Consideró que las políticas fiscal y monetaria son fundamentales en el proceso del fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica, además de que contribuyen directamente en el bienestar de los hogares.
No obstante, deben complementarse con un Estado de derecho en el que la corrupción, impunidad e inseguridad no tengan la posibilidad de subsistir ante un estricto cumplimiento de la ley, sostuvo en su publicación semanal “Análisis económico ejecutivo”.
“El trabajo conjunto del sector público y privado debe redundar en un entorno de estímulo a la inversión y generación de empleos, que a final de cuentas responde a las eficientes política públicas instrumentadas por las autoridades”, subrayó.
Refirió que noticias importantes se dieron a conocer durante la semana pasada, las cuales son relevantes para el desempeño de la actividad económica del país en un entorno en el que aún prevalece la incertidumbre externa y una preocupación, pero si bien va moderándose, sobre las presiones inflacionarias y el bajo ritmo de crecimiento que se anticipa, al menos para 2017.
Apuntó que el pasado 28 de marzo el Banco de México (Banxico) transfirió al gobierno federal $321,653,300 millones de pesos por concepto del denominado remanente de operación, cifra que equivale al 1.6% del Producto Interno Bruto (PIB).
El organismo de investigación y análisis del sector privado destacó que estos recursos deberán contribuir de manera importante a reducir la deuda total del sector público, que al cierre del 2016 ascendió a 50.5% del PIB.
Para 2018 se estima que el Saldo Histórico de los Requerimiento Financieros del Sector Público (SHRFSP) –la medida más amplia de la deuda- represente 49.2% del PIB, lo que se complica cuando el efecto de las tasas de interés será importante en el costo financiero y el saldo de la deuda total.
Algunas opiniones, apuntó, consideran que esta mejor situación de la deuda podría incidir positivamente en las evaluaciones de las calificadoras internacionales sobre la deuda soberana de México, las cuales en 2016 cambiaron su perspectiva de estable a negativa.
Refirió que en su reunión de este 30 de marzo, la Junta de Gobierno del Banxico decidió incrementar en 25 puntos base su Tasa de Interés Interbancaria para ubicarla en 6.50%, medida que contribuirá a reducir la inflación, pero también tendrá un efecto en el consumo, aunque aún es prematuro contabilizar su impacto sobre el crecimiento.
En tanto, el 31 de marzo la Secretaría de Hacienda presentó (SHCP) el documento de Pre-Criterios 2018, el cual resalta un escenario macroeconómico más favorable dadas las expectativas de un mejor desempeño de la actividad productiva.
De esta manera, se prevé que el PIB muestre un crecimiento en un rango de entre 2.0 y 3.0%, que contrasta con el esperado para el presente año de entre 1.3 y 2.3 por ciento.
Asimismo, se espera que la inflación retome un comportamiento que la lleve a converger con el objetivo del Banxico de 3.0%, después de las presiones temporales que se esperan para 2017 y que según el pronóstico de Pre-Criterios sería de 4.9 por ciento.
El documento plantea un total de Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) equivalente a 2.5% del PIB, cuatro décimas por debajo de lo que se espera para el presente año.
Consideró que el pronóstico más relevante es un superávit primario de 1.0% del PIB, lo que en términos absolutos equivale a $216,909,800 millones de pesos, y este sería el segundo año con un saldo positivo, tras la expectativa de 0.4% del PIB para 2017.
No obstante, si bien el superávit primario es una buena señal para los mercados y para las calificadoras, cálculos del CEESP indican que para que la deuda se mantenga como proporción de PIB, se requiere de un superávit primario de aproximadamente 1.4% del PIB, lo que sería equivalente a $311,000 millones de pesos, casi $100,000 millones de pesos más que lo previsto.
El documento señala que para cumplir con la trayectoria de consolidación fiscal y regresar al equilibrio presupuestal, en 2018 se requerirá de un ajuste en el gasto programable pagado de $43,800 millones de peso con respecto al
Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, cifra equivalente a 0.2% del PIB.
Para el organismo privado, el ajuste se compara favorablemente con el previsto en el documento publicado en 2016, por $297,300 millones de pesos o 1.5% del PIB, así como el anticipado en el documento de 2015, por $249,400 millones de pesos o 1.3% del PIB, estimaciones que no consideran el uso de ingresos no recurrentes.
Aunque es cierto que este ajuste requerido al gasto es pequeño en comparación con los anteriores, prevalece la incertidumbre de que se concrete, pues los resultado publicados por la Secretaría de Hacienda para 2015 y 2016 no dan señales de haberse llevado a cabo ningún recorte al gasto, y de hecho en los últimos dos años se observó un sobregasto importante, expuso el CEESP. (Notimex)
