Según el fiscal Jorge Ricardo Sarmiento, encargado de la investigación del llamado «holocausto» del Palacio de Justicia, uno de los episodios más impactantes de la historia de Colombia, sus conclusiones se basaron en los avances científicos y en los nuevos equipos tecnológicos de secuenciación de material genético.
Los hallazgos que Medicina Legal junto con la Fiscalía han alcanzado en los últimos cinco años nos permiten afirmar que no fueron desapariciones forzadas, sino que fueron casos de malas identificaciones o cuerpos mezclados, subrayó.
Explicó que 11 personas reportadas como desaparecidas aquel 6 y 7 de noviembre de 1985 cuando el ex grupo armado M-19 tomó por la fuerza el Palacio de Justicia, realmente fueron mal identificadas o entregadas equivocadamente a sus familiares.
“Esto no lo dice Jorge Sarmiento o la Fiscalía, lo dicen los informes científicos. Queremos aportar a la verdad y afianzar las investigaciones», insistió el fiscal, citado por el diario colombiano El Nuevo Siglo.
El informe de la Fiscalía de Colombia será presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que realiza su 62 período extraordinario de sesiones hasta el 6 de septiembre en Barranquilla.
Jairo Humberto Aróstegui, otro de los fiscales investigadores del caso, también indicó que hubo muchas confusiones en el manejo de los restos y que algunos de esos desaparecidos han sido encontrados en fosas comunes o en cementerios enterrados con el nombre de otras personas.
«56 cuerpos fueron a parar a cementerios de diferentes partes del país y 38 fueron a parar a la fosa común del cementerio del sur de Bogotá. En la mayoría de los casos hemos encontrado cuerpos que fueron entregados en los cementerios, pero con otros nombres”, sostuvo.
La directora del Instituto Nacional de Medicina Legal, Adriana García, justificó los errores técnicos cometidos en la época por no contar con las herramientas adecuadas con las que se cuentan hoy para identificar los cadáveres.
En esa época “hacíamos identificaciones con huellas dactilares, pero no todos los cuerpos tenían huellas dactilares, entonces algunas identificaciones fueron orientadas con elementos, pertenencias, objetos, que no son una identificación fehaciente”.
La toma del Palacio de Justicia, situado en el costado norte de la Plaza de Bolívar, comenzó el 6 de noviembre de 1985 cuando guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) irrumpieron en el edificio y tomaron como rehenes a casi 300 personas, entre ellas los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.
Un día después el Ejército retomó el edificio durante una sangrienta operación, que dejó 94 muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, decenas de heridos y 11 desaparecidos, en su mayoría empleados de la cafetería y visitantes.
La CIDH, con sede en San José de Costa Rica, declaró en 2014 responsable al Estado colombiano por «ciertas violaciones de derechos humanos» en los trágicos hechos de la toma del Palacio.
(Notimex)
