El Paquete Económico 2027 ha revelado un cambio de rumbo en la trayectoria de la deuda pública de México. A diferencia de lo estimado en ejercicios anteriores, donde se proyectaba una proporción de deuda estable, el nuevo escenario fiscal prevé que el endeudamiento continúe aumentando en los próximos años, impulsado principalmente por el elevado costo financiero y un ritmo de crecimiento económico insuficiente para contrarrestarlo.
De acuerdo con el indicador más amplio de sostenibilidad fiscal, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) —que abarca tanto la deuda tradicional como obligaciones adicionales del gobierno—, el endeudamiento pasará de representar el 52.3% del PIB en 2026 a un 55.0% en 2027. La tendencia ascendente no se detendrá en el corto plazo y alcanzará un techo del 56.5% del PIB hacia 2031 y 2032. La cifra contrasta marcadamente con las proyecciones publicadas un año antes, cuando se contemplaba mantener el saldo congelado en 52.3% del PIB. Para 2030, la diferencia entre ambas estimaciones representa una brecha de 4.1 puntos porcentuales del PIB.
La principal causa de este incremento continuo no responde a un déficit operativo desbordado, sino al efecto automático de las tasas de interés. Para 2027, la tasa de interés implícita del saldo acumulado se ubica en 7.85%, mientras que el crecimiento nominal de la economía se proyecta en 6.08%. Al crecer el costo de la deuda a una tasa mayor que la economía que la respalda, la sola acumulación de intereses añade 0.9 puntos del PIB al saldo.
Para evitar que la proporción de deuda siga creciendo respecto al tamaño de la economía en 2027, el gobierno requeriría lograr un superávit primario del 0.9% del PIB. Sin embargo, la propuesta oficial contempla apenas un 0.1%, dejando al descubierto una brecha de estabilización de 0.8 puntos del PIB, equivalentes a aproximadamente 316 mil millones de pesos anuales.
La magnitud de esta brecha representa un desafío considerable para la gestión de las finanzas públicas: equivale al 3.0% del gasto neto pagado, al 5.1% de la recaudación tributaria esperada y absorbe casi un tercio —el 30.8%— del presupuesto destinado a la inversión física proyectada para ese año.
La estrategia presupuestaria plantea reducir gradualmente esta brecha hasta cerrarla en 2031, año en el que el superávit primario alcanzaría el nivel necesario para estabilizar el saldo histórico. No obstante, el esfuerzo de consolidación recaerá de forma desproporcionada sobre la infraestructura pública. De la reducción de 1.2 puntos del PIB proyectada en el gasto neto entre 2027 y 2032, 1.1 puntos provinieron del recorte a la inversión física, la cual descenderá del 2.6% al 1.5% del PIB. Con ello, la estabilización de la deuda dependerá del castigo al gasto de capital y no de una revisión a la rigidez del gasto corriente.
Por otro lado, la proyección oficial presenta una deuda bruta aparentemente estable en 58.6% del PIB durante todo el periodo. Esta aparente constancia se logra a costa de reducir los activos financieros disponibles del sector público —como la caja del gobierno y los fondos de estabilización—, los cuales pasarán de 3.7% a 1.3% del PIB. Si dichos recursos se mantuvieran en los niveles actuales, la deuda bruta superaría el umbral crítico del 60% del PIB a partir de 2028, encendiendo las alarmas de las agencias calificadoras de riesgo.
