4 Jun 2020.- La lucha del actual gobierno filipino contra las drogas que emplea un enfoque de mano dura, ha dejado al menos ocho mil 663 asesinados desde 2016, de acuerdo a un informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Se trata de las consecuencias del “enfoque de mano dura», que ha generado graves violaciones a los derechos humanos en Filipinas, incluidos asesinatos, detenciones arbitrarias y situaciones de difamación.
«Filipinas enfrenta grandes desafíos: pobreza estructural, desigualdad, conflictos armados, frecuentes desastres naturales y ahora crisis COVID-19», describió Michelle Bachelet, titular de la ACNUDH, y consideró vital que las respuestas del Gobierno se basen en enfoques de derechos humanos y se guíen por un diálogo significativo.
Estimó esencial la rendición de cuentas para generar confianza pública, al mismo tiempo que denunció la impunidad arraigada por violaciones graves de los derechos humanos, y destacó que los allegados a las víctimas han sido privados de justicia por los asesinatos de sus seres queridos. «Sus testimonios son desgarradores», acotó.
Que las personas usen o vendan drogas no quiere decir que pierden sus derechos humanos, estableció y quienes no están de acuerdo con las políticas gubernamentales y las critican, incluso en foros internacionales, no deben ser vilipendiados como simpatizantes del terrorismo, agregó.
Cuestionó que los pueblos indígenas sean víctimas de un tira y afloja entre el Estado, los grupos armados no estatales y los intereses comerciales.
La titular del ACNUR dijo que su oficina en Filipinas, así como su personal en Ginebra, están listos para apoyar a Filipinas, “de manera constructiva y concreta”, en la implementación de las recomendaciones del informe, en un esfuerzo por detener las numerosas y generalizadas violaciones de derechos humanos, y consideró «urgente» abordarla impunidad.
El informe, ordenado por el Consejo de Derechos Humanos, se basa en 893 presentaciones escritas, aportes sustanciales del Gobierno de Filipinas, análisis de legislación, informes policiales, documentos judiciales, videos, fotos y otro material de código abierto, así como entrevistas con víctimas y testigos.
Se debatirá en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en una fecha aún no determinada por las condiciones sanitarias que prevalecen actualmente en Europa.
El documento agrega que se asesina a personas sospechosas de ser traficantes de drogas o a defensores de derechos humanos
El informe señala que muchas de las preocupaciones “son antiguas”, pero se han agudizado en los últimos años, como el “asesinato generalizado y sistemático de miles de presuntos sospechosos de drogas” y numerosos defensores de los derechos humanos también han sido asesinados en los últimos cinco años.
Reconoce recientes avances en los derechos humanos, particularmente en los derechos económicos y sociales, pero el enfoque subyacente de amenazas a la seguridad nacional, reales e infladas, ha dado lugar a graves violaciones de los derechos humanos, reforzadas por la retórica dañina de funcionarios de alto nivel.
El actual Gobierno filipino lanzó su campaña contra las drogas ilegales en 2016, y la cifra oficial de ocho mil 663 personas asesinadas, ha sido triplicada por algunas estimaciones.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también ha documentado que, entre 2015 y 2019, al menos 248 defensores de derechos humanos, profesionales del derecho, periodistas y sindicalistas, han sido asesinados en relación con su trabajo.
Según la ONU, ha habido una “casi impunidad” en estos hechos, con solo una condena por el asesinato de un sospechoso de drogas en una operación policial desde mediados de 2016.
Testigos, familiares, periodistas y abogados entrevistados por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en el país, expresaron temor por su seguridad y una sensación de impotencia en la búsqueda de justicia, lo que resulta en la creación de una situación en la que «los obstáculos prácticos para acceder a la justicia en el país son casi insuperables».
Dado el fracaso de los mecanismos internos para garantizar la rendición de cuentas, el informe de la ONU destacó la necesidad de investigaciones independientes, imparciales y creíbles sobre todas las denuncias de violaciones graves de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Abusos en la lucha contra las drogas
En los documentos oficiales de esta lucha contra las drogas, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU descubrió una preocupante falta de protección al debido proceso y el uso de un lenguaje que llama a la «negación» y la «neutralización» de los sospechosos de drogas.
«Tal lenguaje mal definido y ominoso, junto con el aliento verbal repetido por parte del más alto nivel de funcionarios estatales para usar la fuerza letal, puede haber envalentonado a la policía para tratar la circular como un permiso para matar», alertó el informe.
Las redadas policiales en hogares se realizan sin órdenes de arresto, con «pruebas que pueden haber sido falsificadas”.
Un examen de 25 operaciones en las que 45 personas fueron asesinadas en la zona metropolitana de Manila entre agosto de 2016 y junio de 2017, encontró que «la policía recuperó repetidamente armas con los mismos números de serie de diferentes víctimas en diferentes lugares».
Esto, agregó, sugiere que algunas víctimas estaban desarmadas en el momento de su asesinato. Los arrestos de presuntos delincuentes de drogas también han contribuido a una tasa de congestión de prisión del 534 por ciento, una de las más altas del mundo.
Si bien Filipinas tiene una larga y sólida tradición de defensa y activismo de los derechos humanos, con más de 60 mil organizaciones no gubernamentales (ONG) registradas, los defensores de los derechos humanos han sido objeto de ataques verbales y físicos, amenazas y acoso legal durante casi 20 años, según el informe.
El vilipendio de la disidencia y los ataques contra los críticos, según el informe, se están «institucionalizando y normalizando cada vez más en formas que serán muy difíciles de revertir»; y agregó que el espacio para el debate, el desacuerdo y para desafiar las instituciones y políticas estatales.
Además, el uso de «lenguaje incendiario por parte del gobierno, «podría equivaler a una violación de la prohibición contra la privación arbitraria de la vida en el Artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos», concluyó.
(Notimex)
