El profesor de Economía del IE Business School, Rafael Pampillón, explicó que la medida del gobierno hará que los bancos eviten tener pérdidas por pagar ese impuesto y buscarán compensarlo con ingresos en otros conceptos.
El gobierno aprobó el pasado 8 de noviembre el decreto para que sean los bancos los que paguen el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (mediante acto notarial) y no los ciudadanos en las operaciones hipotecarias.
La medida se tomó después de que dos días antes el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, decidiera que fueran los clientes y no la banca quien pague el impuesto, lo que provocó las críticas unánimes de la clase política y la reacción del gobierno.
La decisión del alto tribunal fue una modificación a su propia sentencia del 18 de octubre, cuando esa misma sala falló que deberían ser los bancos los que deberían pagar el impuesto.
La decisión duró solo 24 horas, pues el mismo tribunal optó por hacer una revisión a profundidad del caso debido “a la enorme repercusión económica y social” generada por un cambio en la doctrina tras 20 años, siendo el cliente el que pagaba ese impuesto.
La polémica generó que el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ofreciera una disculpa por el proceder de este asunto ante la opinión pública, debido a que durante varios días se suspendieron algunas operaciones hipotecarias, principalmente las que estaban siendo objeto de proceso judicial en los juzgados.
En cuanto al impuesto, varía según el monto de la hipoteca y la comunidad autónoma en que está registrada, pero se enmarca en un rango que va de entre 0.5 a 1.5 por ciento del valor total de la misma.
“Me parece que cargar este impuesto sobre los bancos no tiene repercusión económica, porque supongo que el pago de esto ellos lo van a resarcir con subir intereses o comisiones, que es lo que creo que sucederá y lo que dice la teoría económica que va a ser”, indicó Pampillón.
Recordó que los bancos buscarán no tener pérdidas en sus balances y que persiguen siempre un beneficio en sus cuentas “porque funcionan como una empresa normal, que tiene accionistas y en este caso gente que deposita sus ahorros”.
El académico precisó que los bancos tienen opciones para fijar aumentos en los márgenes de comisiones o tasas de interés, y que en casos como este las autoridades supervisoras de la banca cuidarían la forma en que se hace pero sabiendo que el pago del impuesto no debe generar pérdidas a las entidades.
“Cuando el impuesto lo pagaba el cliente, el banco prestaba a interés más bajo, pero ahora que se sabe que lo pagarán los bancos van a tratar de resolverlo con aumento en los intereses y comisiones”, reiteró.
Pampillón abundó que ello podría generar también que haya un menor número de hipotecas que se conceden, pero en ese caso los bancos podrían optar por otras operaciones como compra de acciones, de bonos en el mercado, inmuebles y otras para seguir con la generación de capital.
Consideró que en esta polémica el Tribunal Supremo actuó con sentido común, debido a que la legislación existente no era del todo clara, se prestaba a varias interpretaciones, tal como lo dijeron algunos magistrados.
Asimismo, expuso que se pide que los bancos carguen con esto “porque son los malos de la película, a algunos los rescataron” tras la crisis financiera y eso a pesar de se trata de un impuesto que no se queda la banca, sino que va a la Hacienda de las comunidades autónomas.
La Asociación Española de Banca (AEB) lamentó esta semana en un comunicado que se hable de abusos por parte de los bancos, “cuando el pago del impuesto era para las haciendas territoriales y no respondía a una relación contractual con el cliente”.
Indicó que en un entorno de elevada competitividad en el sector, “cada entidad tomará la decisión que encaje en su estrategia comercial”, aunque “esa libre decisión sea ahora cuestionada públicamente”.
“La rentabilidad no solo es una prioridad para los bancos sino para el conjunto de la sociedad. El desarrollo económico precisa de un sistema financiero fuerte y rentable”, apuntó la AEB.
La agencia de calificación crediticia DBRS emitió este miércoles un informe en que estima en unos 700 millones de euros anuales lo que tendrán que pagar los bancos por ese impuesto y que repercutirá eso en aumento de intereses a los clientes de las hipotecas
Notimex.
