7 de Abr 2020.- La falta de candados específicos para el Fondo de Prevención, Atención y Control del COVID-19 que se le aprobó al Gobierno de Nuevo León el jueves pasado, continúa provocando opiniones encontradas entre diputados locales.
En un primer término el coordinador de la fracción legislativa de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, consideró que se le dio al Gobierno “un cheque en blanco”, ya que no se le impusieron reglas ni candados específicos a la operación de estos recursos.
Desde la perspectiva del diputado local, al aprobarle al Gobierno que pudiera mover más del 10% de las partidas presupuestales y no aclarar en el decreto que ese recurso debe ir obligatoriamente a un fideicomiso antes de ser gastado, es permitir el uso indiscriminado de los recursos.
“Estamos conscientes y muy de acuerdo con que se integre un fondo con este propósito, lo que nos preocupa es que este fondo se integre de la manera correcta, con las reglas de operación adecuadas, y con los suficientes mecanismos de rendición de cuentas y transparencia”, comentó Colosio.
“Al Integrar el fideicomiso en la reforma, hubieras garantizado la transparencia y la fiscalización de los recursos, sabemos que hay cosas que se tienen que hacer de manera apresurada, pero eso no quiere decir que se le de un cheque en blanco y que se haga sin ningún tipo de mecanismo de transparencia”, agregó.
Esta opinión no es compartida por otros coordinadores de bancadas en el Congreso de Nuevo León, quienes consideraron que al ser recursos asignados al Gobierno desde principios del 2020, y no recursos extraordinarios, los mecanismos de transparencia ya están estipulados en la ley.
El líder de Morena en el Congreso local, Ramiro González, consideró que se esta haciendo polémica innecesaria en un tema que ya está reglamentado y marcado en ley, sobre cómo se debe proceder en la rendición de cuentas.
“A ver, esta discusión ya es innecesaria, no le estamos dando recursos nuevos que no estén contemplados en la ley, es desafectar los recursos autorizados para ciertos rubros y que tengan la posibilidad el Ejecutivo y los municipios de destinarlos a atender esta emergencia”, señaló el morenista.
“Cada quien tiene la responsabilidad de esos recursos, tanto el Ejecutivo, como los alcaldes, deben aplicarlos con transparencia y con las medidas de las leyes de coordinación hacendaria, y el grupo legislativo de Morena les pedirá cada trimestre un informe de la aplicación de estos recursos”, indicó.
Francisco Cienfuegos, coordinador del PRI, comentó que “lo que hicimos fue permitir flexibilidad financiera al Gobierno, con los mismos recursos que ya tiene asignados, las leyes de rendición de cuentas y transparencia gubernamental son muy claras”.
“El Ejecutivo esta obligado a enviarnos un reporte trimestral, en el que el Ejecutivo detalle el uso de los recursos públicos, se envía a la Auditoria, quien determinará si hay uso indebido o no, esto no se trata de ningún cheque en blanco”.
Carlos de la Fuente, líder de los panistas, consideró que no era necesaria una doble regulación, ya que la Ley de Transparencia contempla mecanismos de rendición de cuentas.
“Establecimos que se tiene que cumplir con la Ley de Transparencia y Fiscalización del Estado no veo que se requiera una sobre regulación, cuando ya esta estipulado actualmente”, señaló.
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