Extorsión en México opera como un impuesto criminal de hasta 20% para las empresas: Lantia Intelligence
Persisten desapariciones forzadas, robos carreteros y cobro de piso; inseguridad encarece operaciones y frena inversiones, advierte Eduardo Guerrero
Por César Sánchez / Editor ReportAcero
Monterrey.- Aunque México registra una reducción en los homicidios, las desapariciones y la extorsión continúan afectando gravemente a empresas y ciudadanos, advirtió Eduardo Guerrero Gutiérrez, socio director de Lantia Intelligence.
Al participar en el reciente foro IMEF Monterrey, el especialista señaló que, pese a la estrategia nacional contra la extorsión anunciada recientemente por el Gobierno federal, no existen todavía señales claras de que esté generando resultados.
“Tenemos una muy buena reducción de los homicidios, pero el problema es que las desapariciones siguen creciendo y la extorsión permanece prácticamente estable. Estamos hablando de miles y miles de víctimas en todos niveles”, afirmó.
Guerrero indicó que la extorsión suele escalar hacia episodios de violencia extrema.
“Primero te advierten, luego rafaguean la fachada del negocio, incendian una bodega, matan a un empleado y después van por el gerente o el dueño”, explicó.
De acuerdo con el consultor, una de las principales preocupaciones de las empresas es la inseguridad en las carreteras, donde continúan los robos de carga y el secuestro de unidades de transporte, especialmente durante horarios nocturnos.
A ello se suman ataques contra empleados de compañías que se niegan a pagar cuotas a grupos criminales.
“Cuando una empresa no paga, muchas veces los empleados son agredidos como una forma de presión o castigo”, señaló.
El experto también alertó sobre casos de infiltración criminal en corporativos mediante trabajadores que proporcionan información sensible a organizaciones delictivas o facilitan actos de corrupción dentro de las compañías.
Otro foco de preocupación, agregó, es la seguridad de las trabajadoras que se trasladan durante la noche.
“Los empresarios están muy preocupados por el transporte de las mujeres porque muchas veces son víctimas de agresiones sexuales o desapariciones”, dijo.
Ante este escenario, aseguró que el gasto empresarial en seguridad privada, inteligencia y protección ejecutiva ha aumentado significativamente.
Las empresas han tenido que recurrir a vehículos blindados, escoltas, sistemas tecnológicos de vigilancia, controles de confianza para detectar infiltraciones y servicios especializados de inteligencia.
En sectores como el agrícola, particularmente en estados productores de aguacate, berries y mango, los costos de protección son aún mayores.
“Tienen que contratar vigilancia permanente, asesoría de inteligencia y medidas para evitar que grupos criminales entren a las instalaciones o se roben mercancía”, explicó.
Nearshoring bajo presión
Guerrero advirtió que la inseguridad también está afectando las oportunidades derivadas del nearshoring.
Según dijo, algunas empresas extranjeras han decidido abandonar proyectos de inversión o retirarse del país tras enfrentar intentos de extorsión durante sus procesos de instalación.
“No existe una política de acompañamiento empresarial en materia de seguridad. Llegan nuevas empresas y rápidamente aparecen grupos criminales para exigirles un impuesto criminal. Antes de terminar de instalarse, algunas optan por irse”, sostuvo.
El consultor estimó que las organizaciones delictivas pueden llegar a exigir entre 10 y 20 por ciento de los ingresos de una empresa mediante esquemas de cobro de piso.
“Es un impuesto criminal que encarece las operaciones y reduce la competitividad”, afirmó.
Sinaloa y el sureste, focos rojos
Entre las regiones con mayores afectaciones, Guerrero destacó el caso de Sinaloa, donde la violencia ha provocado el cierre o reubicación de empresas.
“En Culiacán la economía local ha sufrido mucho y varias compañías transnacionales han tenido que trasladar operaciones a otros estados”, señaló.
En contraste, indicó que entidades como Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nuevo León y la Ciudad de México continúan siendo vistas como destinos relativamente más seguros para la inversión.
También advirtió un deterioro reciente de las condiciones de seguridad en Veracruz, Tabasco y Campeche, mientras que Quintana Roo enfrenta problemas crecientes relacionados con desapariciones, narcotráfico y crimen organizado.
“Son lugares donde circula mucho dinero y donde los grupos criminales tienen incentivos para operar. No vemos estrategias estatales sólidas que estén conteniendo estos fenómenos”, concluyó.