Estados Unidos no tiene justificación para imponer aranceles al acero.- IDIC
Explicó que en primer lugar Estados Unidos tiene un superávit en materia de fundición de acero, productos manufacturados de hierro y acero, y en aluminio y sus manufacturas.
Añadió que de acuerdo con la información del Census Bureau de Estados Unidos, durante 2017 México exportó a Estados Unidos $1,972 millones de dólares clasificados como fundición de hierro y acero, lo que representó sólo el 6.21% del total de importaciones estadounidenses del rubro.
Adicionalmente el saldo comercial con México fue favorable para Estados Unidos en $2,766 millones de dólares.
En aluminio y sus manufacturas Estados Unidos tuvo un superávit con México de $2,810 millones de dólares y con China un déficit de $2,050 millones de dólares.
En segundo término, porque la industria siderúrgica mexicana no recibe beneficios fiscales o de financiamiento por parte del gobierno.
Además, la producción de hierro, acero y aluminio se ha encarecido en México por el incremento en el precio de energéticos, mayores costos de transporte, combustibles, insumos intermedios y maquinaria que se importan para fabricar y más inseguridad.
La presencia de competencia desleal que las empresas de este sector enfrentan por parte de las importaciones provenientes de otros países y ante lo cual no se han instrumentado medidas necesarias y suficientes.
El déficit de Estados Unidos no se genera en la producción y manufactura básica de hierro, acero y aluminio, sino en todos los productos manufacturados en otros sectores industriales. Representa el resultado de haber enviado las cadenas productivas al Este de Asia.
Por lo anterior, añade IDIC, Estados Unidos debe excluir a México de la imposición de aranceles
“De igual forma es indispensable que el gobierno mexicano instrumente una sólida defensa de la industria siderúrgica”.
Como ocurrió en los casos de competencia desleal que se han presentado durante la última década, las empresas nacionales tienen argumentos para mostrar que su producción y exportación no representa un riesgo para Estados Unidos, por el contrario, complementa a la producción de algunas cadenas productivas.
Adicionalmente, hay empresas mexicanas que hicieron inversiones en Estados Unidos que permitieron integrar mejor las cadenas productivas en América del Norte y con ello mantener el empleo de mexicanos y norteamericanos en la fabricación de bienes de hierro y acero, algo que los propios empresarios de Estados Unidos no realizaron.
“Se debe ser claro: los aranceles que Estados Unidos desea imponer en acero y aluminio corresponden a una Guerra Comercial que libra con China, de la cual México debe deslindarse”, señala el Instituto.
Concluye señalando que la Guerra Comercial de Trump ya comenzó, como lo demuestra la salida del TPP, el inicio de la renegociación del TLCAN y la imposición de aranceles fueron parte de dicho proceso.
Ahora falta ver si su planteamiento para el acero y el aluminio se consolidan y extienden a otros productos.
“La ausencia de un posicionamiento de la OMC, la OCDE, el FMI y el Banco Mundial son inquietantes, a final de cuentas Trump atenta contra los preceptos que les dieron origen. ¿Cuál es la razón?”
Para México, señala IDIC, el mensaje es claro. La apertura comercial se modificará, hay una nueva tendencia en la globalización, incierta por su naturaleza.
El combate a la competencia desleal y al incumplimiento de los acuerdos comerciales que no se quiso dar hace unos años hoy es inevitable.
El gobierno mexicano y los propios candidatos a la Primera Magistratura deberán tener un plan contingente para enfrentar la nueva realidad.
“De inicio México debe Fortalecer Productivamente su Mercado Interno, representa la única variable bajo su control. De igual forma, es imperante fortalecer las áreas institucionales encargadas de garantizar una competencia comercial internacional justa”.
Ante la ola proteccionista de China, Estados Unidos y otras naciones, es necesario garantizar el Interés Nacional de México. El tiempo de la mano invisible ha cedido su paso al de una estrecha colaboración del Estado y el sector privado nacional.
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