Eleva preocupaciones de uso sostenible del agua por dos pozos de fracturación hidráulica de PEMEX en Nuevo León
24 de julio de 2025.- La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) publicó un expediente de hechos que destaca serias preocupaciones sobre el uso sostenible del agua y los protocolos de seguridad en dos pozos de fracturación hidráulica operados por PEMEX en Nuevo León.
Publicado el 3 de julio, el informe expone importantes deficiencias en la aplicación de la normativa mexicana que regula las actividades de fracturación hidráulica.
Este registro proviene de la Solicitud SEM-18-003, presentada en octubre de 2018 por residentes de Los Ramones y China, Nuevo León. Posteriormente, la Resolución de Consejo 23-05 encargó a la CCA evaluar el cumplimiento de México con las leyes federales relacionadas con la gestión sostenible del agua y las normas de seguridad.
La perforación comenzó en 2013 (Tangram-1) y 2014 (Nerita-1) como parte del Proyecto Cuenca de Burgos de PEMEX, que abarca más de 6493 pozos en el noreste de México. El informe señala que, antes de la perforación, no se identificaron formalmente fuentes de agua ni se otorgaron concesiones hídricas.
La información sobre los impactos en los acuíferos es incompleta, y los análisis de la calidad del agua carecen de datos detallados sobre contaminantes y propiedades químicas.
Las inspecciones realizadas por la ASEA en marzo de 2022 y las revisiones de la Conagua revelaron que ninguna de las dos agencias tiene la autoridad para regular el uso del agua relacionado con la fracturación hidráulica. En consecuencia, ninguna puede gestionar las descargas de aguas residuales derivadas de la fracturación hidráulica.
En el marco del ACAAN y el T-MEC, el expediente de hechos de la CCA busca brindar una visión imparcial sin emitir recomendaciones de política. Tras la validez de la presentación inicial en 2020, México respondió en abril indicando que los pozos aún no habían entrado en la fase de extracción.
El borrador del expediente se distribuyó en junio de 2024 y se finalizó tras su revisión por parte de Canadá y Estados Unidos.
Las principales conclusiones del informe incluyen la falta de autorización para el uso del agua, el agotamiento de las reservas de agua subterránea, la ausencia de monitoreo de metales pesados y toxinas, y deficiencias significativas en la aplicación de la normativa.
También se señalan problemas de transparencia, incluida la falta de evaluaciones de impacto ambiental según lo exige el artículo 28 de la LGEEPA, una participación pública insuficiente y una supervisión limitada de los procedimientos de seguridad.
Si bien se abstiene de hacer recomendaciones directas, el documento destaca las obligaciones legales vigentes y resalta las áreas en las que la aplicación ha sido deficiente, brindando a las partes interesadas una visión objetiva de la aplicación de la regulación del fracking en México.
La publicación de este récord se produce en medio de crecientes llamados de expertos en energía para expandir el fracking exploratorio.
En el Foro Futuro de la Energía en México 2024, organizado por el Instituto Belisario Domínguez y la Comisión de Energía del Senado, Fluvio Ruíz, del CIDE, enfatizó el papel del fracking en el logro de la independencia energética de México, citando la alta dependencia del país del gas natural importado (más del 70%).
Ruíz instó a un debate serio e informado sobre la explotación de yacimientos no convencionales. Enrique Silva, Director de Adquisiciones de Regulatory Consulting, reforzó esta urgencia al señalar que el 57% de las reservas energéticas de México son no convencionales, lo que subraya la necesidad de incrementar significativamente los esfuerzos exploratorios.
No obstante, la queja de la comunidad ante la CCA destaca los riesgos operativos y de cumplimiento para las empresas energéticas, los reguladores y los inversionistas en el sector de la fracturación hidráulica, en particular en regiones con estrés hídrico como Nuevo León.
Los denunciantes alegan que PEMEX violó los artículos 1.1 y 15.2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como los artículos 1, 2, 28 y 54 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
Además, afirman que PEMEX incumplió varios tratados internacionales vinculantes, incluidos los acuerdos de la Declaración de Río de Janeiro, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y la Agenda 2015 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.
Reportacero
