidades de los habitantes de la provincia de Groningen, al norte de Países Bajos, donde la explotación de un yacimiento de gas natural causa seísmos.
A esta conclusión ha llegado una comisión parlamentaria, que ha calificado de “fallo sin precedentes del sistema”, el hecho de que el sector público y privado incumplieran sus obligaciones en busca del mayor rendimiento económico. Desde 1986, ha habido en la zona más de 1.600 sacudidas de tierra de hasta 3,6 grados de magnitud en la escala de Richter. Unos 85.000 edificios han resultado dañados, pero solo un 30% de las casas han sido apuntaladas.
“Países Bajos tiene una deuda de honor con Groningen y debe a sus habitantes dinero, perspectivas de futuro y atención”, dice el informe.
El yacimiento holandés es el mayor de Europa, y su explotación comenzó en 1963. Desde entonces, ha proporcionado más de 363.700 millones de euros al Estado. Shell y ExxonMobil explotan a medias la veta, y la empresa que lo gestiona (NAM, en sus siglas neerlandesas) recibió 64.700 millones de euros en dividendos para sus accionistas, en cifras confirmadas por el ministerio de Economía. Según el informe presentado ahora, “la gente no fue escuchada a tiempo, y los ministros del ramo recibieron información inadecuada sobre los riesgos de la extracción”.
“El Congreso tampoco dispuso de todos los datos e incumplió su obligación de representar los intereses de la ciudadanía”. El trabajo señala en particular al primer ministro, Mark Rutte, “por haber subestimado la gravedad del problema durante largo tiempo”. Cuando se dio cuenta, “nada cambió”, añade.
