La medida, una promesa de campaña electoral del año pasado por el entonces candidato presidencial Emmanuel Macron, fue confirmada esta semana por el primer ministro francés, Edouard Philippe, y por el ministro del Presupuesto, Gerald Darmanin.
“Habrá supresiones de puestos (de trabajo) en algunos sectores”, anunció Darmanin el jueves durante una rueda de prensa en la que reiteró las intenciones del Ejecutivo.
El Gobierno propondrá también planes de salidas voluntarias a algunos trabajadores que podrían jubilarse antes de lo previsto, o recibir importantes indemnizaciones monetarias del Estado para dejar sus puestos.
“Es una aberración gastar dinero del Estado para echar a funcionarios, se pueden gestionar mejor las finanzas públicas”, criticó Baptiste Talbot, secretario general de la Confederación General de Trabajadores (CGT).
Los sindicatos de los servidores públicos amenazan con una oleada de manifestaciones si los planes del Gobierno se llevan a cabo.
La medida también contempla remunerar a los funcionarios de acuerdo con sus méritos y contratar a servidores públicos por periodos cortos.
El objetivo es bajar tres puntos del gasto total de las administraciones públicas francesas entre 2018 y 2020.
Datos oficiales mostraron que las distintas administraciones de Francia, país que tiene 66 millones de habitantes, cuentan con un total de 5.4 millones de funcionarios contratados.
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